Hay alternativas
Propuestas para crear empleo y bienestar
social en España
A todas las personas, y especialmente a las más
jóvenes,
que a partir del 15M han salido a las calles
para rechazar las políticas neoliberales que recortan
los
derechos sociales y para reclamar otras medidas
alternativas
y más justas para salir de la crisis.
VICENÇ NAVARRO
(www.vnavarro.org; Twitter:
@VicencNavarro) politólogo y economista, es catedrático de Ciencias Políticas y
Políticas Públicas de la
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y ha sido catedrático
de Economía Aplicada de la
Universidad de Barcelona y de la Complutense de Madrid.
Exilado por motivos políticos es y ha sido Profesor de Políticas Públicas de la The Johns Hopkins
University de EEUU durante 40 años. Autor de veintiocho libros traducidos a
varios idiomas, es uno de los científicos sociales españoles más citados en la
literatura científica internacional.
JUAN TORRES LÓPEZ
(www.juantorreslopez.com; Twitter:
@juantorreslopez) es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de
Sevilla. Ha ocupado diversos cargos de responsabilidad académica y ha sido
secretario general de Universidades e Investigación de la Junta de Andalucía. Autor de
numerosos artículos científicos y de divulgación económica y de una veintena de
libros, además de dirigir o participar en numerosas obras colectivas como el
best seller Reacciona.
ALBERTO GARZÓN ESPINOSA
(www.agarzon.net; Twitter: @agarzon) es
licenciado en Economía y diplomado en Administración de Empresas y Máster en
Desarrollo Económico; actualmente realiza su tesis doctoral sobre modelos de
desigualdad y crecimiento. Coordina la revista digital Economía Crítica y Crítica de la Economía,
fundada en el seno del movimiento de jóvenes economistas críticos en España.
***
Índice
Prólogo de Noam Chomsky
Introducción
I. Las causas
de la crisis mundial
II. Las
singularidades de la crisis española
III. Lo que
hay que solucionar: agenda para una economía más justa y eficiente
IV. Las condiciones
para crear empleo decente
V. La
hipoteca del déficit social
VI. ¿Bajar
los salarios o subirlos para crear empleo y recuperar la economía?
VII. La
financiación de otro modelo de actividad económica
VIII. Otra
Europa, otro mundo
IX. La
economía al servicio de las personas y en armonía con la naturaleza
X. 115 propuestas concretas
***
Prólogo
En 1978 el
presidente del sindicato más poderoso de Estados Unidos, Douglas Fraser, de la
federación de los trabajadores de la industria del automóvil United Auto
Workers (UAW) condenó a los "dirigentes de la comunidad empresarial"
por haber "escogido seguir en tal país la vía de la guerra de clases (class
war) unilateral, una guerra de clases en contra de la clase trabajadora, de
los desempleados, de los pobres, de las minorías, de los jóvenes y de los
ancianos, e incluso de los sectores de las clases medias de nuestra
sociedad". Fraser también los condenó por haber "roto y descartado el
frágil pacto no escrito entre el mundo empresarial y el mundo del trabajo, que
había existido previamente durante el periodo de crecimiento y progreso"
en el periodo posterior a la
Segunda Guerra Mundial conocido comúnmente como la "edad
dorada" del capitalismo (de Estado).
El reconocimiento
de la realidad por parte de Fraser fue acertado aunque tardío. Lo cierto es que
los dirigentes empresariales y sus asociados en otros sectores de las élites
dominantes estaban constantemente dedicados a una siempre presente guerra de clases,
que se convirtió en unilateral, sólo en una dirección, cuando sus víctimas
abandonaron tal lucha.
Mientras Fraser se lamentaba el conflicto de clases se iba
recrudeciendo, y desde entonces ha ido alcanzando unos enormes niveles de
crueldad y salvajismo en Estados Unidos que, al ser el país más rico y poderoso
del mundo y con mayor poder hegemónico desde la Segunda Guerra
Mundial, se ha convertido en una ilustración significativa de una tendencia
global.
Durante los
últimos treinta años el crecimiento económico ha continuado aunque no al nivel
de la "edad dorada", pero para la gran mayoría de la población la
renta disponible ha permanecido estancada mientras que la riqueza se ha ido
concentrando, a un nivel abrumador, en una facción del 1 por ciento de la
población, la mayoría de los ejecutivos de las grandes corporaciones, de
empresas financieras y de alto riesgo, y sus asociados. Este fenómeno se ha ido
repitiendo de una manera u otra a nivel mundial. China, por ejemplo, tiene una
de las desigualdades más acentuadas del mundo.
Se habla mucho,
hoy en día, de que por el hecho de que "Estados Unidos esté en
declive" hay un cambio en las relaciones de poder a nivel global. Esto es
parcialmente cierto, aunque no significa que otros poderes no puedan asumir el
rol y la supremacía que ahora tiene Estados Unidos.
El mundo se está
convirtiendo así en un lugar más diverso en algunos aspectos, pero más uniforme
en otros. Pero en todos ellos existe un cambio real de poder: hay un
desplazamiento del poder del pueblo trabajador de las distintas partes del
mundo hacia una enorme concentración de poder y riqueza. La literatura
económica del mundo empresarial y las consultorías a los inversores súper ricos
señalan que el sistema mundial se está dividiendo en dos bloques: la
plutocracia, un grupo muy importante, con enormes riquezas, y el resto, en una
sociedad global en la cual el crecimiento que en una gran parte es destructivo
y está muy desperdiciado, beneficia a una minoría de personas
extraordinariamente ricas, que dirigen el consumo de tales recursos. Y por otra
parte existen los "no ricos", la enorme mayoría, referida en
ocasiones como el "precariado" global, la fuerza laboral que vive de
manera precaria, entre la que se incluye mil millones de personas que casi no
alcanzan a sobrevivir.
Estos desarrollos
no se deben a leyes de la naturaleza o a leyes económicas o a otras fuerzas
impersonales, sino al resultado de decisiones específicas dentro de estructuras
institucionales que los favorecen. Esto continuará, a no ser que estas
decisiones y planes se reviertan mediante acción y movilizaciones populares con
compromisos dedicados a programas que abarquen desde remedios factibles a corto
plazo hasta otras propuestas a más largo plazo que cuestionen la autoridad
ilegítima y las instituciones opresivas entre las que reside el poder. Es
importante, por lo tanto, acentuar que hay alternativas.
Las movilizaciones
del 15M son una ilustración
inspiradora que muestra qué es lo que puede y debe hacerse para no continuar la
marcha que nos está llevando a un abismo, a un mundo que debería horrorizar a
todas las personas decentes, que será incluso más opresivo que la realidad
existente hoy en día.
NOAM CHOMSKY
Boston, agosto 2011
***
Introducción
Semanas antes de
que termináramos de escribir este libro el presidente de la Comisión Europea,
José Manuel Durão Barroso, afirmaba refiriéndose a la situación en la que se
encontraba Grecia: "No hay alternativas ni plan B para Grecia. La
alternativa es la catástrofe".
Siempre dicen lo
mismo: sólo se puede hacer lo que digan quienes están en el poder. Y cuando también
insisten tanto en que la alternativa es el desastre, la catástrofe, como dice
Barroso, ¿a quién puede extrañar que la gente normal y corriente, que se
informa leyendo sus diarios o viendo los telediarios en sus televisores,
termine sintiendo miedo y acepte sin rechistar esa "única"
alternativa?
Una única
alternativa que siempre viene a ser lo mismo: recortar salarios (directos,
indirectos en forma de gasto social o diferidos como pensiones). Cuando la
economía va bien, diciendo que es para que no vaya mal y, cuando va mal, para
que vaya bien.
Los autores de
este libro, como otros muchos científicos, sabemos que los argumentos que los
políticos y los economistas neoliberales dan para justificar lo que proponen
son falsos.
Sabemos que hay
alternativas, que se pueden hacer otras cosas distintas a las que proponen la
patronal, los banqueros, los directivos de los bancos centrales y los políticos
que comparten con ellos la ideología neoliberal.
Lo sabemos
sencillamente porque leemos, porque no recurrimos sólo a las investigaciones de
quienes se dedican a reforzar el pensamiento dominante sin tener en cuenta los
trabajos científicos que demuestran lo contrario. Por eso sabemos que se puede
crear empleo impulsando la actividad económica y no frenándola, como quieren
hacer los neoliberales. Por eso sabemos que para hacer frente a la deuda
pública es mejor proporcionar a los países capacidad para generar ingresos
propios y no quitársela porque entonces lo que se producirá será más deuda,
como ha pasado siempre y como va a ocurrir en Europa con las medidas
neoliberales que se están aplicando.
Nosotros sabemos
que hay alternativas, es decir, que se pueden hacer otro tipo de políticas
simplemente porque eso es lo que demuestra la literatura científica, por mucho
que se quiera ocultar por parte de los neoliberales.
Y sabemos también
que las medidas que proponemos pueden ser más exitosas que las que proponen los
neoliberales, en primer lugar porque el éxito de estas últimas es
evidente si tenemos en cuenta la crisis a la que nos ha llevado su aplicación
en los últimos años, o el tremendo nivel de insatisfacción que hay en España,
donde nada menos que el 78 por ciento de la población no está de acuerdo con
las políticas de austeridad; en la Unión Europea, donde el 68 por ciento de la
población no está satisfecha con la manera como se está construyendo esta
institución, y muestra también desacuerdo con las políticas que se están
llevando a cabo; y en el mundo, donde el 50 por ciento de los trabajadores gana
menos de 2 dólares y no tiene ningún tipo de contrato ni de protección social,
en donde hay 1.100 millones de hambrientos y casi 2.000 millones en situación
de extrema pobreza.
Y en segundo lugar
porque es fácil comprobar que las propuestas que hacen los neoliberales no
responden a verdades científicas o evidencias empíricas sino a creencias
puramente ideológicas que, en muchas ocasiones, incluso chocan, como veremos,
con el sentido común más elemental.
Si fuera verdad
que las medidas neoliberales consiguen realmente lo que dicen que van a
conseguir, se permitiría su discusión abierta y plural porque sus defensores
podrían demostrar de forma fehaciente que bajar salarios o reducir el gasto
social aumenta el empleo, o que privatizar las pensiones o los servicios
públicos aumenta su cobertura y calidad, como dicen.
Lo que hacen, sin
embargo, es imponerlas sin respetar las preferencias sociales, sin que haya un
auténtico debate democrático sobre ellas. Evitan el debate y las imponen como
si fueran directrices técnicas inapelables porque saben que no es cierto lo que
mantienen, que nada de lo que afirman se puede demostrar. La realidad muestra
sin ningún tipo de dudas que cuando se han aplicado las medidas que ahora nos
están proponiendo siempre ha bajado la calidad de vida, del trabajo y la
cantidad de empleo existente y que sólo han mejorado los beneficios de los
banqueros y de las grandes empresas.
Y todo esto es lo
que hemos querido desvelar con este libro a nuestros lectores.
Lo escribimos,
pues, con el propósito de divulgar la falsedad en que se basa esa idea tan
difundida de que no hay alternativas, para demostrar que sí las hay y que,
además, son más eficaces para salir de la situación en la que nos encontramos,
para crear empleo decente y estable y para generar bienestar social. Y, por
supuesto, mucho más justas y humanamente satisfactorias.
No hemos
pretendido hacer un libro académico, razón por la que sólo hemos aportado las
referencias bibliográficas esenciales y no nos hemos extendido en los razonamientos
y las demostraciones más complejas, pero los lectores y las lectoras que estén
interesados en profundizar más en los temas que abordamos aquí no tendrán
muchas dificultades para encontrar multitud de trabajos que confirman nuestras
tesis a poco que se esfuercen por ir más allá del pensamiento ortodoxo que
tanto abunda. Tampoco es, ni pretende serlo, un prontuario de soluciones o un
programa político aunque lo hemos querido concluir con propuestas concretas
para demostrar que no estamos hablando simplemente de generalidades, sino que
hacemos un análisis del que se derivan opciones políticas que tenemos al
alcance de nuestra mano si la ciudadanía se empeña en que medidas como las que
proponemos se pongan en marcha.
En suma, el libro
es el resultado de nuestro deseo de satisfacer una demanda muchas veces sentida
cuando hemos dado en los últimos tiempos docenas de charlas, seminarios o
conferencias tratando de aclarar lo que estaba pasando y de aportar soluciones,
sobre todo a personas que nos escuchaban sin tener formación económica alguna.
Por eso hemos procurado escribirlo, incluso cuando se refería a asuntos ásperos
y complicados, con la mayor sencillez y claridad para que los pueda entender
todo el mundo (algo muy despreciado, por cierto, por muchos economistas
neoliberales que parecen creer que hay más rigor científico cuanto más
ininteligible es el lenguaje que se utiliza). Y finalmente nos satisface
reconocer que este libro se escribe pensando de forma particular en esos miles
de personas a quienes se lo hemos dedicado, a quienes desde el 15M han salido a
la calle reclamando un debate realmente democrático sobre la crisis y sobre las
soluciones más justas que se le pueden dar. Pero también a quienes, sin haber
salido a las calles, sabemos que ven con simpatía lo que está ocurriendo porque
también comparten el ideal de justicia de "los indignados" y porque
-aunque todavía no hayan ido a ninguna manifestación- saben que crear más
desempleo y pobreza, bajar cada vez más los sueldos, los salarios y las
pensiones, permitir que miles de familias pierdan sus viviendas, dejar sin
financiación y sin clientes a las pequeñas y medianas empresas o a los
trabajadores autónomos, o destrozar el medio ambiente... no se puede considerar
de ningún modo que sea una verdadera solución de los problemas económicos. Y
que, en consecuencia, saben que es necesario poner en marcha otras políticas
alternativas.
VICENÇ NAVARRO,
JUAN TORRES LÓPEZ
y ALBERTO GARZÓN ESPINOSA
Barcelona y Sevilla, julio de 2011
***
I
Las
causas de la crisis mundial
Para tratar de
resolver cualquier tipo de problema hay que empezar por conocer las causas que
lo han provocado. Hacer un buen diagnóstico de los males que aquejan a un
paciente es el primer paso para sanarlo, e igualmente ocurre en el campo
económico.
Los que afectan en
estos momentos al que pretendemos explorar, la economía española, son fáciles
de detectar y en realidad comunes a los que han sufrido o sufren otros muchos
países como consecuencia de la crisis: un incremento extraordinario del número
de personas en paro, el hundimiento de sectores enteros de la economía, la
quiebra de miles de empresas o gobiernos que se han tenido que endeudar hasta
niveles muy preocupantes para tratar de aliviar todo eso, entre otros.
Éstos son los
problemas que tenemos que resolver pero para conseguirlo lo más importante es
conocer bien sus causas.
La gran recesión
A estas alturas
casi todo el mundo sabe que la causa más inmediata de todo ello fue que bancos
estadounidenses difundieron por todo el sistema financiero internacional, como
una inversión muy atractiva y rentable, miles de productos financieros
derivados de contratos hipotecarios que, cuando la economía se empezó a venir
abajo, resultaron ser en realidad simple basura financiera que hizo quebrar a
los bancos y a los inversores que los habían adquirido.
Cuando eso
ocurrió, los bancos dejaron de conceder créditos y enseguida las empresas y los
consumidores que dependen de esa financiación no pudieron seguir produciendo o
comprando, lo que provocó una gran caída de la actividad económica y el aumento
del paro, lo cual llegó a ser calificado como la Gran Recesión.
Los gobiernos
inyectaron entonces miles de millones para salvar a los bancos creyendo que así
se lograría que volvieran a dar crédito y llevaron a cabo planes de gasto
multimillonarios para evitar que no cayera más el empleo y que no se siguieran
cerrando empresas.
Pero bien porque
fuese insuficiente, bien porque los bancos utilizaron el dinero para otra cosa,
lo veremos enseguida, lo cierto es que lo único que se consiguió con ello fue
aliviar o frenar un poco la parálisis económica que se había provocado pero no
resolver completamente la situación.
El resultado fue
que al disminuir la actividad cayó la recaudación de ingresos y que el gasto de
los gobiernos se multiplicó, así que los déficits se dispararon y la deuda
subió de forma acelerada. Los bancos que habían provocado la crisis
aprovecharon la necesidad de financiación de los gobiernos y entonces sí les
prestaron grandes cantidades, aunque a costa de imponerles condiciones
draconianas a través de reformas muy profundas basadas, sobre todo, en recortar
el gasto social y los salarios para que la mayor parte posible de los recursos
se dirigiera a retribuirles a ellos. Y con menos gasto, es decir, con menos
capacidad de compra, las empresas volvieron a resentirse y su actividad de
nuevo se vino abajo, lo que empeoró el empleo y llevó a economías como las de
Grecia, Irlanda o Portugal a una situación mucho peor.
LA MENTIRA DE LOS
"BROTES VERDES"
La sucesión de
medidas equivocadas por parte de los gobiernos o, en realidad, de medidas
dirigidas principalmente a que los bancos se recuperaran sin modificar las
reglas de juego que habían dado lugar a la crisis es lo que ha llevado a que
ahora, algo más de tres años después de que la crisis de las hipotecas basura
se iniciara, no haya seguridad de haberla superado a pesar de que hace meses
todos los gobiernos engañaban a su población diciendo que aparecían
"brotes verdes" y que la crisis se aproximaba a su fin.
La realidad, como
muchos economistas habíamos advertido, es que ni mucho menos estábamos en esa
feliz situación. Al revés, puesto que no se habían querido poner sobre la mesa
de operaciones las causas reales de la crisis y, por tanto, tomar medidas que
le hicieran frente, lo normal era que el enfermo siguiera padeciendo los males
que sufría desde el principio, e incluso en algunos países, agravados.
Así, muchos
países, empezando por el todopoderoso Estados Unidos, tienen ahora, además de
los problemas originales que dieron lugar a la crisis, otros muy graves como
resultado de la deuda que han generado. En el momento de escribir estas líneas
algunos, como Grecia, están siendo literalmente saqueados y han tenido que
poner a la venta sus riquezas más preciadas; otros, como Irlanda y Portugal,
han sido intervenidos, y España o Italia se encuentran bajo la amenaza y la extorsión
constantes de los "mercados", sufriendo lo que nada más y nada menos
que el presidente de la Junta
de Andalucía calificó hace unos meses como "terrorismo financiero".
CAUSAS SUPERFICIALES Y CAUSAS DE FONDO DE LA CRISIS
Esta historia es
ya bastante bien conocida pero es insuficiente si se quiere actuar con eficacia
para resolver todos los problemas que se han generado. No basta con conocer las
causas más inmediatas de la crisis (los problemas financieros que la
originaron) sino que hay que poner también en claro las circunstancias
estructurales que dieron lugar a que estas últimas aparecieran.
Hay bastante
consenso sobre la naturaleza de la crisis financiera como resultado del
comportamiento irresponsable de los bancos que creó un problema económico grave
al provocar el caos financiero y paralizar la economía como consecuencia de la
falta de crédito y, más tarde, el de la deuda pública.
Pero hay que tener
en cuenta también el más importante problema de la deuda privada, de las
familias y de las empresas, como resultado del descenso de la capacidad
adquisitiva de la población a consecuencia de las políticas neoliberales
(llevadas a cabo desde la época iniciada por el presidente Reagan en Estados
Unidos y la señora Thatcher en Gran Bretaña) que causaron un descenso
continuado de las rentas del trabajo.
Estas políticas,
que en Europa se intensificaron con el fin de instaurar el euro, llevaron a
crear un enorme problema de falta de demanda que se resolvió primordialmente
con la disponibilidad del crédito y a que las rentas del capital se invirtieran
de forma preferente en las actividades especulativas en lugar de en la economía
productiva.
Aunque en este
libro no podemos hacerlo con mucho detalle, para poder plantear soluciones de
verdad a la crisis es imprescindible que aclaremos, aunque sea muy breve y
superficialmente, todas las causas que desde hace casi treinta años vienen
creando la situación económica, política y social en la que estamos y que hace
inevitable que se produzcan crisis como la que estamos sufriendo.1
LA DEBACLE
FINANCIERA
A lo largo de la
década de 1990 la masa salarial venía bajando en Estados Unidos a pesar del
aumento de la población activa y eso estaba creando un problema grave de escasa
demanda que se hizo especialmente peligroso después de los atentados de
septiembre de 2001. La reducción de la masa salarial como porcentaje de la
renta nacional (y ello a pesar del crecimiento de la población activa) estaba
creando un problema grave de escasa demanda, resultado de la disminución de la
capacidad adquisitiva de la población. Las autoridades económicas de Estados
Unidos pusieron en marcha una política de tipos de interés bajos para tratar de
apoyar a la actividad económica y proporcionaron incentivos para que los bancos
dieran préstamos hipotecarios con mayor facilidad, lo que favoreció el acceso a
la financiación externa que hizo que el negocio inmobiliario comenzara a
crecer. Los hogares se endeudaban para comprar sus primeras o segundas
viviendas y, por tanto, los precios comenzaron a subir.
Se formó entonces
lo que se conoce como una "burbuja", en este caso inmobiliaria. Es
decir, una situación en la que los compradores creen que los precios de algún
producto van a subir indefinidamente y que, por tanto, será muy rentable comprar
pensando sólo en vender con mayor o menor rapidez. Por otra parte se crearon
incentivos dentro del sistema bancario que optimizaron el número de hipotecas
independientemente de su calidad.
LA ESTAFA DE LAS HIPOTECAS
BASURA
El afán de ganar
cada vez más dinero ofreciendo créditos por doquier llevó a los bancos a
ofertar las llamadas hipotecas subprime, que eran las que destinaban a
gente poco solvente o con pocos recursos económicos y que, por tanto, tenían
mucho más riesgo de impago. En Estados Unidos se popularizaron los llamados
préstamos NINJA, que corresponden a las iniciales de "No Income, No Job,
No Asset" (sin ingresos, sin trabajo y sin patrimonio), que eran mucho más
arriesgados, pero también más rentables para los bancos por los tipos más altos
que había que pagar por ellas.
Pero los bancos
ofrecían tantos créditos que empezaban a encontrarse sin liquidez para seguir
dándolos y entonces recurrieron a un procedimiento que ya se había utilizado
antes aunque no en tan gran medida como se iba a utilizar entonces: la
titulización de los activos.2
Mediante este
proceso el banco vende el derecho que lleva consigo el contrato de préstamo, el
papel, a una entidad (normalmente un fondo de inversión) denominada
"vehículo" (en general creada por los mismos bancos). De esa forma
sale papel de su balance y entra liquidez (dinero contante y sonante que ya
puede utilizar para seguir dando más créditos) y, además, transfiere el riesgo
desde dentro hacia fuera de su balance.
Enseguida la
entidad vehículo hace lo mismo: emite unos nuevos títulos (los mismos papeles
que había comprado a los bancos con otros nombres) que vende a nuevos
inversores. Éstos suelen ser los grandes especuladores, los llamados inversores
institucionales (bancos, compañías de seguros, fondos de pensiones, fondos de
inversiones, hedge funds 3...), que se dedican a comprar y vender papel
permanentemente, aprovechándose de las variaciones en su precio que a veces
provocan ellos mismos.
Y así se
difundieron las hipotecas iniciales en forma de productos financieros derivados
de ellas por todo el sistema financiero internacional.4
Pues bien, como
las hipotecas que iban concediendo los bancos estadounidenses eran cada vez más
arriesgadas y peligrosas trataron de disimular el peligro que realmente
conllevaban. Para ello inventaron unos "paquetes" en donde incluían
hipotecas buenas (prime) y otras malas (subprime) y en donde
además empezaron a mezclar activos de diferente tipo: préstamos hipotecarios,
préstamos para el consumo de coches, préstamos para estudiantes, etcétera. E
incluso inventaron paquetes que contenían otros paquetes en su interior, de
modo que al final nadie sabía el producto financiero que en realidad estaba
comprando. Y los directores de sucursales bancarias de todo el mundo se los
"colocaban" a sus clientes sin que ni siquiera ellos mismos supieran
lo que les vendían.
Todo esto empezaba
a ser una estafa y había que disimularla bien. Para ello los bancos
convencieron a las autoridades para que relajaran la supervisión y, sobre todo,
recurrieron a las llamadas agencias de calificación, que son entidades privadas
contratadas por las mismas entidades bancarias emisoras de títulos para que
valoren la calidad de sus emisiones.
Para apoyar el
negocio fraudulento de sus clientes, las agencias no dudaron en calificar como
de gran calidad financiera las hipotecas que ponían en circulación y eso
permitió que cientos de bancos y millones de personas invirtieran en ellas o en
sus productos derivados creyendo que efectivamente se trataba de una inversión
segura.
EL DERRUMBE
Durante muchos
años estos mecanismos financieros permitieron a los bancos tener espectaculares
beneficios que repartían entre sus accionistas privados, pero la fiesta acabó
cuando cambió la situación. La Reserva Federal de Estados Unidos subió los
tipos, las expectativas sobre subsiguientes subidas de precios en el mercado
inmobiliario se vinieron abajo, la actividad en la construcción se frenó... y
la consecuencia de todo ello fue que millones de trabajadores quedaron sin
empleo y que empezaron a dejar de pagar las hipotecas o préstamos que tenían
suscritos con los bancos.
Cuando esto último
sucedía, los productos financieros derivados de las hipotecas individuales
titulizadas o de los paquetes que se habían distribuido como si fueran quesos
en porciones por todo el mundo perdían de inmediato su valor porque sus activos
originales (las hipotecas que se encontraban en la base de la pirámide) dejaban
de proporcionar los flujos de dinero esperados cuando las familias dejaban de
pagarlas.
Las entidades que
habían participado en este esquema financiero comenzaron a tener pérdidas e,
incluso, a declararse en bancarrota.
Además, con la
explosión de la burbuja, la cartera inmobiliaria de los bancos comenzó a perder
valor mientras que las deudas que habían contraído permanecían intactas. Y para
colmo los bancos se vieron obligados a asumir las obligaciones de las
"entidades vehículo" para evitar que quebraran porque ya no eran
capaces de vender los títulos de los que disponían, puesto que los inversores
cuestionaban su calidad y empezaban a tener serias dificultades para afrontar
sus deudas.
Los bancos
comenzaron a registrar pérdidas multimillonarias y se inició una auténtica
debacle financiera.
Inicialmente fueron
los bancos estadounidenses los que empezaron a sufrir pérdidas gigantescas y
quiebras, pero el proceso se extendió con rapidez por todo el mundo porque las
finanzas internacionales son en realidad el único aspecto de la vida económica
que está completamente globalizado. Los productos derivados de las iniciales
hipotecas basura (aunque en realidad los inversores no sabían lo que había en
el fondo de los
papeles que compraban y vendían) se habían difundido por
las sucursales bancarias de todo el mundo y ahora esas inversiones empezaban a
no valer nada.
LA CRISIS DE LA ECONOMÍA GLOBAL
Y SUS DAÑOS COLATERALES
Cuando todo esto
sucedió, los bancos empezaron a dejar de darse crédito entre ellos, bien porque
se quedaron sin capital, bien porque desconfiaban unos de otros. Enseguida
dejaron de darlo también a empresarios y consumidores, y eso fue lo que provocó
sin remedio un auténtico desastre en las economías.
Hoy día es
imposible que un empresario pueda aguantar unas semanas o meses sin
financiación ajena o que los consumidores gasten en bienes y servicios
duraderos sin recurrir al crédito. Y por eso la carencia de financiación que se
fue generalizando hundió sin remedio los mercados, paralizó casi por completo a
millones de empresas que tuvieron que despedir a trabajadores y dio lugar a que
los hogares redujeran el gasto en consumo, que es al fin y al cabo de lo que
viven las empresas.
Al principio había
habido una crisis hipotecaria en Estados Unidos, pero enseguida se hizo
financiera y global y a continuación una crisis de la actividad económica real,
no sólo de la banca o los grandes inversores financieros. Y ésa fue la causa de
la recesión económica que sufrieron casi todas las economías del mundo.
Para colmo esta
recesión vino acompañada de otras secuelas muy graves a medida que avanzaba.
Cuando los
mercados financieros y el inmobiliario comenzaron a dar muestras de flaqueza y
la inversión se hacía allí excesivamente peligrosa, los capitales especulativos
(que no pueden parar ni dejar de ganar dinero ni por un minuto porque les pasa
lo que a los ciclistas, que si se paran se caen) cambiaron de destino: de las
hipotecas y productos financieros derivados de los inmobiliarios pasaron a los
del petróleo y de productos alimenticios.
Y lo mismo que
antes hicieron que el precio de la vivienda se disparara, ahora incrementaron
sin cesar el de la energía y el de los productos alimentarios, lo que provocó
nuevos problemas a la economía real y la muerte de cientos de miles de personas
que se alimentan de arroz o de los cereales básicos cuyo precio se disparaba
día a día como consecuencia de la especulación.
LAS CAUSAS PROFUNDAS DE LA CRISIS
¿Cómo pudo
gestarse una estafa financiera tan gigantesca? ¿Cómo se permitió que un volumen
tan impresionante de recursos se destinara a la especulación mientras que la
economía productiva carecía de ellos? ¿Cómo pudo llegar a quebrar una parte
importante del sistema bancario internacional sin que ninguna autoridad se
hubiera dado cuenta de lo que pasaba? ¿Cómo pudieron engañar los bancos a
millones de inversores sin que los bancos centrales, que conocen al dedillo
todo lo que hacen y lo que ocurre en su interior, hicieran nada por evitarlo?
¿Cómo se dejó sin financiación a miles de empresas que crean empleo mientras
que se concedieron miles y millones de euros para salvar a los bancos? ¿Cómo se
pudo dejar que Estados enteros, millones de personas quedaran desarmados ante
la furia especuladora de los mercados y endeudados hasta el cuello mientras que
los financieros hacían negocio con esa deuda? Éstas, y algunas más de este
estilo, son las preguntas a las que hay que responder si de verdad se quiere
hacer frente a la crisis económica.
Y para poder
contestarlas hay que tener en cuenta los factores que tienen que ver con la economía
real y con la distribución de poder económico y político que configuraron,
entre otros, la distribución de las rentas y la actividad económica. De ahí que
sea importante conocer varios hechos.
En primer lugar es
importante entender por qué las finanzas (bancos, fondos de inversión,
actividades financieras en general, etcétera) han ganado tanto poder en las
últimas décadas en el mundo desarrollado y han conseguido que los poderes
públicos no les pararan los pies cuando llevaban a cabo todas estas tropelías.
En segundo lugar
hay que saber que en los últimos años se han llevado a cabo unas medidas no
sólo económicas sino también políticas o culturales precisamente encaminadas a
que los ingresos fueran cada vez en mayor medida a las manos de estos especuladores.
Y en tercer lugar
es fundamental comprender el papel tan importante que ha tenido la desigualdad
en la gestación de la crisis actual.
LA
FINANCIARIZACIÓN DE LAS ECONOMÍAS
Y EL PAPEL DE LOS BANCOS
La ascensión al
poder en la década de 1980 de gobiernos de inspiración neoliberal (como los de
Margaret Thatcher en Reino Unido y Ronald Reagan en Estados Unidos) puso fin al
consenso que se había venido dando desde después de la Segunda Guerra
Mundial y dio paso a políticas de naturaleza muy distinta.5
En el campo
financiero se produjo un cambio muy importante cuando en la década de 1960 se
inició un incremento espectacular y desconocido hasta entonces de la cantidad
de dólares circulantes en la economía. Era el inicio de un nuevo ciclo determinado
por una sobreproducción que causó una bajada de rentabilidad de la economía
productiva. Las multinacionales generaban cada vez más y más beneficios pero a
la vez se enfrentaban a problemas de rentabilidad que desincentivaban la
reinversión de esos mismos beneficios. Por tanto, buscaron la forma de invertir
esos beneficios en cualquier otro negocio que no fuera la esfera productiva.
Además, cuando los precios del petróleo sufrieron una impresionante subida en
la década de 1970, los países productores se encontraron también con billones
de dólares que no sabían dónde colocar, por lo que aumentó también con ellos la
masa circulante de dólares.
Los bancos, que
eran quienes principalmente manejaban esa oferta de dólares, fomentaron el
recurso al crédito con tal de colocar los dólares que circulaban con
extraordinaria abundancia. Obtener préstamos era fácil y barato y los bancos
los daban sin ningún problema.6
Facilitó este
cambio la revolución de las tecnologías de la información que permitió que las
operaciones financieras se pudieran realizar de modo muy rápido y sin apenas
costes, así que las actividades especulativas, que antes también se realizaban
pero de modo mucho más pausado y limitado, ahora pudieron llevarse a cabo de
forma vertiginosa.
El atractivo de
dedicarse a esas actividades especulativas eran grandioso: con muy pocos medios
se podían movilizar millones y millones de cualquier moneda para comprar y
vender al instante y obtener en cada transacción tasas de rentabilidad mucho
más elevadas que las que podía proporcionar la puesta en marcha de un negocio
productivo. Y eso fue lo que hizo que las operaciones financieras de simple
compra y venta de papel fueran creciendo sin parar, desvinculándose cada vez
más de la creación de negocios productivos, de la producción de bienes y
servicios y de la creación de empleo.
Para que este
nuevo negocio fuera lo más rentable posible los financieros consiguieron que
los gobiernos llevaran a cabo reformas legales destinadas a garantizar la plena
libertad de movimientos de los capitales y a que en los mercados financieros se
pudiera hacer prácticamente cualquier cosa sin control alguno.
Mediante estas
reformas se fue eliminando casi cualquier tipo de trabas a lo que pomposamente
se llamaba innovación financiera y que no era otra cosa que la continua
creación de activos para comprar y vender especulativamente gracias a los
fondos multimillonarios que se iban acumulando. Y para ello tuvieron un papel
decisivo los llamados paraísos fiscales, países que no establecen control
ninguno a las operaciones que realizan los bancos y las empresas que se
instalan allí para mover el dinero negro que sus clientes quieren ocultar al
Fisco. Algo que hacen la práctica totalidad de los bancos y cajas de ahorros
españoles y el 80 por ciento de nuestras grandes empresas.
Todo eso aumentó
el volumen de dinero que circula simplemente alrededor de las operaciones
financieras y que hoy día se calcula que es de 4 billones de dólares al día
sólo en los mercados de compra y venta de monedas, y de 700 billones de dólares
en los mercados de derivados (es decir, de los papeles nacidos de otros papeles
para especular con ellos).
Pero en las
finanzas especulativas hay una ley inevitable: cuanta más rentabilidad se
obtiene, más riesgo hay. Por eso, al mismo tiempo que aumenta el beneficio
financiero especulativo se incrementa el peligro que soporta toda la economía
porque las operaciones que lo proporcionan son de naturaleza muy volátil e
inestable, y trasladan estas características al conjunto de las actividades.
Eso es lo que
explica que en estos años de gran especulación financiera haya habido más
crisis que nunca en la historia.
Por otro lado, la
aparición de estos nuevos negocios financieros cambió también la función de los
bancos y la forma en que se financiaban las empresas.
Estas últimas se
financiaban antes solicitando préstamos a los bancos pero ahora podían hacerlo
emitiendo acciones o bonos, que eran más baratos y que servían a los inversores
para crear a partir de ellos nuevos papeles que de nuevo vendían en los
mercados financieros. Y, como consecuencia de ello, los bancos dejaron de
dedicarse preferentemente a financiar la actividad productiva de las empresas
para desplazar sus negocios hacia la gestión de fondos de inversión y hacia el
cobro de comisiones bancarias.
Los bancos se
convirtieron así en las principales fuentes de alimentación de la especulación,
de las burbujas inmobiliarias, de la inversión en paraísos fiscales, e incluso
en actividades ilícitas e inmorales, lo que, al mismo tiempo, hacía que la
financiación de la actividad productiva de las empresas que crean empleo fuera
cada vez más escasa y cara, a diferencia de la destinada a la especulación.
EL NEOLIBERALISMO
Un elemento clave
en el crecimiento del sector financiero de carácter especulativo fue la
polarización de las rentas, con un incremento muy notable de las del capital (y
muy en particular del capital financiero) a costa de una reducción de las
rentas del trabajo. Esta merma fue responsable de un descenso de la capacidad
adquisitiva de la población, muy en particular de las clases populares, y
determinó un problema de escasa demanda y por lo tanto de limitada rentabilidad
de la economía donde se producen los bienes y servicios (la que se llama economía
real o productiva), cuya demanda estaba disminuyendo. De ahí que la población y
las empresas se endeudaran cada vez más (y aumentaran el tamaño del sector
financiero) y que el capital prefiriera invertir más en los sectores
especulativos que en la economía real, pues los beneficios eran mayores en los
primeros que en la segunda. La polarización de las rentas, con descenso de las
del trabajo, fue el resultado directo de las acciones de los gobiernos que
desarrollaron las políticas neoliberales.
El pleno empleo de
la larga fase de crecimiento económico de la década de 1950, de la de 1960 e
incluso de la de 1970 había propiciado que los trabajadores mejoraran
continuamente su posición en el reparto de la renta, lo que se tradujo en un
notable incremento en la participación de los salarios en el conjunto de las
rentas.
Detrás de esta
situación había causas políticas tales como la fortaleza de partidos de
izquierdas, la expansión del sindicalismo, el surgimiento de movimientos
sociales, como el movimiento feminista, el ecológico, el de derechos civiles y
otros movimientos sociales contestatarios con la estructura de poder.
Todos ellos lo sintieron como una amenaza poderosa que
indujo a los grandes poderes del momento a poner en marcha respuestas políticas
que les permitieran frenar ese creciente poder de los grupos y movimientos
sociales que aspiraban a establecer un nuevo orden social y económico.
La respuesta
política fue contundente, aplicándose en primer lugar y de modo a veces
sanguinario en los países de América Latina y África que habían comenzado a
experimentar cambios no necesariamente radicales en sus formas de gobierno y en
la política económica.
Como hemos
señalado, la primeras reacciones vinieron de la mano de la "revolución
conservadora neoliberal" de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, que produjo
cambios muy importantes, además de los financieros que hemos comentado.
En primer lugar,
el cambio de modelo productivo mediante la aplicación de las nuevas tecnologías
de la información que iban a proporcionar un nuevo modo de utilización de los
recursos, especialmente del trabajo, que iba a ser a partir de entonces más
escaso y más barato.
En segundo lugar,
una nueva política macroeconómica centrada en la lucha contra la inflación.
Como ésta se entendía que estaba causada
por los altos salarios y por la excesiva circulación de dinero, se proponía
combatirla con políticas de altos tipos de interés (que beneficiaban a los
poseedores de dinero) y recortes salariales (lo que favorecía a los propietarios
de capital).
Finalmente se puso
en marcha una estrategia política y cultural orientada a introducir nuevos
valores sociales que fomentaran el individualismo y la fragmentación social
que, junto al paro y al endeudamiento como resultado de los menores ingresos,
siempre actúan como fuentes de sumisión y de desmovilización política.
Estas políticas,
que después se han conocido como neoliberales, fueron logrando un cambio
paulatino no sólo en la base productiva y financiera, sino en todo el orden social
e incluso en la forma de ser y actuar de los individuos como consecuencia de la
desigualdad y del desempleo que provocaron.
LA
DESIGUAL DISTRIBUCIÓN DE LAS RENTAS Y LA CRISIS
Los cambios tan
importantes que trajeron estas políticas en la distribución del ingreso y su
influencia posterior en el origen de la crisis se produjeron como consecuencia
de un doble proceso.
Por un lado,
disminuía la ganancia que se puede obtener en los mercados de bienes y
servicios, puesto que la menor proporción de rentas salariales (las cuales se
dedican prácticamente en su integridad al consumo) reduce la demanda y, en
consecuencia, limita las ventas y los ingresos de las empresas productivas. Y
paralelamente el mayor volumen de rentas del capital incrementa el ahorro y,
por tanto, la suma de recursos susceptibles de ser destinados a la inversión
para obtener rentabilidad.
Pero, como los
cambios financieros que se habían producido hacían mucho más atractivo colocar
los capitales en las inversiones financieras, resultó que la desigualdad de
rentas fue agrandando el flujo de fondos hacia estas últimas y en menor medida
a la productiva.
La desigualdad en
la distribución de las rentas originarias se convirtió así en la principal
fuente de alimentación de la especulación financiera y del riesgo asociado a
ellas que caracteriza al capitalismo de nuestros días. Y esa desigualdad en
aumento ha sido el caldo de cultivo que ha incentivado la compulsiva innovación
financiera orientada a rentabilizar el papel mediante complejos procedimientos
de titulización que convierten el capital meramente ficticio, la deuda, en
fuente de grandes pero muy arriesgadas ganancias.
El que fue
secretario de Trabajo con Clinton, Robert Reich, ha señalado que en 1976 el 1
por ciento más rico de la población de Estados Unidos poseía el 9 por ciento de
la riqueza y ahora, después de estos años de políticas neoliberales, ya acumula
el 20 por ciento. Y subraya Reich la coincidencia significativa de que este 20
por ciento sea justamente el porcentaje que el 1 por ciento más rico de la
población de 1928 poseía entonces, justo antes de que se desencadenara la Gran Depresión. No
es una simple coincidencia.
Lo que ha ocurrido
en los últimos años es que las políticas neoliberales han impuesto un régimen
de salarios reducidos y de trabajo precario que ha permitido recuperar las
rentas del capital pero con resultados dramáticos.
Con los salarios
más bajos como los que se han impuesto se generan beneficios pero crean escasez
y, por tanto, se limita el rendimiento y la capacidad de crecimiento potencial
de la economía, es decir, el que se podría obtener si hubiera mayor demanda y
se utilizaran todos los recursos disponibles en lugar de dedicarlos a crear y
destruir constantemente capital ficticio en los mercados financieros.
Si se contrae la
actividad, lo que termina ocurriendo es que la actividad real proporciona una
rentabilidad mucho menor que la que se puede obtener en las actividades
financieras.
Esa progresiva
deriva de los capitales hacia el universo financiero es lo que debilita la
actividad real y genera inestabilidad, puesto que la base en la que allí se
soporta la ganancia es la especulación que implica una asunción constante de
riesgo y, por tanto, una tendencia permanente a la inestabilidad y a las
crisis.
Así, mientras que
desde el final de la
Segunda Guerra Mundial hasta la década de 1970 apenas si se
podrían señalar cuatro o cinco crisis financieras, desde entonces se han
contabilizado 117 crisis bancarias sistémicas en 93 países y 113 episodios de
estrés financiero en 17 países, lo que claramente pone de relieve que los
fenómenos paralelos de la desigualdad y la hipertrofia de los flujos
financieros vinculados a la multiplicación del capital ficticio son la fuente
de la extenuante inestabilidad sistémica del capitalismo de nuestros días.
La crisis que
estamos viviendo es, por tanto, una consecuencia inevitable de este proceso de
conversión de la economía capitalista en un gran casino financiero que
convierten la inversión en papel y en capital puramente ficticio (si es que a
eso se le puede considerar inversión) en el uso más rentable del capital. Los
bancos y los grandes fondos de inversión se han convertido en una maquinaria de
creación constante de deuda a través de la titulización y de los sofisticados
procedimientos de la ingeniería financiera que llevan a cabo para encontrar
continuamente nuevas fuentes de beneficio. Pero todo ello lo llevan a cabo al
margen de la actividad productiva, de modo que ésta no puede sino debilitarse
de forma continuada y terminar exhausta ante la falta de capital o de demanda
real suficiente.
UN CAPITALISMO TÓXICO
En definitiva la
última y gran recesión de la economía mundial es algo más que el resultado de
una crisis financiera derivada de la difusión de productos tóxicos. La crisis
actual es también la consecuencia del divorcio entre medios y fines, porque se
han desnaturalizado la economía, el dinero, las finanzas y la actividad
bancaria. El dinero ha dejado de ser un instrumento al servicio de la producción
de bienes y servicios que puedan satisfacer las necesidades humanas para
convertirse en un fin en sí mismo y en una simple fuente de poder. La
financiación ha dejado de ser una actividad al servicio de la creación de
empleo o riqueza y los bancos se han convertido en los principales instrumentos
de todo ello pasando a ser una maquinaria de generación de deuda.
Pero esta
transformación se ha podido producir porque se han dado otros cambios además de
los registrados en la esfera económica y financiera. Se ha modificado el
equilibrio y las relaciones de poder de clase y de género en las sociedades
actuales como resultado de la polarización de las rentas que han puesto cada
vez más recursos en manos de los financieros y grandes empresarios a costa de la
reducción de los ingresos de las clases populares y de su consecuente
endeudamiento y de la protección social que reciben. Y también porque se ha
acelerado la concentración de los mayores medios de información y persuasión y
su vinculación con esos grandes grupos económicos, todo lo cual ha disminuido
la capacidad de respuesta de las clases sociales que soportan los efectos
negativos de estas políticas consiguiendo incluso presentar tales cambios como
inevitables y los únicos posibles para que la gente que los sufre en mayor
medida, los trabajadores, las mujeres, los jóvenes, los pensionistas, los
parados... no se den cuenta de lo que pasa y se conviertan, por el contrario,
en los propios soportes de las políticas que les reducen continuamente sus
ingresos y su bienestar.
***
II
Las
singularidades de la crisis española
Como ya hemos
dicho, para afrontar con éxito un problema económico, como cualquier otro
social o personal, es fundamental conocer bien sus causas, los factores que lo
han provocado. Por eso también es fundamental conocer los factores singulares
que han hecho que la crisis tenga en España un perfil algo distinto y que se
haya manifestado aquí con más gravedad que en otros países de nuestro entorno.
Evidentemente, la
crisis que está viviendo la economía española es fruto directo de la crisis
financiera internacional. Si ésta no se hubiera producido, nuestra economía no
habría llegado a estar en la situación tan delicada en la que se encuentra.
Pero, aunque es verdad que nuestra crisis viene de la mano de la internacional,
también es cierto que en España había unas condiciones económicas previas muy
singulares que han hecho que su efecto haya sido especialmente grave y dañino.
LAS COINCIDENCIAS Y NUESTRAS
PARTICULARIDADES
En España se ha
dado en los últimos treinta años el mismo proceso de transformación estructural
y se han aplicado las mismas recetas neoliberales que en el resto del mundo tal
y como hemos explicado en el capítulo anterior. Pero nuestra singularidad es
que éstas se han producido, como todos sabemos, en el contexto de un proceso de
transición de la dictadura a la democracia que ha matizado, tanto en términos
positivos como negativos, los efectos de ese proceso.
El también
crecimiento excesivo de la actividad financiera que ha terminado provocando la
crisis bancaria se ha producido en nuestro país en los últimos tiempos, pero se
ha manifestado con alguna particularidad porque ha coincidido con tres
circunstancias particulares:
−Una
impresionante burbuja inmobiliaria.
−Un
endeudamiento previo y una insuficiencia de ahorro nacional especialmente grandes.
−Una supervisión
de las instituciones financieras en cierto modo diferente a las del resto de
los países como consecuencia de que ya habían sufrido una crisis muy
devastadora años antes.
A continuación
analizaremos los efectos que ha provocado el hecho de que España, también en
materia de crisis económica, haya sido diferente.
La herencia del franquismo en nuestra economía
El proceso de
transformación estructural del neoliberalismo que hemos explicado en el
capítulo anterior ha coincidido en España con la salida de la dictadura
franquista y con la consolidación de un régimen democrático que no siempre ha
podido liberarse por completo de su herencia y eso ha dado a ese proceso un
carácter singular debido a los siguientes factores principales.
Debilidad de las clases trabajadoras
La transición, que
no fue modélica, se hizo realmente en términos muy favorables a las fuerzas
conservadoras que controlaban los aparatos del Estado dictatorial y gran parte
de los medios de información y persuasión. La presión popular y muy en especial
la agitación social de las clases trabajadoras (el número de huelgas políticas
en el periodo 1974-1978 fue el más alto en términos proporcionales de las que
hubo en Europa durante los mismos años) fueron responsables del fin de la
dictadura; aunque el dictador murió en la cama, la dictadura murió en la calle.
Pero aquella agitación social no fue suficiente para forzar una ruptura con el
estado anterior, lo que permitió que las derechas de escasa tradición
democrática mantuvieran su enorme poder y provocó la debilidad, dentro del
Estado, de las fuerzas democráticas y muy en especial de la izquierda (las
cuales acababan de salir de la clandestinidad y muchos de sus dirigentes, de
las cárceles).
El sindicalismo
fue un factor importantísimo en la recuperación de la democracia, pero el
dominio conservador en el Estado ha limitado en gran medida su influencia. Una
situación que ha sido también acentuada por su división en distintos sindicatos
que se han estado basando históricamente en varias tradiciones políticas,
división que les ha debilitado frente a unas fuerzas conservadoras, que tanto
en el centro como en la periferia han sido siempre muy conscientes de sus
intereses de clases actuando de manera unitaria.
Desmesurada influencia política de los grandes grupos
empresariales y financieros
Los grandes
representantes de los intereses empresariales más poderosos han mantenido gran
parte de los mecanismos de protección nacidos en el franquismo, que en realidad
fue un régimen orientado a proteger de forma constante al gran empresariado y a
la banca mediante su permanente presencia en el poder político.1
Así, todavía a
finales de 2006 sólo una veintena de grandes familias eran propietarias del
20,14 por ciento del capital de las empresas del Ibex-35 y una pequeña élite de
1.400 personas, que representan el 0,0035 por ciento de la población española,
controlaba recursos que equivalen al 80,5 por ciento del PIB. Esta estructura
muy oligarquizada 2 de la sociedad y la economía españolas ha sido
determinante, como se comentará enseguida, para provocar la burbuja
inmobiliaria y el extraordinario endeudamiento que se encuentra en el origen de
la crisis que afecta a la economía española.
Instituciones y mercados muy imperfectos
La dictadura nos
dejó instituciones tan decisivas como el mercado de trabajo, el sector
financiero o el sistema fiscal muy débiles y mal conformadas y no ha sido fácil
acomodarlas a la democracia y a la modernidad.
En el mercado
laboral ha habido una dureza en las iniciativas empresariales, resultado de una
gran patronal acostumbrada a tener una prepotencia que heredó del régimen
anterior con escasa adaptabilidad a las exigencias de una economía basada en la
cooperación y la colaboración de los agentes sociales. Temas hoy aceptados en
los mercados laborales europeos como, por ejemplo, cogestión empresarial, han
sido desechados como impracticables. Y la solución del elevado desempleo ha
sido siempre, por parte de la gran patronal, facilitar el despido, lo cual ha
creado resistencias comprensibles del movimiento sindical.
En el sector
financiero ha prevalecido una articulación excesivamente protegida y
privilegiada que ha permitido que la banca mantenga un poder y una influencia
sobre el conjunto de la economía y las instituciones muy desproporcionado en
comparación con el de los países de nuestro entorno.
Finalmente, y a
pesar de las reformas de los inicios de la democracia, el sistema fiscal no ha
podido quitarse de encima el histórico rechazo de las clases pudientes
españolas hacia los impuestos, lo que ha dado lugar a que el sistema haya
evolucionado hacia la regresividad y la insuficiencia justo cuando más
necesario hubiera sido alcanzar dosis elevadas de equidad, eficiencia y
suficiencia.
Déficit social 3
Otra herencia del
franquismo fue la escasa dotación de recursos para la protección social y la
gran debilidad de las estructuras del bienestar colectivo. Aunque los pactos de
la transición y el relativamente rápido acceso al gobierno del partido
socialista permitieron ampliar estructuras de bienestar de gran alcance, en
ningún momento han dispuesto de la financiación que hubiera sido necesaria para
garantizarles su consolidación. Y esta insuficiencia es la que provoca la idea
tan generalizada de que nuestro sistema de servicios públicos funciona mal y
que hay que revisarlo.
Hay que tener en
cuenta que la dictadura no sólo fue un régimen políticamente represor de las
libertades sino también profundamente regresivo en materia de derechos sociales
y protección social, de modo que al morir el dictador España se encontraba muy
por debajo de los estándares europeos de bienestar social, arrastrando déficits
muy considerables en materia educativa, de innovación, en protección social o
en infraestructuras y capital colectivos, como analizaremos con más detalle en
otro capítulo.
De hecho puede
decirse que el Estado del Bienestar (educación y salud universal, protección a
las familias, al desempleo...) era muy pobre en España en 1975, cuando murió
Franco, así que los primeros gobiernos de la democracia tuvieron que articular
esas estructuras de bienestar justo en una coyuntura marcada por las
restricciones presupuestarias, por la imposición de una lectura ultraliberal de
la política económica en todos los espacios internacionales y con una fuerte
presión ideológica en este sentido dentro y fuera del país.
Débil y traumática vinculación de la economía española
con el exterior
La economía
española se fue abriendo al exterior a partir de 1959, en plena dictadura, pero
lo hizo de modo muy dependiente y condicionado por el predominio de un modelo
productivo atrasado y que sólo resultaba competitivo mediante los bajos
salarios y los favores administrativos que la dictadura ofrecía con generosidad
a grandes empresas y multinacionales. En esas condiciones nuestro equilibrio
exterior dependía de la entrada de divisas que proporcionaba la creciente
especialización en la oferta de servicios turísticos. Y puesto que esta vía
resultaba a la postre insuficiente había que recurrir periódicamente a la
devaluación de la moneda. 4
La llegada de la
democracia coincidió también con una nueva fase de apertura al exterior que
hubo que afrontar sin haber podido consolidar con anterioridad un modelo
productivo sustancialmente distinto al de la dictadura. Por ello, la
incorporación primero a la
Comunidad Europea y más tarde a la unión monetaria supusieron
también un impacto muy grande
en nuestra economía. Podríamos decir que tuvimos que
ponernos un traje de otra talla sin haber cambiado antes nuestro tamaño y eso
tuvo efectos desiguales. Por un lado, hizo posible que la economía y la
sociedad españolas disfrutaran de una entrada de fondos muy importantes que han
permitido consolidar estructuras de bienestar y una gran dotación de recursos
(disfrutamos de un traje nuevo). Pero, por otro, ha puesto en manos del capital
extranjero los mejores activos de nuestra economía, hasta el punto de que el
capital español ha desaparecido de sectores enteros, algunos de ellos de gran
importancia estratégica (el traje nuevo no nos sentaba bien porque no era de
nuestra talla). Y además ha limitado casi totalmente la capacidad de maniobra
interna al someter la política económica nacional a los dictados de las
decisiones dominantes en Europa que lógicamente responden más bien a los
intereses empresariales de los países más poderosos, Alemania y Francia. Todo
ello ha consolidado el modelo productivo tradicional dependiente y muy poco
competitivo.
En particular, la
entrada de España en la Zona
Euro impide que el ajuste exterior al que obliga nuestra
escasa competitividad se pueda llevar a cabo a través de la devaluación como se
había hecho tradicionalmente.
Podríamos haber
resuelto ese problema especializándonos en otro tipo de actividades y mejorando
nuestra calidad y nuestra productividad. Pero eso hubiera requerido políticas
públicas más potentes e impuestos más altos. Algo que nunca desearon las
grandes empresas que han querido competir en los mercados internacionales y que
optaron, por el contrario, por competir bajando los salarios. Pero, a pesar de
que éstos han sufrido un proceso constante de contención (España es el único
país de la OCDE
en donde no se produjo crecimiento real de los salarios entre 1995 y 2005),
esta vía de ajuste ha sido insuficiente para proporcionarnos bastantes ingresos
(porque como veremos en otro capítulo es una vía empobrecedora) y eso dio lugar
a que el déficit exterior de España se haya disparado en los últimos años hasta
llegar a ser el más alto del mundo en términos relativos.
Gran desigualdad
Finalmente hay que
subrayar que de la dictadura que rigió en España de 1938 a 1978 se heredó
igualmente una gran desigualdad, tanto entre territorios como entre personas,
como consecuencia no sólo de la carencia de políticas y estructuras
redistributivas, sino sobre todo de la carencia de capital social dedicado a la
formación y la innovación, del predominio de un modelo productivo dependiente y
desvertebrado y de la propia ausencia de democracia.
En definitiva,
podríamos decir que la dictadura nos dejó de herencia una economía y una
sociedad muy sometidas a grupos de interés económico y financiero muy reducidos
pero muy poderosos, y un tejido productivo demasiado débil también dominado por
grandes empresas y bancos con una influencia política conquistada en la
dictadura pero que han logrado mantener casi hasta la actualidad. Basta ver,
por ejemplo, que los grandes apellidos de la vida económica, banqueros y
empresarios, los que ahora cita el presidente Zapatero para pedirle ayuda
frente a la crisis o los que van a ver al Rey para proponerle sus soluciones,
son prácticamente los mismos del franquismo, o que los mayores perceptores de
ayudas agrarias de la
Unión Europea en España siguen siendo la familia
Mora-Figueroa Domecq, la duquesa de Alba, el duque del Infantado o la Compañía de Jesús...
EL MODELO PRODUCTIVO QUE DA
LUGAR A LA CRISIS
Las circunstancias
y los factores que acabamos de mencionar constituyen residuos de la atrasada y
corporativizada economía del franquismo que todavía no han desaparecido del
todo de la economía española actual y que incluso, en algunos casos se han
agudizado en la democracia como consecuencia de la aplicación sin contrapesos
de las políticas neoliberales.
Esto es lo que ha
ocurrido desde 1993, fecha que inició el proceso de integración de España en la Unión Europea, con
la reducción del gasto público social por habitante, primero (1993-1995) en
términos absolutos y después (1996-2004) en términos proporcionales, creciendo
el gasto público social en niveles más bajos que en el promedio de la UE-15, con lo cual el
déficit de gasto público social de España con el promedio de la UE-15 aumentó
considerablemente durante el periodo 1993-2004.
El euro se
estableció en España a costa de su Estado del Bienestar, pues la reducción del
déficit del estado se realizó primordialmente a base de transferir los fondos
que hubieran ido a cubrir el déficit social, a reducir el déficit del Estado.
Finalmente las
privatizaciones de empresas públicas han fortalecido el carácter oligárquico de
nuestra estructura empresarial (pues en su mayor parte fueron a parar a los
grupos privados de por sí ya más poderosos) o con la especialización de la
actividad económica en torno a los sectores de las finanzas y la construcción
gracias a la estrecha vinculación, que viene de los años inmediatamente
posteriores a la Guerra
Civil, entre el poder político, los banqueros y los
constructores y promotores inmobiliarios.
Y, para colmo, sin
que esas privatizaciones hayan producido ninguna "mejora significativa en
la rentabilidad, en la eficiencia, en el volumen de ventas y de inversión, ni
cambios significativos en el nivel de endeudamiento o en el empleo" en las
empresas que se privatizaron. 5
España se ha
modernizado y se ha democratizado en estos últimos treinta años pero lo ha
hecho manteniendo estructuras de poder muy asimétrico que a la postre no han
permitido, por ejemplo, que se dediquen a financiar el bienestar los recursos
necesarios. La economía española se ha debido incorporar a las condiciones
generales que impone la globalización neoliberal y para ello se ha puesto a disposición
de los capitales extranjeros que mediante la adquisición de numerosas empresas
y el control de los canales de distribución han llegado a tener una posición de
gran predominio en los sectores más decisivos de nuestra economía.
Pero, al mismo
tiempo, no ha llegado a los estándares de bienestar y de protección que
alcanzaron en su momento los países a cuyos niveles ha tenido que homologarse
en poco tiempo.
Esa es la
situación que uno de nosotros, Vicenç Navarro, ha caracterizado como de
"bienestar insuficiente, democracia incompleta", que es causa y a su
vez consecuencia de la combinación de todos esos factores y que en su vértice
se traducen en un equilibrio de poder muy asimétrico entre las clases sociales.
6
Todos esos
factores han consolidado un modelo productivo y de desarrollo socioeconómico
que es el que está estallando ante nosotros coincidiendo con la crisis
financiera mundial, cuyas principales características se podrían resumir en las
siguientes.
Economía poco productiva y de poco valor añadido
La utilización más
intensiva de la mano de obra se utiliza en actividades con muy poca innovación
y de escaso valor añadido como principalmente la construcción, las vinculadas
al turismo y los servicios.
Esta
especialización está unida, a su vez, a otros factores que resultan también
claramente determinantes de la situación en la que la economía española ha
hecho frente a la crisis actual.
En primer lugar,
un déficit histórico en recursos humanos cualificados y en formación que aún no
se ha resuelto, como pone de relieve, por ejemplo, que en España sólo tengan
educación secundaria completada, equivalente a bachiller o formación
profesional, el 62 por ciento de los jóvenes de edades comprendidas entre 25 y
34 años frente a un 80 por ciento de media en los países europeos. Un factor
que, unido al atraso que igualmente se sufre en inversión en I+D+i, provoca que
la productividad del trabajo en España se haya mantenido prácticamente
estancada en los últimos quince años.
En segundo lugar,
un incremento muy importante de las mujeres en el mercado laboral que ha hecho
que su tasa de actividad aumenta desde el 45,1 por ciento de 1996 al 60,2 por
ciento en 2006 pero que, al no ir acompañado de suficientes políticas de
igualdad y mecanismos legales efectivos contra la discriminación, ha provocado
un descenso en el nivel salarial medio. Un fenómeno que, al añadirse a la
entrada masiva de población inmigrante en los últimos años, ha permitido
mantener los salarios en niveles excepcionalmente bajos, lo que ha incentivado
el uso más intensivo y poco productivo de la mano de obra.
En tercer lugar,
un mercado de trabajo en donde la asimetría a la que antes hicimos referencia
ha propiciado unas condiciones de contratación muy favorables al gran
empresariado y que se traduce sobre todo en una alta temporalidad (superior al
30 por ciento durante largos periodos) que explica los grandes vaivenes que el
volumen de empleo y la tasa de desocupación sufren a lo largo del ciclo.
Así, España ha
pasado casi sin solución de continuidad de crear 2,3 millones de empleos en
2004-2006 y estar a la cabeza de la creación de puestos de trabajo en Europa, a
perder cientos de miles en unos pocos meses, algo que no es sólo característico
de esta última crisis puesto que ya sucedió igualmente en la de 1992-1993
cuando en sólo dieciocho meses (desde julio de 1992 hasta diciembre de 1993) se
destruyeron 734.000 puestos de trabajo.
En cuarto lugar,
una gran dependencia del capital público y en concreto de decisiones políticas
vinculadas a la inversión en infraestructuras, a la política de suelo y
urbanística, así como de las facilidades fiscales y a la financiación externa
al sector.
Los auges de la
construcción en España han estado vinculados siempre a una fuerte complicidad y
participación del sector público. En la primera etapa de gran expansión
(1987-1992) fue el endeudamiento público y la potenciación desde el Estado de
la obra pública en infraestructuras los que permitieron su expansión
vertiginosa y en la última fase de crecimiento desorbitado hasta 2006-2007
gracias al endeudamiento privado y la construcción residencial. Y, en ambos
casos, gracias a una legislación favorable cuidadosa y estratégicamente
prediseñada y a privilegios fiscales de los que no se ha podido gozar casi en
ningún otro tipo de actividad.
Pérdida de poder adquisitivo de los salarios y
debilidad del mercado interno
En los últimos
años se han ido aplicando políticas de contención salarial con la excusa de ser
más competitivos y de luchar contra la subida de precios y de crear empleo.
Así, mientras que
en 1960 la participación de los salarios en el PIB (al coste de los factores)
era del 68 por ciento y en 1976 alcanzaba su máximo en los últimos 35 años con
un 73,63 por ciento, en 2008 la participación descendió hasta un 60,21 por
ciento. España es el único país de la
OCDE en donde los salarios reales no han crecido en los
últimos quince años.
Esta pérdida de
peso de los salarios ha provocado que España sea uno de los países con mayor
desigualdad de Europa y ha tenido además dos grandes efectos que hay que
corregir para salir bien de la crisis.
Por un lado, ha
debilitado mucho el mercado interior porque éste depende del gasto que se
realice. Y con salarios a la baja el gasto lógicamente se resiente, lo que
afecta sobre todo a las empresas pequeñas y medianas, puesto que las grandes
siempre pueden acudir al gasto de otros países. Y como estas pequeñas y
medianas empresas son las que crean casi el 80 por ciento del empleo, resulta
que salarios más bajos han ido acompañados al final de menos empleo.
Por otro lado,
cuando los ingresos salariales son bajos y las pequeñas y medianas empresas
tienen dificultades porque no hay gasto suficiente, lo que ocurre es que
aumenta el endeudamiento.
Eso les viene muy
bien a los bancos, porque su negocio es precisamente ofrecer créditos, y por
eso piden siempre políticas de contención salarial, pero le viene muy mal a la
economía en su conjunto.
Y no es casualidad
ni mucho menos que España sea, al mismo tiempo, el país en donde no han subido
los salarios reales y el que ha registrado un incremento más vertiginoso del
endeudamiento privado, que ha llegado a representar el 150,4 por ciento de la
renta disponible neta, y una reducción correlativa del ahorro que ha llegado a
situarse en tan sólo un 11 por ciento de dicha renta. En los diez años
anteriores al estallido de la crisis el endeudamiento de las familias en
relación a su renta disponible y el de las empresas en relación a su excedente
bruto de explotación casi se ha triplicado.
Y hay que dejar
claro que este endeudamiento no se debe, como a veces se dice, a que los
españoles hayamos vivido "por encima de nuestras posibilidades" sino
a que los salarios han estado por debajo de nuestras necesidades.
Crecimiento de la deuda privada y demonización de la
pública
Un fenómeno
curioso que se ha producido en los últimos años en España es que mientras que
se impulsaba y facilitaba el endeudamiento privado y nadie ponía objeciones a
ellos se ponían todo tipo de pegas y frenos al del Estado.
Esto es algo que
debería resultar sorprendente porque el endeudamiento público aporta mucha más
riqueza y menos riesgos que el privado. En España el endeudamiento público se
ha destinado normalmente a crear capital social y estructuras de bienestar
colectivas mientras que el privado se ha concentrado en la adquisición o
rehabilitación de viviendas (75 por ciento), muy poco en el consumo (12 por
ciento) y casi nada en la actividad productiva (6 por ciento).
Las consecuencias
de haber actuado "al revés" en este campo son muy importantes y de
muy diversa naturaleza: al limitar la financiación pública se ha mantenido e
incluso acrecentado el déficit social español y el relativo a la investigación
y la ciencia, y al apoyar al privado vinculado a la construcción se ha
propiciado que los mayores ingresos de la actividad económica hayan sido los
recibidos por la banca y por los promotores y constructores inmobiliarios. Es
decir, no sólo ha hecho que la economía española sea más injusta sino también
más ineficiente. Y además una deuda tan extraordinaria ha creado una auténtica
esclavitud para millones de familias que sin duda explica en gran medida la
desmovilización social, la sumisión y la falta de respuestas a la pérdida
relativa de bienestar que padecen las clases trabajadoras.
Deterioro ambiental
Por otro lado, el
modelo productivo español, debido a su especialización productiva en torno a la
construcción y al turismo y a la gran influencia política que tienen los
promotores y grandes empresarios, es un gran productor de daños
medioambientales, despilfarrador de recursos naturales y generador de residuos
que suponen un coste social y económico extraordinario pero que no se tiene en
cuenta a la hora de valorar su verdadero alcance. 7
Dependencia del ciclo
Finalmente nuestro
modelo resulta también muy indefenso ante los avatares del ciclo económico. Eso
quiere decir que, cuando las cosas van bien, aquí van mejor que en ningún
sitio, pero que, cuando mal, aquí van mucho peor. Y el balance total suele ser
negativo.
Esto es debido a
otra serie de factores que también hacen que nuestro modelo económico sea muy
frágil y que podemos resumir en los siguientes:
1. En contra de lo
que dicen los economistas neoliberales, en España existe una gran precariedad
laboral y gran facilidad para aumentar y reducir plantillas, como prueba que en
la actual etapa de pérdida de empleo más del 80 por ciento de los puestos de
trabajo destruidos lo hayan sido al margen de los expedientes administrativos de
regulación de empleo. Y eso hace que los empresarios prefieran actuar
contratando mucho en épocas buenas pero también despidiendo abundantemente en
las malas. Si el trabajo fuera un factor más valioso y costoso, los empresarios
estarían mucho más motivados para invertir en mejoras de productividad y
calidad que les evitaran incurrir en los costes de despedir o de cerrar su
actividad.
2. La dependencia
del capital extranjero que, como hemos señalado antes, se ha hecho con la
inmensa totalidad de los activos principales de la economía española ha
provocado que las empresas dominadas por él se dirijan desde el exterior y que
respondan a intereses y estrategias de rentabilización ajenas a la dinámica
propia de la economía española. Así, en cuanto empeora la situación fuera, esos
capitales responden enseguida en España, incluso aunque aquí la situación no se
haya deteriorado.
3. El escaso peso
de la actividad industrial y, por el contrario, el excesivo de las actividades
que son más vulnerables ante los cambios coyunturales en la demanda.
4. La gran
influencia del sector bancario que es conservador por excelencia y siempre se
adelanta a las fases del ciclo, lo que agrava este efecto al trasladarlo al
conjunto de la economía, pues la renta familiar y la actividad de los hogares y
de las empresas dependen de su estrategia.
5. La disminución
en la autonomía para poner en marcha y ejecutar políticas de estabilización
macroeconómica como consecuencia de la globalización y de la pertenencia a la
unión monetaria impide que el gobierno pueda hacer frente con eficacia a los
efectos perturbadores del ciclo, a pesar de que su economía esté expuesta más
cruda y directamente a todos ellos.
LA ETAPA DE EXAGERACIÓN, EL ESTALLIDO DE LA CRISIS Y LA RECESIÓN
Las debilidades
del modelo de crecimiento que acabamos de señalar son las que nos permiten
afirmar que los problemas que viene padeciendo la economía española desde 2007
no son sólo el resultado del impacto externo provocado por la difusión de las
hipotecas basura desde Estados Unidos, ni sólo de sus secuelas sobre el
conjunto de la economía mundial.
Por supuesto ese
impacto ha existido y ha tenido una influencia notable por razones muy
diversas:
1. Porque la
banca española tiene una gran integración con la internacional y hubiera sido
siempre inevitable que le afectara la situación de insolvencia generalizada que
se ha producido.
2. Porque la economía española es muy sensible,
como hemos señalado, a la demanda externa que se ha visto afectada gravemente
como consecuencia de la situación financiera.
3. Porque la
confianza es un elemento fundamental en las relaciones económicas y en los
últimos tiempos se ha visto limitada como consecuencia de nuestro altísimo
nivel de endeudamiento.
4. Porque
tratándose de una crisis sistémica y global es realmente imposible que algún
país pueda presenciarla de lejos y sin verse más o menos afectado por sus
consecuencias de todo tipo.
Pero, siendo así,
lo cierto es que la economía española venía dando señales de peligro desde
antes de que estallara la crisis de las hipotecas basura, como demuestra el
hecho de que la oferta de crédito ya hubiera comenzado a caer en 2006.
Lo que ha sucedido
en España es que en los últimos cuatro o cinco años anteriores al estallido de
la crisis internacional se exageraron de tal modo los rasgos de inestabilidad e
insostenibilidad del modelo productivo que éste no pudo sino saltar por los
aires y lo ha hecho, lógicamente, coincidiendo con la etapa de mayor debilidad
estructural, cuando arreciaba la crisis internacional.
Ese estallido se
produjo al hacerse insostenibles varias de las circunstancias que ya hemos
mencionado:
1. El exceso de
liquidez provocado por el crecimiento desorbitado de la deuda.
2. El imposible
mantenimiento de la dinámica al alza de los precios de la vivienda y el
subsiguiente estallido de la burbuja inmobiliaria.
3. La
imposibilidad de controlar el desequilibrio exterior cuando se ha generalizado
una gran pérdida de confianza de los mercados externos.
4. La presencia
pertinaz y en incremento de la desigualdad que deteriora de forma progresiva
los mercados internos.
5. La actitud
permisiva de las autoridades monetarias con todo lo anterior.
6. La
despreocupación de los gobiernos de Aznar y Rodríguez Zapatero frente a los
factores de insostenibilidad del modelo basado en el ladrillo a pesar de que se
estaban haciendo evidentes desde hacía tiempo.
7. La lamentable
gestión gubernamental de los inicios de la crisis cuando Zapatero se empeñaba en
negarla, seguramente guiado por sus asesores liberales que confiaban ciegamente
en la capacidad autorreguladora de los mercados, lo que hizo perder un tiempo
precioso para actuar contra ella.
El gran negocio de la banca española nos salió
demasiado caro
El periodo de
generosa liquidez del que habían disfrutado todas las economías tuvo en España
una expresión mucho más exagerada precisamente porque su modelo productivo
estaba centrado en torno a actividades que se desarrollaban al amparo de la
deuda. Y porque el gran poder del que disponen los bancos en España les ha
permitido multiplicar el negocio sin que en la práctica hayan tenido
limitaciones efectivas por parte del Banco de España, que, a pesar de la fama
de buen supervisor, lo cierto es que ha dejado crecer una deuda a todas luces
desproporcionada e indigerible por la economía española. 8
Así, el crédito
total a residentes pasó de 701.663 millones de euros en 2002 a 1,8 billones en 2008,
un incremento gigantesco de la deuda (o, lo que es igual, del negocio de la
banca) que en un 70 por ciento fue dirigido hacia la construcción o sus
actividades colindantes; es decir, a alimentar la burbuja inmobiliaria que se
formaba en el proceso de constante revalorización de inmuebles.
La exageración de
este proceso se pone de relieve considerando que el endeudamiento neto de la
economía española, de las administraciones públicas y del sector privado había
aumentado un 82 por ciento entre 1999 y 2003 y que desde entonces hasta 2007 lo
hizo un 243 por ciento. 9 El crédito total destinado a la actividad
productiva se multiplicó entre 2000 y 2007 por 3,1, el dirigido a la industria
por 1,8, el de la construcción por 3,6 y el dirigido a la actividad
inmobiliaria por 9. Y en 2008 el crédito a la construcción y a las actividades
inmobiliarias representaba el 47 por ciento del total cuando en 2000 sólo era
el 25 por ciento.
Para mantener en
pie este impresionante negocio (que en paralelo ha situado a la banca española
a la cabeza de la rentabilidad bancaria de todo el mundo) los bancos españoles
han tenido que recurrir al mismo tiempo a un alto nivel de endeudamiento. Sobre
todo porque en la última etapa de exageración el volumen de depósitos no ha
crecido a la vez que la oferta de crédito: en 2000 la banca española recibía
1,43 euros en depósitos por cada euro que concedía a crédito mientras que en
2007 sólo recibía 0,76 euros.
Para financiar
todo eso la banca española ha tenido que recurrir cada vez más a la
financiación interbancaria internacional y especialmente europea por un total
que, según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, ha pasado de
78.000 millones de euros a 428.000 en el último periodo de gran liquidez previo
al estallido de la burbuja. Y eso es lo que hace que ahora esos bancos acreedores
de los españoles, principalmente franceses y sobre todo alemanes, tengan tanto
interés en provocar el "rescate" de España; es decir, de ellos
mismos, como ya han hecho en Grecia, Irlanda o Portugal.
Los mismos de siempre se llevaron el gato al agua
El sobreendeudamiento y el gigantesco
incremento de la liquidez en esta última fase también han estado necesariamente
vinculados al incremento de la desigualdad que de igual manera podría
calificarse de exagerada en esta última etapa. En un periodo de alto
crecimiento, es decir, cuando el modelo se ha mostrado funcionando más
intensivamente, la desigualdad ha aumentado de forma notable. Según la Encuesta Financiera
de las Familias del Banco de España 10 sólo entre 2002 y 2005 la renta media
correspondiente al 20 por ciento más pobre de los hogares de España se redujo
en un 23,6 por ciento mientras que la renta media del 10 por ciento más rico se
incrementó más de un 15 por ciento.
Y del efecto
intensivamente demoledor de la deuda inmobiliaria sobre la demanda y el mercado
(aunque también sobre la rentabilidad bancaria) da idea el hecho de que, según
esta misma encuesta del Banco de España, en 2002 un 42,5 por ciento de las
familias tenían que dedicar más del 40 por ciento de su renta a pagar las
deudas contraídas para pagar su vivienda mientras que en 2005 ese porcentaje se
había disparado hasta el 70,9 por ciento de los hogares.
En relación con
esta última etapa un informe de Comisiones Obreras revela que desde 2002 hasta
2007 los dividendos empresariales han aumentado una media del 30 por ciento
anual y que, al mismo tiempo, sólo entre 2005 y 2007, el porcentaje de
trabajadores que ganan menos de 18.500 euros ha aumentado del 57,8 al 60 por
ciento, el de los que ganan entre 18.500 euros y 24.000 ha bajado del 38,5
al 36,35 por ciento, y el resto se ha mantenido prácticamente igual.11 Dicho
sindicato también resaltó que "si hace veinte años la diferencia salarial
entre máximos directivos y puestos con menores salarios era de 10 o 20 veces
superior, hoy aumenta hasta 100 o 200 veces, sin incluir salarios en especie,
pólizas de seguro, fondos de pensiones, etcétera".
Por su parte, el
Consejo Económico y Social mostraba en su Memoria de 2007 que mientras que en
2006 la retribución del trabajo creció un 3,4 por ciento, los beneficios de las
sociedades que cotizan en Bolsa lo hicieron por encima del 26,6 por ciento.
El papel de las autoridades
Tal y como ha
ocurrido en el resto del mundo, también en España las autoridades han tenido
una gran corresponsabilidad en el estallido de la crisis.
El Banco de España
ha mantenido condiciones de mayor precaución en cuanto a los procedimientos en
que se ha llevado a cabo la titulización. Pero vigilando ese peligro ha
desatendido el que ha resultado ser el más auténtico y lo que constituía la
amenaza más grave y finalmente materializada sobre la economía española: el
volumen de deuda tan peligroso que han generado los bancos.
Al dejar hacer, el
Banco de España, como los demás bancos centrales, han cerrado los ojos ante el
crecimiento de una burbuja inmobiliaria a todas luces causante de buena parte
de los problemas que ahora tenemos. Y, por supuesto, la máxima autoridad
monetaria y supervisora bancaria ha dejado que el comportamiento de la banca
española haya sido claramente irresponsable al sobrefinanciar la actividad
económica, concediendo habitualmente préstamos hipotecarios a más del cien por
cien del valor de las viviendas que se hipotecaban o, actuando al margen de
toda lógica financiera y económica, financiando al cien por cien, como se ha
demostrado en las suspensiones de pagos, la inversión de las empresas.
Y, en todo caso,
no se puede olvidar que si la situación de las entidades financieras españolas
ha podido ser calificada como ejemplar y libre de problemas ha sido en buena
parte porque los bancos centrales han permitido que se apliquen normas
contables y de valoración encaminadas a disimular su verdadero estado
patrimonial, concretamente permitiendo que las entidades valoren a precio de
adquisición y no de mercado sus instrumentos financieros para ocultar así una
buena parte de las pérdidas que hayan podido sufrir.
Ya en plena
crisis, el Banco de España se ha mostrado impotente o inactivo a la hora de
conseguir que los recursos públicos que recibían los bancos se derivaran, como
se supone que hubiera debido ocurrir, a los mercados o de evitar el mayor
racionamiento de crédito que la banca española ha impuesto a empresas y
consumidores.
En cualquier caso,
el Banco de España no ha sido la única autoridad que al dejar hacer ha
coadyuvado decisivamente a que la crisis tenga en España esta dimensión y este
carácter singularizados. Los gobiernos sucesivos, tanto del Partido Popular
como del Partido Socialista, han aplicado las medidas legales y fiscales que han
dado alas a la burbuja inmobiliaria (como la aprobación de la Ley del Suelo del PP,
auténtico banderazo de salida para la apoteosis de la especulación
inmobiliaria) y han mantenido una actitud completamente ajena y desprevenida
sobre los riesgos que se estaban acumulando.
El informe
económico de la
Presidencia del Gobierno de 2007 (p. 44) quizá sea una
manifestación clara de la imprevisión y del despiste con que se ha actuado
frente a una crisis que se estaba ya anunciando por multitud de analistas:
"El riesgo de una desaceleración brusca como consecuencia de
comportamiento del mercado hipotecario norteamericano o del déficit por cuenta
corriente de Estados Unidos es bastante reducido".
Y dirigentes de
ambos gobiernos, como el gobernador del Banco de España a propuesta del Partido
Popular, Jaime Caruana, o el ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes,
hicieron oídos sordos a la denuncia de los inspectores del Banco de España que
en una carta a ambos les advirtieron del riesgo que suponía dejar que aumentara
el endeudamiento que estaba generando en beneficio propio la banca española.
Y, por si faltaba algo, el estallido de la deuda
soberana
Como otros países,
España hizo un gran esfuerzo presupuestario para hacer frente a la crisis, para
ayudar a los bancos y para financiar un ambicioso plan de apoyo. Pero, como la
crisis mermaba los ingresos públicos, resultó que en muy poco tiempo se
multiplicó el déficit público y aumentó la deuda del Estado.
A diferencia de lo
que ocurrió en Estados Unidos, el Banco Central Europeo decidió que no
financiaría a los gobiernos (al final tuvo que hacerlo para evitar que se
hundiera toda la economía europea y el propio euro, pero lo hizo tarde, de
forma improvisada, casi clandestina e insuficiente, de modo que no se eliminó
el problema de fondo) y eso los obligó a ponerse en manos de los
"mercados" (en realidad, de los bancos y de los grandes grupos
inversores que compran su deuda). Éstos aprovecharon la ocasión para
extorsionarlos e imponerles reformas que las patronales venían reclamando desde
hacía años: en el mercado de trabajo, en el sistema de pensiones y poco a poco
privatizando servicios públicos.
Ninguna de estas
reformas tiene relación con el origen de la crisis, forma parte de las mentiras
con que se le ha dado respuesta pero lo que han producido, en lugar de mejorar
la situación económica, es su empeoramiento, lo que dificulta aún más la
creación de empleo y provoca un nuevo problema a la economía española que puede
terminar siendo intervenida, como la griega, la irlandesa o la portuguesa para
"rescatarla", aunque eso en realidad significa rescatar a los bancos
para que puedan pagar a sus acreedores alemanes o franceses.
Muchas crisis en una y una gran crisis con muchas caras
En resumen, la
debilidad del mercado interno, la carencia de resortes endógenos potentes que
no fueran la construcción y el endeudamiento que hubieran podido servir como
motores de la actividad económica, la dependencia de la financiación externa,
el problema estructural de precios que padece la economía española y el déficit
exterior desmesurado habían ido dejando a la economía española sin apenas
capacidad de respuesta cuando se comenzaron a producir, casi al mismo tiempo,
amenazas externas e internas.
Es difícil
considerar si el detonante inicial de los problemas en España fue la crisis
financiera importada del exterior, el estallido de la burbuja inmobiliaria que
ya se había producido un poco antes o la combinación de ambas circunstancias.
Pero lo que sí parece fuera de toda duda es que el modo en que venía
funcionando la economía española habría terminado por provocar la crisis que se
ha producido con independencia de que hubiera estallado o no la de las
hipotecas basura con todas sus secuelas.
Y eso significa
que es una ilusión tratar de salir de la crisis sin abordar estos males
estructurales de nuestra economía.
***
III
Lo que
hay que solucionar:
agenda
para una economía más justa y eficiente
Las causas de la
crisis que hemos analizado en los dos capítulos anteriores nos muestran que no
estamos ante una perturbación cualquiera porque, se mire por donde se mire,
esta crisis es el resultado de defectos muy profundos, arraigados y extendidos
en la economía y la sociedad capitalistas.
Y esto no lo
decimos solamente los economistas más progresistas y críticos. Incluso tuvo que
ser reconocido por los propios dirigentes conservadores cuando la crisis empezó
a manifestarse con toda su crudeza. Quizá las declaraciones que se hicieron más
famosas fueron las del presidente francés Sarkozy cuando reiteraba que la
crisis obligaba nada más y nada menos que a "refundar el
capitalismo", a "moralizarlo" o a instaurar "un nuevo
orden", palabras hasta entonces más propias de personas de izquierdas que
de líderes moderados y de derechas que no suelen caracterizarse por su
animadversión hacia el capitalismo.
COMPROMISOS EN SACO ROTO
Pero no fue sólo
Sarkozy. Las cumbres del G-20 de Washington de noviembre de 2008 y la de
Londres de abril de 2009 reconocieron también claramente que la crisis afectaba
a lo más profundo de las economías capitalistas y los líderes que se reunieron
allí no escatimaron palabras rimbombantes para calificar la situación y decir
al mundo que arreglarían el problema sin dilación. En el comunicado final de la
de Londres dijeron que "nos enfrentamos al mayor reto para la economía
mundial de la era contemporánea", reconocían que "los grandes fallos
en el sector financiero y en la regulación y la supervisión financieras [...]
fueron causas fundamentales de la crisis" y que asumían un
"compromiso inquebrantable de cooperar" para "hacer lo que sea
necesario para restablecer la confianza, el crecimiento y el empleo, reparar el
sistema financiero para restaurar el crédito, reforzar la regulación financiera
para reconstruir la confianza, financiar y reformar nuestras instituciones
financieras internacionales para superar esta crisis y evitar crisis futuras,
fomentar el comercio y la inversión globales y rechazar el proteccionismo para
apuntalar la prosperidad, y construir una recuperación inclusiva, ecológica y
sostenible".
Sabían lo que
había ocurrido, al menos en sus manifestaciones más importantes, y se
atrevieron a decir al mundo que iban a hacer cualquier cosa para salir de la
crisis de manera ("inclusiva, verde y sostenible") que hubiera
satisfecho incluso a los más radicales. Lo malo fue que no cumplieron su
palabra y que al final sus propuestas de reforma se han quedado en casi nada.
Dos o tres años
después de ese "compromiso inquebrantable" lo cierto es que el sistema
financiero sigue actuando básicamente bajo los mismos principios. Se sigue
permitiendo que se generen burbujas especulativas y que los bancos las
alimenten desatendiendo la financiación a empresas y consumidores.
Se ha dejado que
financieros con los mismos pocos escrúpulos que los que difundieron las
hipotecas basura ahora arruinen países enteros apostando especulativamente
contra su deuda soberana (que ellos mismos provocaron). Se han hecho algunos
cambios de fachada pero los paraísos fiscales siguen actuando y la mayoría de
los bancos y las grandes empresas (28 de las 35 más grandes españolas según un
informe reciente) los utilizan para facilitar la evasión fiscal y los delitos
económicos de sus clientes. Se han modificado las normas que regulan las
exigencias de capital de los bancos en los llamados Acuerdos de Basilea pero de
forma tan moderada y descafeinada que ni serán de aplicación rápida ni
completa.
No sólo no se han
tomado medidas efectivas para lograr la transparencia prometida o que eviten en
el futuro nuevas recaídas de la banca internacional, sino que se han acordado
normas que van por la vía contraria: por ejemplo, permitir que los bancos
valoren en sus balances sus propiedades a precios de adquisición, mucho más
altos, y no a los actuales de mercado, mucho más bajos, para así disimular sus
pérdidas. O se han realizado pruebas de estrés bancario para saber si los
bancos están o no en buena situación patrimonial, claramente manipuladas
también para ocultar la realidad. Así lo demuestra el hecho de que los bancos
irlandeses las pasaran con éxito en 2010 y semanas después hubiera que
inyectarles 80.000 millones de euros porque resultó que estaban en la ruina.
Es verdad que
gracias a los programas de gasto masivo de los gobiernos se pudo evitar un
desastre y que se apreciaran los llamados "brotes verdes" pero, como
analizamos anteriormente, durante muy poco tiempo y con fuerza tan escasa,
sobre todo en Europa, que, en lugar de acabar de verdad con la crisis, lo que
provocaron fue que detrás de ellos viniera el gravísimo problema de la deuda y
la intervención de Estados soberanos.
MÁS DE LO MISMO Y EMPEORAMIENTO
DE LA SITUACIÓN
ECONÓMICA
La prueba de que
no se han tomado las medidas adecuadas es que, según la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), el número de personas
desempleadas en el mundo registró un récord histórico de 205 millones de
desempleados al inicio de 2011, que haya aumentado también la pobreza o las
personas que pasan hambre y que la actividad económica no se haya recuperado
aún con suficiente consistencia como consecuencia de que las autoridades no han
logrado lo principal: que fluya de nuevo el crédito para la creación de empleo
y riqueza productiva.
Aunque, por el contrario, lo que sí viene ocurriendo es
que aumenta el número de personas con grandes fortunas, el de las que tienen al
menos un millón de dólares subió el 8,3 por ciento hasta los 10,9 millones de
personas en 2010, lo que significa que el 0,16 por ciento de la población
mundial se apropia ya del equivalente al 66 por ciento de los ingresos
mundiales anuales.
Hasta el propio
Fondo Monetario Internacional ha reconocido que la crisis y las medidas que se
están tomando están incrementando la desigualdad social en el mundo. Lo que,
dicho de otra manera, significa simplemente que con la excusa de salir de la
crisis lo que en realidad ha conseguido es favorecer aún más a los propietarios
del gran capital y a las clases más ricas.
Esto es igualmente
evidente en España, en donde las reformas que se han adoptado no han logrado
disminuir el paro ni mejorar el crédito ni aumentar la actividad pero sí
aumentar el contraste entre las ganancias de los trabajadores y las de los
bancos y de las grandes empresas.
Los beneficios de
las 35 mayores empresas españolas que cotizan en Bolsa fueron de 51.613
millones de euros en 2010, lo que supone una subida del 24,7 por ciento con
respecto al año anterior, mientras que los salarios perdieron 2 puntos
porcentuales de poder adquisitivo en ese mismo año, cuando sólo subieron alrededor
del 1 por ciento frente al 3 por ciento de la tasa de inflación.
Así, mientras que
los bancos y las grandes empresas logran esos beneficios elevadísimos, las
pequeñas y medianas siguen sufriendo la escasez de crédito y la exigencia de
tipos y condiciones de garantía más elevada. Así lo señalaba a principios de
2011 un estudio de las Cámaras de Comercio al indicar que el 87,3 por ciento de
las pequeñas y medianas empresas declaran problemas para acceder a la
financiación.
En definitiva, los
líderes mundiales no han aplicado ni a nivel global ni en sus respectivos
países ni siquiera las medidas que se habían comprometido a poner en marcha. En
lugar de ello rápidamente se limitaron a volver a aplicar las políticas
neoliberales de austeridad y recortes salariales que han procurado que aumenten
los beneficios pero no el empleo ni la creación de riqueza. Y se ha podido
comprobar, por ejemplo en el caso de Irlanda, que los países que han sido
alumnos más aventajados a la hora de aplicar estas últimas han sido los que
están sufriendo peores resultados en sus economías, mientras que los que
optaron por separarse de la ortodoxia neoliberal han podido evitar con mayor
facilidad las consecuencias de la crisis.
Por eso, frente a
la impotencia, o la falta de voluntad, de las autoridades para resolver los
auténticos problemas que han dado lugar a la crisis, es más urgente que nunca
proponer y aplicar otras medidas y políticas alternativas que de verdad puedan
hacernos salir de hoyo en el que se encuentran nuestras economías.
A nuestro juicio
estas políticas deben estar encaminadas a hacer frente a cuatro cuestiones
principales cuya resolución nos parece imprescindible para salir de la crisis.
La primera se
refiere a la reforma profunda de las finanzas internacionales y de la actividad
bancaria para garantizar que la creación de empleo y riqueza disponga de
recursos y financiación suficientes.
La segunda se
orienta a crear las condiciones que permitan volver a crear empleo de modo
sostenible y decente, algo que no va a ser posible manteniendo el modo de
producir y de consumir que ha predominado hasta ahora.
La tercera se
refiere a la imperiosa necesidad de poner fin a la causa última que provoca la
crisis y que, como hemos señalado, no es otra que el impresionante incremento
de la desigualdad en todas sus manifestaciones.
La última tiene
que ver con un aspecto que igualmente tiene un papel fundamental como
desencadenante de los problemas económicos que sufrimos en nuestra época: el
necesario cambio de nuestra posición en el mundo de la economía, de nuestra
cultura, de nuestros valores y de nuestros comportamientos personales.
A continuación
abordaremos las cuestiones más generales que plantea todo ello y en los
siguientes capítulos analizaremos las cuestiones más concretas.
REFORMAS FINANCIERAS
PENDIENTES,
REFORMAS INEVITABLES
Para salvaguardar
los intereses de los bancos más poderosos del mundo las autoridades económicas
nacionales y los grandes organismos internacionales evitan llevar a cabo
reformas fundamentales en el sistema financiero y en el conjunto de la
economía, y eso a pesar de que ellos mismos reconocieron algunas como
inevitables. Aunque, eso sí, lo reconocieron cuando estaban asustados al inicio
de la crisis, con los bancos sobre la lona como boxeadores completamente
groguis, para olvidarlas cuando los banqueros empezaron a recuperarse y a
retomar el poder de siempre.
Si se quieren
evitar los problemas de inestabilidad y perturbaciones financieras constantes y
poner fin a la permanente carencia de recursos financieros para crear la
actividad que satisface las necesidades humanas, es imprescindible, a nuestro
entender, llevar a cabo, al menos, reformas que persigan objetivos como los
siguientes.
Someter a las finanzas
La primera de ellas
es la orientada a someter a las finanzas y a los financieros a la legalidad y a
principios de comportamiento semejantes a los que habitualmente se exigen al
resto de las personas y empresas, de responsabilidad, transparencia, simetría,
veracidad, etcétera.
La crisis que
estamos viviendo es en realidad la historia de una serie de estafas cometidas
por banqueros y entidades financieras en los últimos años que culminaron con la
difusión masiva de un producto cargado de falsedad y riesgo estratégicamente disimulados.
Sólo en España se
han producido casos como los de Gescartera, una trama política, financiera y
eclesiástica, que hizo desaparecer más de 20.000 millones de euros, o el engaño
sistemático de los bancos a miles de personas al incorporar cláusulas engañosas
en sus contratos hipotecarios en forma de swaps, clips o diferentes formas de
"seguros" que en realidad eran productos financieros opacos y muy
arriesgados que finalmente les han hecho perder docenas de miles de euros. En
muchos casos los propios directores de las sucursales reconocen que ni ellos
mismos sabían la naturaleza real del arriesgado producto financiero que
colocaban de cualquier manera a sus clientes.
Es de dominio
público que casi cualquier sucursal bancaria se ofrecía en España a blanquear
cualquier cantidad de dinero a sus clientes, sobre todo si éstos eran
adinerados, que los bancos han sido los principales cómplices de las personas
que han evadido dinero a Hacienda y que la mayoría de ellos ha dispuesto y
sigue disponiendo de sedes en paraísos fiscales para ello. Y las autoridades
monetarias de todo el mundo son perfectamente conscientes de que los bancos
llevan a cabo de forma habitual operaciones financieras que no aparecen en sus
balances o que sirven de canal para que se realicen los negocios más sucios y
deleznables de tráfico de armas, de drogas o de personas. Sin embargo,
prácticamente nadie, salvo personajes de segunda fila y en los casos menores,
ha pagado por ello.
Esta forma de
actuar y la impunidad que suele acompañarla constituyen, además, un problema
que no es sólo financiero o económico, sino también político y social puesto
que los financieros que ganan cada vez más dinero rápida y fácilmente de esa
forma adquieren a su vez un poder extraordinario al margen de los gobiernos y
de los demás poderes representativos, y así logran una capacidad completamente
antidemocrática de decidir y de imponer su voluntad al resto de los ciudadanos.
Acabar con la desnaturalización del negocio bancario
Para evitar que
las fuentes de inestabilidad financiera crezcan sin parar haciendo saltar
constantemente las bases de toda la economía mundial, como viene sucediendo en
los últimos años, es también inevitable poner fin a la actuación de los bancos
y del sistema financiero en general como mecanismos a través de los cuales se
canaliza el ahorro hacia la actividad especulativa y como creadores
artificiales de una deuda que está a punto de hacer que se colapse la economía
mundial.
Y no basta, como
la experiencia ha demostrado, con aumentar tímidamente sus exigencias de
capital, es decir, con elevar un poco la cobertura real de las operaciones de
naturaleza ficticia que han convertido en su negocio principal, tal y como se
ha hecho en la revisión de los acuerdos de Basilea que regulan el
funcionamiento de la banca internacional.1
Hay que ir mucho
más lejos. Se trata de acabar con la situación absurda a la que ha llevado el
capitalismo convertido en un casino financiero de nuestros días. Cada día hay
más recursos circulando en torno a operaciones financieras ficticias
(actualmente 4 billones de dólares diarios sólo en los mercados de divisas
según el Banco Internacional de Pagos) que no aportan
riqueza material alguna, sino sólo cifras más abultadas en
las cuentas bancarias de los grandes financieros. Y, mientras tanto, la
actividad productiva, los empresarios y los emprendedores, los trabajadores
autónomos, los consumidores y los organismos y las organizaciones
internacionales que luchan contra la pobreza y el hambre tienen restricciones
de crédito para poder generar bienes y servicios que satisfagan las necesidades
humanas.
¿De qué sirve, por
ejemplo, que haya cada vez menos bancos y cada vez más grandes bancos globales
que operan en decenas de países y que usan sus beneficios multimillonarios para
comprar nuevos bancos si a la hora de poner en marcha los pequeños o medianos
negocios, que son los que crean empleo, es cada vez más difícil y más caro
disponer de la financiación necesaria?
En el capítulo VII
comentaremos con más detalle las medidas concretas que se pueden adoptar para
avanzar en este camino, que es fundamental, puesto que mientras no se aborde
será imposible que se recobre el necesario flujo de crédito a la economía real
y que no vuelvan a darse nuevas crisis como la actual.
Poner fin al terrorismo financiero
Casi todas las
crisis financieras que se han producido en los últimos cuarenta años han estado
ligadas, o han terminado por estarlo, con ataques de fondos financieros contra
intereses nacionales, contra monedas o contra la deuda soberana de los países.
Eso es justamente
lo que está ocurriendo hoy día en Europa, porque se ha dejado, como ha ocurrido
antes en otros lugares del mundo, que grandes bancos y fondos financieros,
mediante rumores que ellos mismos extienden o con la complicidad criminal de
las agencias de calificación, generen las condiciones que les permiten ganar
más dinero especulando contra la deuda de los Estados.
De esa manera la
encarecen artificialmente y además utilizan para ello los recursos que deberían
usar para financiar a empresas y consumidores, y así provocan un verdadero caos
económico de terribles consecuencias, sobre todo para la población, a quien
luego los propios especuladores impone las políticas que les convienen para
seguir ganando dinero sin cesar.
Es preciso evitar
esta forma de terrorismo o de "crímenes económicos contra la
humanidad".2
Existen fórmulas para ello y sabemos, además, que han funcionado en otras
épocas. E incluso organismos tan apegados a los poderes financieros como el
Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial han tenido que reconocer,
aunque haya sido con la boca pequeña, que estarían justificadas y que si se
adoptaran en momentos de gravedad evitarían daños muy graves, como los que
viene sufriendo la economía desde hace tiempo. Entre ellas, las que nos parecen
más importantes y urgentes son las siguientes:
1.
Control de los movimientos de capital para evitar que su volatilidad desmedida
cuando sólo persiguen fines especulativos se traslade al conjunto de la
financiación y de la economía.
2. Establecimiento de impuestos y tasas
internacionales, por supuesto sobre los movimientos especulativos para
desincentivarlos y obtener financiación urgente para financiar el desarrollo,
pero también sobre el conjunto de las actividades económicas puesto que si la
economía es global debe serlo también la justicia fiscal.
3. Prohibición del uso como instrumento
especulativo de los llamados derivados de incumplimiento crediticio o credit
default swaps (CDS), que con toda razón fueron calificados por el
financiero Warren Buffet como "armas financieras de destrucción
masiva". Se trata de unos productos financieros muy sofisticados que se
asimilan a los seguros pero que en realidad no lo son porque se establecen
sobre algo que no es propiedad del asegurado y por eso producen resultados
catastróficos: si por ejemplo alguien va a cobrar mediante este seguro en caso
de que arda la casa del vecino, no sólo no le va a importar que arda sino que
incluso puede interesarle hacer lo posible para que se incendie cuanto antes.
4. Control de la actuación de los
financieros que a su vez controlan los mercados de derivados (que supone unos
700 billones de dólares) y los hedge funds. Algo que no es difícil si se
tiene en cuenta que el 80 por ciento de estos últimos está radicado en la City de Londres y que el
mercado de los primeros está controlado, según The New York Times, por
una élite que se reúne el tercer miércoles de cada mes en algún lugar del
Midtown de Manhattan que, aunque sea secreto, no debe resultar muy difícil para
las autoridades dar con él. 3
5. La separación de la banca comercial,
es decir, la que se dedica a financiar la actividad económica, de la que se
dedica a llevar a cabo inversiones financieras y, como veremos, poner fin al
privilegio que tiene la banca privada de crear dinero y, por tanto, de obtener
beneficio y poder cada vez que concede un préstamo.
Vigilar a los vigilantes
Como hemos
señalado, gran parte de los problemas que viene sufriendo la economía
internacional, y la española en particular, se debe a que los vigilantes no
vigilaron con la debida diligencia. Por torpeza, por ceguera ideológica o por
simple complicidad con los banqueros privados, los bancos centrales y los
gobiernos han dejado hacer de todo durante estos años.
Significativamente, a medida que los negocios financieros se iban
haciendo más complejos y poco transparentes, y por tanto más peligrosos, las
autoridades han relajado la vigilancia en lugar de reforzarla. En Europa, por
ejemplo, ya se regula y controla a nivel comunitario casi cualquier tipo de
actividad por secundaria que sea y, sin embargo, en lugar de haber dispuesto de
una única y potente supervisión financiera se ha permitido que hubiera ¡27
supervisores bancarios!, justamente lo que conviene a entidades que, como casi
todas las de hoy día, operan en varios países y así pueden aprovecharse de los
distintos criterios de supervisión.
El Banco Central
Europeo fue incapaz de prevenir la crisis, tomó las primeras medidas con
retraso, dio señales contradictorias, ha impuesto medidas de austeridad que han
paralizado la salida de la crisis y se empeñó en no intervenir hasta que era
demasiado tarde y ya era casi imposible evitar los daños provocados por los
ataques especulativos a Grecia, Irlanda, Portugal o España y ha hecho que los
costes de la crisis ahora resulten dramáticos para estos países.
Puede decirse con
pleno fundamento que el Banco Central Europeo es responsable de que las
consecuencias de la crisis sobre la población y en general sobre la economía
europea hayan sido especialmente graves y de que los especuladores hayan
realizado primero una extorsión y luego un verdadero saqueo de esos países.
Con toda la razón,
el premio Nobel de Economía Paul A. Samuelson escribía en uno de sus últimos
artículos que "las bancarrotas y las ciénagas macroeconómicas que sufre
hoy el mundo tienen relación directa con los chanchullos de ingeniería
financiera que el aparato oficial aprobó e incluso estimuló durante la era de
Bush". 4
En nuestro país ha
ocurrido prácticamente lo mismo. El presidente Aznar afirmaba que "España
va bien" cuando se estaba gestando la mayor burbuja inmobiliaria de
nuestra historia gracias a las medidas que tomaba su gobierno; el gobernador
del Banco de España no hacía caso alguno, como indicamos antes, a las
advertencias de sus inspectores sobre el endeudamiento gigantesco que promovían
irresponsablemente los bancos españoles, y el presidente Zapatero se empecinó
en afirmar durante meses que no había crisis alguna y así perdió un tiempo
precioso y favoreció al mismo tiempo que los banqueros levantaran cabeza y se
recuperaran. 5
Y, aunque también
gracias a la influencia que la banca tiene en los medios de comunicación se ha
conseguido hacer creer a la población que el Banco de España ha actuado con
gran acierto frente a la crisis, lo cierto es que, como explicamos en el
capítulo anterior, esa opinión no tiene mucho fundamento. A pesar de disponer
de grandes recursos materiales y personales no se percató del peligro que se
cernía sobre la economía española. En el Informe Anual de 2007 (escrito a
mediados de 2008) todavía se refería a lo ocurrido en el año analizado como un
"episodio de inestabilidad financiera", y un año antes no advirtió
nada especialmente peligroso. En su página 25 se escribía que "en los
primeros meses de 2007 ha
proseguido la fase de expansión de la economía española y las perspectivas
apuntan a su continuidad en el horizonte más inmediato" y sólo señalaba
"algunas incertidumbres sobre la continuidad del crecimiento de la
economía" pero "en horizontes más alejados".
Los que se
consideran a sí mismos los economistas capaces de decir a la sociedad lo que
debe hacer, los que dicen que ahora hay que recortar salarios y pensiones porque
presumen de que saben lo que va a pasar dentro de cincuenta años, resulta que
no se dieron cuenta de la crisis que se nos venía encima cuando ya casi todo el
mundo la sentía sobre sus espaldas.
En nuestra opinión
todos estos comportamientos indican que para salir de la crisis es preciso
también un cambio radical en el estatuto que tienen las autoridades monetarias
y establecer un control social mucho más directo y auténtico sobre la clase
política y sobre los poderes públicos, como la magistratura (que en tantas
ocasiones ha sido aliada del poder financiero), para evitar que las finanzas se
conviertan en un auténtico territorio sin ley. Es decir, para salir de la
crisis hace falta también mucha más democracia, democracia real, como veremos
en el capítulo IX.
LOS NECESARIOS CAMBIOS
ESTRUCTURALES
La causa más
inmediata de la crisis es, tal y como hemos señalado, la falta de financiación
a empresas y consumidores. Por tanto, es cierto que si no se garantiza que
vuelva a fluir será imposible que se salga de la crisis con suficiente
seguridad y fortaleza, tal y como estamos viendo que ocurre claramente en
España.
Pero lo grave de
esta crisis es que esta primera e inmediata condición no es suficiente para
salir adelante, en ningún lugar del mundo pero de un modo especial en nuestro
país. Si se consiguiera que hubiera financiación suficiente pero se dirigiera
al mismo tipo de actividad productiva y para llevarla a cabo de la misma forma
y con el mismo uso que hasta ahora, los problemas estructurales que han
coadyuvado a que la crisis se produzca volverán a aparecer y de nuevo nos
encontraríamos en una situación insostenible desde el punto de vista económico,
ambiental y social.
Como vimos en el
capítulo anterior, la crisis singularmente grave de España, sobre todo desde el
punto de vista del empleo, es el resultado de la combinación de varios factores
de perturbación que tienen su origen en la prevalencia de un modelo de
crecimiento que provoca la insuficiencia estructural de recursos endógenos, la
utilización demasiado intensiva de recursos naturales y gran desigualdad y
endeudamiento. Tres circunstancias
que a medio, e incluso a corto plazo, son insostenibles y,
por tanto, incapaces de soportar la generación de la actividad y el empleo a lo
largo del tiempo. Si queremos salir de la crisis con más empleo y bienestar
social, debemos empezar a sostener la actividad económica en otro tipo de
actividades caracterizadas por un uso diferente, más equitativo, racional y
sostenible de los recursos materiales, humanos y naturales.
Nuevas actividades productivas
Nos guste o no, es
completamente imposible que España vuelva a recobrar los niveles de crecimiento
y empleo de años anteriores basándose de nuevo en actividades vinculadas a la
construcción, tanto en el sector inmobiliario como en el de infraestructuras de
carácter tan claramente antieconómico y antisocial como los trenes de alta
velocidad, las autovías o
incluso los transportes de metro de la mayoría de las
ciudades, concebidos y diseñados casi en exclusiva para proporcionar beneficio
a sus constructores.
Por tanto, es
imprescindible orientar los recursos a la generación de otro tipo de
actividades de las que hoy día son capaces de generar mayor valor añadido y, al
mismo tiempo, empleo, como, entre otras, las que tienen que ver con las
energías renovables, con la innovación y las nuevas tecnologías, con la
cultura, el ocio y la creación, con el reciclaje y el medio ambiente, con la
agricultura, con los servicios sociales y los cuidados y, siempre, con las que
permiten la producción más directa y descentralizada de los bienes y servicios
que necesita la población o un componente más humano y cercano de conocimiento,
habilidades personales o materiales y formación.
El problema para
el desarrollo de esta nueva gama de actividades es que no hacen falta solamente
muchos recursos financieros y humanos e incentivos potentes para promocionarlas
y ponerlas en marcha. También se necesitan mercados, sinergias productivas y
sectoriales, es decir, interrelaciones y apoyos de unas actividades con otras,
experiencia, transportes adecuados, conocimientos previos para diseñarlas y
materializarlas, empresas y organizaciones adecuadas para crearlas y
desarrollarlas. Y, por supuesto, demanda solvente, no sólo con ingresos suficientes
sino con preferencia hacia este tipo de nuevas actividades. Es decir, necesitan
en realidad un nuevo tipo de sociedad, lo que nos enfrenta a una gran
disyuntiva: cambiar es difícil pero continuar por el mismo camino es
sencillamente suicida.
El difícil cambio de modelo
España se enfrenta
a esta exigencia de cambio con tres grandes dificultades. La primera que, salvo
en casos singulares, carece de casi todos esos requerimientos, al menos con la
dotación o la generalidad necesarias.
Esta insuficiencia
impide que el proceso de cambio productivo pueda ser solamente el resultado de
fuerzas anónimas o impersonales de mercado. Se trata de una carencia más bien
de capital social que de capital físico o financiero, en el sentido de que lo
que se necesita es un tipo específico de contribución a la creación de renta
nacional y de interrelación entre los sujetos económicos más que
"dinero" o recursos materiales. Y, por esa razón, sólo puede ser el
final de un proyecto social compartido, negociado, prediseñado y combatido
porque, lógicamente, habría de enfrentarse a los intereses económicos y
financieros que apuestan por un modo de entender la economía que lleve
simplemente a la ganancia privada y de la forma más rápida y segura. Por eso un
cambio como éste no es posible sin una presencia muy importante de los poderes
públicos (en el sentido más estricto y radicalmente democrático de la
expresión) como reflejo de las preferencias sociales y como garantía de que
éstas se respetan a la hora de tomar decisiones. Y por eso es fundamental
oponerse a la estrategia de debilitar el sector y la iniciativa pública que
promueven los intereses que sólo buscan el beneficio. Lejos de ello, hay que
fortalecerlos no sólo económicamente incrementando el gasto público, sino también
políticamente, reforzando sus competencias y ampliando la forma en que la
ciudadanía puede formar parte de ellos.
La segunda
dificultad proviene de que España tiene hoy día la mayoría de sus recursos, una
gran parte de su inteligencia colectiva, las grandes organizaciones y las
empresas necesarias para servir de base a nuevas actividades (en energía,
telecomunicaciones, transportes, distribución y finanzas, sobre todo), su
sistema formativo y las actividades hasta ahora más capaces de generar ingresos
vinculados a intereses foráneos como resultado de las privatizaciones ya
llevadas a cabo y de la compra masiva de empresas y grupos de empresas
españolas por capital extranjero.
Esto plantea la
necesidad de poner sobre la mesa algo sobre lo que muy pocos quieren o se
atreven a hablar pero que es crucial para el futuro de la economía española: la
recuperación para la sociedad de las empresas que fueron privatizadas
inútilmente, siguiendo simples criterios ideológicos neoliberales que sólo
buscan beneficiar a grupos e intereses privados, y produciendo un perjuicio
gravísimo, del que algún día tendrían que responder sus responsables políticos
a la ciudadanía española.
A nuestro juicio
será prácticamente imposible que España pueda corregir su rumbo económico y que
pueda salir de la crisis sin sufrir durante muchos años sus consecuencias si no
se devuelven al Estado estas empresas privatizadas y creemos firmemente que
luchar por recobrarlas debe ser un objetivo patriótico al que no podemos
renunciar para poder levantar nuestra economía y hacerla descansar sobre bases
mucho más sólidas y equitativas.
La tercera
dificultad es que una estrategia de esta naturaleza es contraria, como
comentaremos en otros capítulos, a las dinámicas neoliberales dominantes en la Unión Europea y,
sobre todo, a la idea según la cual lo que deben buscar las economías
nacionales es ser competitivas en el exterior aunque eso, como veremos más
adelante, lleve a un deterioro aún mayor de la demanda interna y al
empobrecimiento generalizado.
En nuestra opinión
la tendencia debe ser la contraria. No ha habido a lo largo de la historia
economías que hayan llegado a ser competitivas de un modo sostenido y auténtico
sin haber consolidado antes el más amplio posible y potente mercado interno. Tratar
de ocupar posiciones de fortaleza en los mercados internacionales sin asegurar
con anterioridad una fuente de
ingresos endógenos potentes es completamente inviable,
salvo que se trate de un país de dimensiones o recursos excepcionales, como
pueda ser China en estos momentos.
Por eso creemos
que la única estrategia capaz de lograr el cambio de modelo productivo del que
casi todos los grupos políticos y sociales hablan no puede ser, como casi todos
dicen, la de volcarse sin red (es decir, reduciendo nuestros salarios) en el
exterior, sino la que consiga que la economía española dé la vuelta para
concentrarse en sí misma, algo que de ninguna manera implica una tentación
autárquica o aislacionista. Simplemente significa que se ha de anteponer a
cualquier otro objetivo el de la satisfacción de la población, el del
equilibrio territorial, sectorial y personal y, para que ello sea posible, el
de distribuir de modo mucho más equitativo el ingreso y la riqueza.
La
economía de la igualdad
Ya hemos comentado
que la causa última que está detrás de la hipertrofia de las actividades
financieras especulativas es la enorme desigualdad que se ha ido produciendo en
los últimos cuarenta años. La continua pérdida de peso de los salarios y la
concentración de las rentas en una proporción cada vez más pequeña de la
población es lo que ha permitido, por un lado, que creciera el negocio bancario
y, por tanto, el poder político de los banqueros como consecuencia del
inevitable mayor endeudamiento que sufren principalmente las familias, los
trabajadores autónomos y los pequeños y medianos empresarios. Y, por otro, que
se acumulara una cantidad tan grande de dinero ocioso, que no dirige al consumo
de bienes y servicios sino sólo a la inversión ficticia en papel y productos financieros
muy rentables pero de alto riesgo.
Como comentaremos
con más detalle a la hora de hacer propuestas más concretas en otros capítulos,
reducir la desigualdad no es sólo una cuestión de deseo moral, que ya de por sí
es importante. Además es la forma de hacer que las economías, incluso las
capitalistas, funcionen mejor puesto que la distribución más igualitaria
proporciona ingresos más repartidos que se destinan en mayor medida a la
adquisición de bienes y servicios, lo que proporciona mayor oportunidad de
ventas y, por tanto, de beneficios a las empresas. Cuanto más concentrada esté
la renta, menor será el volumen de producción necesario para satisfacer la
demanda de consumo (que en el capitalismo sólo puede realizar quien tenga
dinero) y el número de empresas necesarias para realizarla.
Los datos, como ya
mencionamos, no dejan la menor duda sobre este asunto. En 1976 el 1 por ciento
más rico de Estados Unidos recibía el 9 por ciento de los ingresos brutos y en
los años de gobierno de Bush recibía el 20 por ciento de los ingresos brutos,
apropiándose del 75 por ciento de la riqueza generada. 6
Además este
incremento de la desigualdad no se manifiesta solamente en la concentración tan
exagerada de la renta que se canaliza hacia los mercados financieros sino que
tiene una manifestación multidimensional que afecta de forma negativa a todos
los aspectos de la vida social.
Por eso la única
forma de salir con certeza de la crisis y de evitar que otras más graves
vuelvan a producirse con mayor fuerza de las que se vienen produciendo, y, por
supuesto, la mejor y más auténtica vía para avanzar hacia una sociedad más
justa y humana, es combatir la desigualdad en todas sus manifestaciones.
Desde el punto de
vista económico eso implica actuar de forma inevitablemente complementaria en
dos frentes.
Por un lado, en
los procesos en donde se originan los ingresos, es decir, en la retribución por
el uso del trabajo y del capital del que disponga cada uno.
Por otro, en el
campo de la llamada redistribución de la renta, que es la que lleva cabo el
Estado a través de su gasto público (mediante pensiones, servicios públicos,
ayudas, becas, subvenciones, etcétera) o de los impuestos para tratar de
corregir la distribución "originaria" anterior.
La actuación debe
ser complementaria en ambos campos porque si la distribución originaria es muy
desigual será muy costoso reducirla, no sólo financieramente sino también
políticamente porque los más beneficiados adquirirán de esa forma mucho poder y
podrán evitar que se tomen medidas correctoras.
Y además porque, aunque la distribución originaria sea más
o menos igualitaria, siempre habrá circunstancias personales, accidentales o no
deseadas que requieran la acción correctora o paliativa del Estado.
Lograr que en los
mercados de factores productivos, donde se retribuye al trabajo y al capital,
se produzca una distribución más igualitaria no es fácil y la experiencia nos
dice que resulta casi imposible si se deja que los trabajadores que intervienen
no tengan protección alguna, por la sencilla razón de que parten de una
posición muy desigual a la hora de negociar.
Los factores que
desprotegen a los trabajadores y que los llevan a tener que aceptar condiciones
salariales o retributivas más desfavorables (disminuyendo tanto su salario
individual como su salario colectivo, protección social), y por tanto los que
aumentan la desigualdad originaria, son muy variados y no sólo económicos:
escasa presencia de sindicatos, negociación "uno a uno" o poco
centralizada, desempleo abundante, falta de formación, carencia de normas o
leyes laborales que fijen derechos laborales, etcétera. Todos ellos dejan más
solos a los trabajadores frente a sus empleadores y, por tanto, hace que éstos
dispongan de mayor poder para imponerles peores condiciones de salario y
trabajo.
Lo que
precisamente ha ocurrido en los últimos años es que los propietarios del gran
capital han logrado imponer a través de políticas y reformas legales estas
circunstancias que son las que han hecho que disminuyan los salarios en el
conjunto de las rentas, la participación de los trabajadores en el reparto de
la tarta y que, en consecuencia, aumente la desigualdad. Y lo que a corto plazo
resulta, por tanto, imprescindible es invertir esta tendencia para lograr una
distribución de los ingresos más equitativa porque sólo de esa forma se va a
poder conseguir que se amplíe la demanda solvente, lo que, en las condiciones
de economías capitalistas de mercado en las que nos encontramos, se necesita
para que se puedan producir más bienes y servicios.
Nuestra propuesta
en este sentido es que para salir de la crisis y poder poner en marcha el
cambio en el modelo productivo, que no afecta solamente al tipo de actividad
económica a llevar a cabo sino también al tipo de uso que se haga de los
factores productivos, se hace imprescindible un gran pacto nacional de rentas
orientado a garantizar, como comentaremos más concretamente en el capítulo VI,
una participación más elevada de los salarios en la renta nacional, única forma
de sostener la demanda interna, de fortalecer el mercado, de evitar la deriva
especulativa y de garantizar, por tanto, el cambio hacia el modelo productivo
al que hemos hecho referencia con anterioridad.
Para lograr un
objetivo de esa naturaleza hay que tener en primer lugar preferencia (social) y
voluntad (política) para alcanzarlo. La primera se crea mediante estímulos,
incentivos, cultura y, sobre todo, garantizando y promoviendo el debate social
democrático. La segunda es el resultado del pulso que constantemente echan
entre sí los diferentes grupos sociales.
Pero, además de
ello, se necesitan instrumentos, medidas de actuación.
Entre las más
importantes de las relativas a las rentas originarias se encuentran, por encima
de cualquier otra, establecer las condiciones que permitan la generación de
empleo decente y estable, que analizamos en el siguiente capítulo, y otras como
la política de salarios mínimos, el fomento del empleo indefinido, la
negociación de las ganancias de productividad, la participación de los
trabajadores en las empresas, las políticas de igualdad y las medidas de
responsabilidad y corresponsabilidad en su seno, la promoción de nuevas formas
de propiedad cooperativa y social. Y en relación con la redistribución de la
renta, tal y como veremos en los capítulos siguientes, es imprescindible
recuperar el valor y el aprecio a los impuestos como instrumento de cohesión
social, la generación de capital social suficiente y crear un modo de producir
y de consumir que no sea a la postre depredador de los recursos que utiliza y
de los ecosistemas en los que actúa.
OTRA ECONOMÍA, OTRAS RELACIONES SOCIALES,
OTROS SERES HUMANOS
No podemos
soslayar el hecho fundamental de que los problemas que estamos viviendo son en
realidad un momento de una crisis que va mucho más allá de lo puramente
financiero o económico. Los acontecimientos que se han producido, la quiebra de
instituciones gigantescas; el sometimiento del planeta, de cientos de millones
de personas ante los designios de unos pocos inversores ocultos ante la máscara
de "los mercados", como si en realidad no fueran nada ni nadie, sino
una especie de fuerza impersonal y aséptica; la ignominia que supone que
entidades bancarias (también personas normales y corrientes sabiendo o no lo
que hacen) inviertan para lograr que suban los precios de los productos
alimenticios (como antes hacían con las viviendas), lo que da lugar a que
mueran de hambre docenas de millones de personas; el engaño civil que supone la
puesta en marcha de reformas laborales, de las pensiones o de los servicios
públicos a sabiendas de que lo que van a conseguir no es lo que se le dice a la
población sino el mayor beneficio de unos pocos; la destrucción del planeta, la
indiferencia ante su degradación o ante la generalización de un modo de
producir que genera más desechos que bienes; la generalización de situaciones
de exclusión y de discriminación que son realmente las que permiten la sumisión
necesaria para que todo esto pueda darse... Todo ello, la mitificación del
dinero, la universalización de lo mercantil que lleva a que todas las
dimensiones de nuestra vida humana se hayan puesto en venta, la avaricia
descontrolada, el cultivo del egoísmo y el fomento de la desinformación o la
constante manipulación de las conciencias, nos indica que si todo lo que hemos
comentado se ha podido producir es porque alguien con demasiado poder ha
logrado poner el mundo "patas arriba", invertir los valores y las
prioridades y llevarnos a los seres humanos por un camino que no es el que nos
permite alcanzar plenitud como tales y que no es otro que aquel en el que
predomina la cooperación y no la competencia agresiva, la solidaridad y no el
combate, la paz y no la violencia.
Por eso en la
nueva agenda que debemos abrir para tratar de salir con más bienestar de la
situación en la que estamos debemos incluir, como haremos en el penúltimo
capítulo, una estrategia apropiada que nos permita ir cambiando de rumbo y
encaminarnos hacia horizontes de mayor humanidad y armonía con la naturaleza.
***
IV
Las condiciones
para crear empleo decente
El problema social
que con mayor gravedad afecta a los ciudadanos es la falta de empleo, y es
natural. La mayoría de las personas podemos vivir y satisfacer nuestras
necesidades gracias a los ingresos que nos proporciona el trabajo remunerado o
las pensiones que se reciben precisamente por haber tenido con anterioridad
empleos y haber cotizado a la Seguridad Social en ellos.
Por eso es lógico
que la mayoría de la población desee que las políticas de los gobiernos se encaminen
a facilitar la creación de puestos de trabajo y que los políticos siempre se
presenten ante la gente como preocupados por conseguir este objetivo.
Pero en este
campo, como en ningún otro, no debemos ser ingenuos. En apariencia todos
estamos interesados en que se cree el mayor número de empleos pero eso es sólo
una apariencia porque también hay grupos de interés muy poderosos a quienes no
les conviene que haya pleno empleo y que todas las personas que lo deseen
dispongan de un puesto de trabajo bien remunerado.
Así lo han
detectado muchos científicos y es algo que incluso han reconocido muchos
dirigentes políticos. El que fue ministro español de Economía, Carlos Solchaga,1 lo
expresó claramente en un libro en el que comentaba su experiencia de gobierno:
"La reducción del desempleo, lejos de ser una estrategia de la que todos
saldrían beneficiados, es una decisión que si se llevara a efecto podría
acarrear perjuicios a muchos grupos de intereses y a algunos grupos de opinión
pública".
Eso es así porque
cuando hay un alto nivel de desempleo se puede contratar el trabajo a salarios
más bajos ya que hay más personas que desean trabajar pero que no encuentran
empleo y, por tanto, estarán dispuestas a aceptar sin rechistar las condiciones
de trabajo que les ofrezcan.
En nuestro país
hemos podido comprobar en los últimos años que la presencia de gran número de
inmigrantes ha sido utilizada para contratar a más bajo salario y que incluso
ha sido fomentada la presencia de trabajadores sin papeles precisamente porque
su estado de mayor necesidad permite a empleadores que sólo buscan el máximo
beneficio contratarlos en condiciones más favorables para ellos.
El interés que
puedan tener algunos grupos sociales poderosos en que haya desempleo es, por
tanto, algo que no se puede olvidar para entender por qué en los últimos años
todo el mundo habla de crear empleo y, a la postre, no se crea el suficiente y
el que se crea es de baja calidad, con malas condiciones de trabajo, pocos
derechos reconocidos y de bajo salario.
En cualquier caso,
para poder determinar lo que más conviene hacer para crear puestos de trabajo,
vamos a repasar en primer lugar las ideas que defienden al respecto quienes nos
gobiernan; después vamos a mostrar que antes y ahora, en plena crisis, se
corresponden poco con la realidad, y finalmente indicaremos, a la vista de la
experiencia real, cuáles son las condiciones que a nuestro juicio sí
permitirían crear el empleo que necesita nuestra economía y nuestra sociedad.
LAS CAUSAS DEL PARO
Y LAS CONDICIONES PARA CREAR EMPLEO
La fórmula que se
viene presentando desde hace años como la adecuada para crear empleo la conocen
perfectamente todos los ciudadanos porque se repite hasta la saciedad. En
efecto, es muy habitual leer en prensa titulares como los siguientes que han
terminado por convertirse en el credo dominante: "El Banco de España
insiste en moderar salarios para crear empleo", "El Banco de España
urge moderar los salarios para evitar los despidos", la CEOE (es decir, la
organización patronal que defiende los intereses de los empresarios)
"insiste en que se debe seguir con la moderación salarial para propiciar
la recuperación del empleo".2
Pero si se afirma
que lo que hay que hacer para crear empleo es reducir salarios no es porque
haya evidencia científica de ello.
Las
propuestas neoliberales
La idea que
defienden los economistas y los políticos liberales es que el trabajo es una
mercancía más que se compra y se vende en un mercado como otro cualquiera. Los
trabajadores ofertan sus horas disponibles de trabajo en función del salario
que esperan obtener (si es más alto, desearán trabajar más y, si es muy bajo,
menos). Y las empresas demandan trabajo comparando el salario que han de pagar
por él con la productividad que pueden obtener al utilizarlo.
De esa manera los
liberales creen que se puede fijar un salario que iguala en un momento dado la
cantidad ofertada por los trabajadores y la demandada por los empresarios y
que, por tanto, representa una situación de pleno empleo.
Si el salario
fuera demasiado bajo, habría una gran demanda de trabajo por parte de los
empresarios pero insuficiente oferta de trabajo porque, dicen los defensores de
este punto de vista, siendo el salario demasiado bajo, los trabajadores
preferirían el ocio al empleo. Y si el salario fuera demasiado alto, ocurriría
lo contrario: habría muchos trabajadores deseosos de trabajar, pero muchas
empresas no estarían dispuestas a contratarlos a esos salarios tan elevados.
Por tanto, dirían
los liberales, para que haya pleno empleo lo importante es que se den dos
circunstancias. La primera, que los salarios sean suficientemente moderados
porque si son muy altos las empresas no van a contratar a todos los
trabajadores que deseen trabajar y habrá paro. Por eso los liberales afirman
que el paro o desempleo es siempre voluntario, porque podría eliminarse
simplemente si los trabajadores aceptan trabajar a salarios más bajos.
La segunda
circunstancia para que haya pleno empleo es, por tanto, que los salarios puedan
subir y bajar libre y fácilmente, que los trabajadores puedan ir sin dificultad
allí donde haya un empresario demandando un empleo. Y que los empresarios
puedan contratar allí donde lo necesiten y en las condiciones en que les
resulte más apropiado. Cuando esto ocurre, se dice que el mercado de trabajo es
flexible y, cuando no, que es rígido.
Y de esta segunda
circunstancia los liberales deducen que para crear empleo lo que debe haber es
la mayor flexibilidad posible en el mercado laboral. Mientras que el desempleo
se explica porque hay factores que hacen que el mercado sea demasiado rígido.
Los factores que
provocan esta rigidez son en realidad los mismos que hacen que los salarios
sean demasiado altos y produzcan desempleo.
La mayoría de las
personas, por poco informadas que estén, saben también cuáles son estos
factores a los que se culpa de la rigidez en el mercado de trabajo y del paro,
porque se hace constante referencia a ellos en los medios de comunicación y en
los discursos políticos y de los economistas ortodoxos.
El más habitual y
criticado es el de los sindicatos. Se afirma que crean rigidez porque defienden
los intereses de los trabajadores y, por tanto, porque no aceptan cualquier
nivel de salario ni cualquier condición laboral, es decir, porque han logrado a
lo largo de toda su historia que se reconozcan normas laborales que protegen a
la parte más débil de la relación de trabajo. Es fácil imaginar cómo serían las
condiciones de trabajo (simplemente recordando cómo eran en el siglo XIX) si no
hubieran existido sindicatos y si no se hubiera conseguido que se reconozcan
los derechos de los trabajadores.
Otro factor que
los liberales afirman que provoca rigidez son precisamente todas las normas que
protegen a los trabajadores o que les conceden derechos: si hay salario mínimo,
se dirá que no se crea empleo porque no se permite que haya empresas que puedan
crear puestos de trabajo más baratos. Si hay subsidios para los desempleados,
se dirá que entonces los parados preferirán vivir de las ayudas y que no
aceptarán los empleos que se les ofrezcan. Si hay cotizaciones sociales
elevadas para poder financiar pensiones dignas, se dirá que eso encarece el
coste del trabajo. Si hay convenios colectivos que fijan condiciones de trabajo
decentes para todos los trabajadores, se dirá que, además de encarecer el
trabajo, se limita la libertad de contratación y que eso provocará desempleo...
Y, en
consecuencia, los liberales defienden que, para poder crear puestos de trabajo
suficientes, lo que hay que hacer es llevar a cabo continuas reformas en los
mercados de trabajo para eliminar todos estos factores de rigidez y para
proporcionar, por el contrario, la flexibilidad suficiente a las relaciones
laborales que permita alcanzar el pleno empleo.
Estas ideas sobre el
mercado de trabajo y la creación de empleo que se presentan como el último hito
son realmente muy antiguas, de finales del siglo XIX. Cuando se han recuperado
para darle cobertura ideológica a las políticas neoliberales, se han presentado
bajo la forma de teorías económicas muy sofisticadas y con mucho aparato
matemático para dar a entender que se trata de proposiciones científicas muy
modernas, pero su sustrato final es el antiguo que acabamos de señalar por
mucho que se presenten disfrazadas de modernidad a la opinión pública.
Siguiendo estos principios, en los últimos años se han realizado multitud de
trabajos orientados a mostrar que, por ejemplo en Europa o en España, existen
factores de carácter institucional como los antes mencionados, que son los responsables
de los altos niveles de empleo existentes. Y a propugnar, por tanto, que se
reformen los mercados para eliminarlos y darles flexibilidad.
De esos análisis
es de donde beben las políticas gubernamentales de los últimos años, como lo
hace, por ejemplo, el último Pacto del Euro cuando afirma que lo que necesitan
las economías europeas para crear empleo es ser más competitivas. Esto
significa, como veremos más adelante, exactamente lo mismo que acabamos de
mostrar: salarios más bajos porque se supone que así las mercancías se van a
producir más baratas y, por tanto, que se van a vender con mayor facilidad y
entonces emplear a más trabajadores. Lo que no explican, como también veremos
más adelante, es a quién van a venderse esas mercancías de más si la población
que podría comprarlas tiene cada vez menos capacidad de compra porque bajan sus
salarios.
¿Se
crea empleo con la receta liberal?
Las ideas que
normalmente se propagan en los medios de comunicación y las que defienden los
políticos y los economistas de ideología neoliberal son estas que acabamos de
mostrar y se suelen presentar como si fueran verdades fuera de toda discusión.
Pero la realidad es que son muchos los economistas que han demostrado que ese
tipo de principios ni tienen consistencia lógica ni han producido los
resultados que dicen en la realidad.
El más conocido de
todos ellos quizá fuera John M. Keynes, el economista británico que mostró que
la tesis según la cual la creación de empleo depende del coste del trabajo es
una falacia porque, decía él, el trabajo es una mercancía muy especial y nunca
va a ser posible que el salario baje como afirman los liberales.
Y, sobre todo,
decía Keynes, porque por muy bajo que sea el salario ¿para qué va a contratar a
más trabajadores una empresa si no tiene clientes a quienes vender sus
productos? A diferencia de los liberales, para Keynes la creación de empleo
dependería, por tanto, no del nivel del salario sino de que hubiera suficiente
demanda de bienes y servicios. Y es que la tesis liberal según la cual la
creación de empleo depende sólo del coste del trabajo y que inspira a las
políticas neoliberales lleva a una conclusión que no puede calificarse sino de
absurda e inaceptable: para cualquier nivel de producción se puede crear
entonces tanto empleo como se quiera con tal de que los salarios sean
suficientemente bajos.
Recientemente el
análisis de la realidad de los mercados de trabajo, que en este libro no
podemos exponer con detalle, ha mostrado con claridad que las cosas no
funcionan como quieren hacer creer los neoliberales.
Por ejemplo, se ha
podido comprobar en Francia y en otros países europeos que la evolución de la
tasa de paro tiene que ver, sobre todo, con el número de horas de trabajo y no
con la evolución de los salarios.
Autores como James
Galbraith y Deepshikha Roy-Chowdhury han demostrado que en Europa y entre 1980
y 2005 no se da la relación que defienden los neoliberales sino todo lo
contrario: las variaciones de los salarios y del empleo en ese largo periodo
han ido de la mano porque cuando aumentaban los salarios aumentó también el
empleo, y cuando se redujeron, bajó.
Muchos estudios
han demostrado también en los últimos años que la tesis de la flexibilidad
defendida por los neoliberales no es cierta. Incluso la propia OCDE, una de las
cunas del pensamiento ortodoxo, tuvo que aceptar en su informe de 2006 que la
realidad muestra que distintos países han conseguido buenos resultados en el
empleo con instituciones del mercado de trabajo "extremadamente diferentes",
es decir, incluso con mercados que los neoliberales considerarían muy rígidos.
Y, como veremos en
el capítulo VI, tampoco hay evidencia empírica que permita afirmar que los
costes salariales más bajos hacen que una economía venda mejor sus productos en
el exterior y, por tanto, que pueda crear más empleo por esta vía.
Los datos
muestran, por el contrario, como vamos a ver enseguida en lo referente a los
últimos años de crisis económica, que a pesar de que hayan bajado los salarios
se ha destruido empleo; que con el mismo mercado muy rígido, según los
neoliberales, España pudo ser el país que más empleo creó antes de la crisis y
luego pasar a ser el que más ha destruido, y, sobre todo, que no hay relación
indiscutible entre la existencia de normas más o menos flexibles o rígidas y el
mayor o menor volumen de empleo.
Y muchos estudios
han demostrado (y hasta el sentido común lo ratifica) que lo que realmente
determina el nivel de empleo o desempleo no son las condiciones de los mercados
de trabajo (aunque eso no quiere decir que lo que allí ocurra sea complemente
indiferente para la creación de empleo) sino las condiciones macroeconómicas:
la política monetaria, los tipos de interés, el coste del capital, el poder que
tengan las empresas en los mercados, el nivel de inversión, las facilidades de
financiación y, fundamentalmente, la capacidad efectiva de compra que haya en
una economía.
Y es lógico que
sea así, como ya apuntamos antes: por muy bajo que sea el salario, por muy
dóciles que sean los sindicatos, por muy barato que sea el despido, por muy
pocos derechos que tengan los trabajadores y mucho el poder de los empleadores,
¿de qué servirá todo eso si los empresarios no tienen a quién vender lo que
producen?
Lo que ha ocurrido
en los últimos años de crisis demuestra a las claras todo eso.
EMPLEO Y PARO EN LA CRISIS:
¿QUÉ HA FALLADO Y QUÉ HAY QUE CORREGIR?
El problema del
desempleo ha estado presente en la mayoría de los países durante los últimos
treinta años, pero es evidente que se ha acentuado de una manera muy
espectacular y dramática en estos últimos años de crisis financiera y
económica.
En casi todos los
países europeos, excepto en Alemania, el desempleo ha aumentado con rapidez
durante este periodo, y en países como España, Irlanda y Estados Unidos su
crecimiento ha sido mucho mayor y a veces incluso espectacular.
Así, en España la
tasa de desempleo ha aumentado durante los años de la crisis en 9,7 puntos, en
Irlanda en 7,2 y Estados Unidos en 4,7.3 En el otro polo están los países que han tenido
una tasa de crecimiento de desempleo muy bajo como Austria (0,4), Bélgica (0,4)
o incluso que han visto disminuir su desempleo, como es el caso señalado de
Alemania (-1,2).
Para saber cómo
salir de los altos niveles de desempleo que se registran en países como España
y aprovechar la experiencia de los que no padecen en tal medida este problema
hay que tratar de encontrar las causas reales de estas disparidades porque los
políticos neoliberales están haciendo una lectura muy sesgada de los hechos para
justificar las medidas y las reformas que están adoptando.
No
basta con que aumente el PIB
Una primera
interpretación de esas diferencias sería que el descenso de la demanda de
bienes y servicios haya generado una caída de la actividad económica y, por
tanto, de la producción y del empleo, así como, al mismo tiempo, un incremento
en la destrucción de empleo, lo cual explicaría el incremento del paro. Es
decir, que al producirse menor crecimiento económico se haya dado mayor
crecimiento del desempleo, de donde se deduciría que lo que hay que hacer para
recobrar el empleo sería procurar por todos los medios que aumentara la tasa de
crecimiento del Producto Interior Bruto.
Pero esta
interpretación no explica por qué Alemania, que ha tenido un descenso muy
marcado de la tasa de crecimiento de su PIB durante la crisis (-4,7 por
ciento), bastante mayor que el de Estados Unidos (-2,7 por ciento) y que España
(-3,7 por ciento), haya registrado una disminución del desempleo mientras que
estos dos últimos países han experimentado un gran aumento.
De hecho, España
ha sido uno de los países con menor descenso en su tasa de crecimiento
económico y en cambio el que tuvo un mayor crecimiento del desempleo. No
parece, pues, que el descenso de la actividad económica, per se, sea la mayor
causa del aumento del desempleo.
Para aclarar las
diferencias en la evolución del empleo y el paro durante la crisis hay que
mirar a otras variables y para ello lo primero que hay que hacer es no
confundir la magnitud de la tasa de paro y la tasa de crecimiento del paro.
La
tasa de paro en España
La tasa de paro es
el porcentaje de la población que está en edad de trabajar y desea trabajar
pero que no encuentra trabajo.
En general es más elevada cuando no hay suficientes puestos
de trabajo disponibles para la gente que quiere trabajar. Y esto es lo que ha
ocurrido desde hace bastante tiempo y explica por qué siempre España, incluso
en tiempos de bonanza económica, tiene un elevado desempleo.
Una de las
principales causas de esta falta estructural de puestos de trabajo en España es
el escaso desarrollo del sector público y, muy en particular, de los servicios
públicos del Estado del Bienestar, tales como sanidad, educación, servicios
sociales, escuelas de infancia, servicios de ayuda a las personas con
dependencia, vivienda social y otros servicios, como veremos en el capítulo
siguiente. Si España, que en estos momentos tiene un 9 por ciento de su
población empleada en estos servicios, tuviera el porcentaje que tiene Suecia
(25 por ciento), tendría como poco 5 millones de puestos de trabajo más de los
que tiene ahora, cifra que es superior, por cierto, al número de desempleados
actual, lo que significa que el desempleo no existiría en España.
Tales puestos de
trabajo podrían financiarse con los 200.000 millones de euros más de los que
recibe el Estado español (tanto central como autonómico y municipal) si éste
tuviera la política fiscal que tiene Suecia, como veremos en el capítulo de la
financiación de la economía.
El problema, pues,
no es económico, sino político, y ello aparece con toda claridad cuando se
analiza quién paga impuestos en España, y más concretamente que la mayoría de
su recaudación procede de las rentas del trabajo. La población que está en
nómina paga, en general, unos impuestos que proporcionalmente son semejantes a
los impuestos de sus homólogos en la Unión Europea de los Quince, y sólo ligeramente
inferiores a los que pagan sus homólogos en Suecia.
El trabajador de
Seat, por ejemplo, paga en impuestos el 75 por ciento de lo que paga el
trabajador de Volvo. Pero los españoles ricos y los grupos de gran poder
fáctico (banca y gran patronal) pagan en impuestos sólo el 20 por ciento de lo
que pagan sus homólogos en Suecia. Una circunstancia que sólo se puede explicar
gracias al enorme poder político y mediático de estos últimos, que impone las
políticas fiscales regresivas que, en gran parte, son las que explican los
bajos ingresos al Estado y la escasa creación de empleo público.
En contra de las
falsedades que se vienen diciendo para justificar el recorte del gasto y del
sector público, lo cierto es que España es uno de los países integrantes de la UE-15 con un sector público
de menor tamaño. Nuestro porcentaje de población empleada en él sobre el total
de población activa era del 12,75 por ciento en 2008 mientras que el de
Dinamarca llega al 31,27 por ciento, el de Finlandia al 24,64 por ciento o el
de Suecia al 26,2 por ciento en 2007. Y, a diferencia de lo que también se
afirma, el crecimiento del empleo ha sido más rápido en el sector privado que
en el público.
Es verdad que
desde 2000 hasta 2008 el gasto público realizado por España ha aumentado de
forma significativa, con una media del 5 por ciento anual, que es superior a la
de la UE-15,
que fue del 3,4 por ciento. Pero hay que tener en cuenta que el déficit que presenta España en cuanto a gasto
público respecto a la UE-15
es muy grande. Así, a pesar de este crecimiento, todavía tenemos un gasto
público por habitante de 2.600 euros (estandarizados) menos que el promedio de la UE-15.
Además, España era
en 2008 el país de la UE-15
que menos gastaba en salarios a los trabajadores públicos y el quinto que menos
gastaba en compensación salarial a sus empleados públicos por habitante.
Y por ello resulta
que para crear empleo sea necesario y urgente dimensionar nuestro sector
público, al menos como en los países más desarrollados de nuestro entorno,
aumentar los impuestos y su progresividad y, como veremos en el capítulo
siguiente, reducir el déficit social de España, que tiene el gasto público
social por habitante más bajo de la Unión Europea de los Quince.
Flexibilidad
y rigidez en la crisis
Pero, además de
partir con una tasa de paro ya de por sí elevada, la característica principal
de nuestra economía es que, junto con Estados Unidos e Irlanda, ha registrado
el mayor crecimiento del desempleo y por eso es importante analizar su relación
con los factores institucionales que, según los neoliberales, generan rigidez y
hacen que aumente el paro.
España tuvo desde
2007 hasta 2009 un crecimiento de 12 puntos en su desempleo, Irlanda de 9,7
puntos y Estados Unidos de 4,7 puntos. Y resulta que Estados Unidos e Irlanda
son los países que tienen mayor desregulación del mercado de trabajo, en donde
los empresarios pueden despedir con toda facilidad y los sindicatos son muy
débiles.
En este sentido
los datos son muy contundentes. En contra de lo que sostiene la sabiduría
neoliberal dominante en nuestra cultura económica y política, la realidad
muestra clara y contundentemente que a menor protección del puesto de trabajo,
es decir, que a mayor flexibilidad, se ha producido mayor crecimiento del
desempleo. Dicho de otro modo: la flexibilidad, en contra de lo que dicen los
neoliberales, ni crea empleos ni evita que se destruyan sino que, por el
contrario, hace que se pierdan con mayor facilidad.
Si España, Irlanda
y Estados Unidos, que tienen una gran desregulación y facilidad de despido, son
los que han tenido un mayor crecimiento del desempleo durante la crisis, sólo
se puede concluir que la famosa tesis neoliberal que sostiene que la seguridad
del puesto de trabajo de los trabajadores con contratos fijos es la que crea la
inseguridad y el desempleo entre los demás es falsa. En España, en donde existe
la idea generalizada, al haber sido promovida por el mundo empresarial y por el
Banco de España, de que es difícil despedir a los trabajadores, resulta que la
gran destrucción de empleo incluye también a los trabajadores fijos sin que
esto repercuta en una mayor creación de empleo.
Por el contrario,
Alemania es uno de los países con un mercado de trabajo más regulado de la Unión Europea,
principalmente como consecuencia del sistema de cogestión en el que los
sindicatos (y los trabajadores) de las empresas están en sus equipos de
dirección. Pero a pesar de ello, y a pesar del gran descenso de su actividad
económica medida a través del PIB, como resultado del descenso de sus
exportaciones a que dio lugar la recesión mundial, no sólo no aumentó su
desempleo sino que ha continuado disminuyendo. Ha sido así porque, al reducirse
la demanda, las empresas (el 40 por ciento de ellas en el periodo 2008-2009)
han reducido las horas de trabajo en lugar de reducir el número de
trabajadores. Lo que confirma la idea que comentamos antes según la cual si lo
que queremos de verdad es proteger el empleo a donde tenemos que apuntar es a
reducir la jornada de trabajo.
Se puede concluir,
por tanto, que facilitar el despido en momentos de recesión y aumentar la
flexibilidad, como han hecho las sucesivas reformas del gobierno de Zapatero,
simplemente facilita el aumento del desempleo, puesto que incentiva que los
empresarios se adapten a la disminución de la demanda de sus bienes o servicios
reduciendo su fuerza laboral. Por el contrario, si ello no es factible, porque
las normas no lo permiten o lo encarecen o porque los sindicatos se lo impiden,
se tenderá a mantener el número de trabajadores disminuyendo el tiempo de
trabajo de cada uno.
Por tanto, son
este tipo de medidas, acompañadas de las que fomenten e incentiven la
reestructuración de los tiempos de trabajo y de las que permitan sostener la
demanda, las que mejor garantizan el mantenimiento del empleo. La realidad nos
muestra, además, que incluso el modelo que está de moda consistente en combinar
mucha flexibilidad, facilitando el despido con seguridad, tal como ocurre en
Dinamarca, sólo funciona en tiempos de elevado crecimiento económico y pleno
empleo, es decir, cuando en realidad no hacen falta.
La llamada
flexiseguridad como la danesa que ahora está de moda sólo funciona si el
empresario puede despedir con facilidad pero también si los trabajadores tienen
una amplia oferta de puestos de trabajo con servicios de formación incluidos, y
con un seguro de desempleo elevado que le permita encontrar trabajo de
semejante calidad. Una oferta de puestos de trabajo que no existe en fases de
recesión. Y eso es lo que ha hecho que, cuando Dinamarca ha entrado en
recesión, haya dejado de ser un modelo porque su desempleo se ha disparado y su
tasa de crecimiento del desempleo ha sido, durante la crisis, de las más
elevadas en la Unión
Europea (2 puntos).
¿QUÉ ENSEÑA LA REALIDAD DE LOS MERCADOS LABORALES?
Si se dejan a un
lado las anteojeras ideológicas que llevan a los neoliberales a ver el mercado
de trabajo como un mecanismo perfecto y utópico en donde se puede crear una
cantidad infinita de puestos de trabajo con sólo garantizar un salario
suficientemente bajo, y si, por el contrario, se mira sin prejuicios la
realidad, lo que ocurre de verdad en estos mercados, podemos descubrir las
claves fundamentales que hay que tener en cuenta para poder ayudar a crear
puestos de trabajo.
En esa línea las
enseñanzas más importantes no son las que provienen de ideaciones neoliberales,
sino las que proporciona el estudio del funcionamiento real de los mercados
laborales.
Lo primero que
enseña es que no es verdad que lo que haya que hacer para crear empleo sea
liberalizar aún más los mercados y las relaciones laborales. No es cierto que
allí donde se han hecho reformas para desregular y flexibilizar más los
mercados de trabajo se den los mayores niveles de creación de empleo o de
reducción del desempleo existente.
La segunda
enseñanza fundamental es que, aunque se pueda demostrar que la presencia de
ciertas normativas o instituciones que protegen a los trabajadores y que
lógicamente incrementan el coste del trabajo podrían ser causa de mayores
rigideces, su efecto sobre el empleo no puede considerarse como decisivo o
determinante puesto que, junto a ellas, siempre intervienen otras variables de
carácter macroeconómico cuya mayor incidencia ha quedado demostrada en multitud
de estudios.
La tercera
enseñanza es que las reformas laborales han producido una disminución del coste
del trabajo, una relajación de las normas laborales que han reducido los
estándares de protección y una mayor precarización del trabajo, lo que
incrementa el empleo temporal y a tiempo parcial no deseado, la discriminación
laboral, la inseguridad y la insatisfacción en el desempeño del trabajo.
En cuarto lugar,
sabemos que hay suficientes evidencias que permiten establecer que la
generación de empleo está determinada por la existencia de adecuadas
condiciones macroeconómicas, que no son solamente las relativas al crecimiento
de la actividad medido a través del PIB. Y lo que se ha podido comprobar sin
ningún tipo de problema es que lo que en realidad
ha ocurrido en los últimos años ha sido que se han
aplicado políticas y condiciones macroeconómicas claramente negativas para la
creación de empleo, algunas de las cuales las hemos comentado ya en los dos
primeros capítulos del libro. Entre ellas:
1.
Privilegio de las rentas financieras que han absorbido recursos de la actividad
productiva y han detraído los necesarios para que las empresas productivas
creen puestos de trabajo. Un problema que se ha agudizado especialmente durante
la crisis, cuando se ha producido, como sabemos, una escasez extraordinaria de
financiación que impide que las empresas puedan crear empleo.
2.
Predominio de las políticas deflacionistas encaminadas a reducir los salarios y
el gasto con la excusa de que provocan inflación, lo que ha disminuido de
manera constante la demanda efectiva dirigida sobre todo a las pequeñas y
medianas empresas.
3.
Reducción del gasto social que ha impedido crear puestos de trabajo en los
servicios de bienestar, como hemos señalado y como veremos con más detalle en
el capítulo siguiente.
4. Aumento del poder sobre el mercado
de las grandes empresas que les ha permitido imponer precios muy poco
competitivos y costes muy desfavorables para las pequeñas y medianas empresas,
que son las que crean la mayor parte del empleo.
En 5º lugar, el análisis de la creación y
destrucción de empleo indica que ambos dependen de la gestión que se haga del
tiempo de trabajo y del reparto de las ganancias de productividad, es decir, en
realidad, del reparto de la renta entre el trabajo y el capital. Lo que
significa que se puede evitar la destrucción del empleo y fomentar su creación
mediante la reducción del tiempo de trabajo y viceversa. Si cuando hay más
crisis aumenta el tiempo de trabajo, como ha ocurrido en España, resultará que
se perderá más empleo. Si disminuye, como sucede en Alemania, se conserva.
Finalmente sabemos
también que el mayor o menor volumen de empleo depende del modelo productivo,
del ámbito en donde se destinan preferentemente los recursos y, como analizamos
en el capítulo III y acabamos de mencionar, de la pauta de distribución de la
renta. Esto indica que, en última instancia, el nivel de empleo y desempleo que
hay en una economía no depende tanto, o no solamente sólo, de circunstancias
económicas sino también de las políticas. Y, en consecuencia, del diferente
poder e influencia de los distintos grupos sociales a la hora de tomar
decisiones sobre el uso de los recursos.
Por eso la
patronal y los políticos y economistas neoliberales que defienden una
distribución de la renta más favorable al capital están tan empeñados siempre
en atacar a los sindicatos y en reducir su papel en la negociación, en evitar
que ésta sea colectiva para hacerla persona a persona, o lo más descentralizada
posible para que la defensa de los trabajadores sea más débil, y, en general,
en que desaparezcan las normas de obligado cumplimiento que establecen derechos
taxativos para proteger a los asalariados.
Y por eso reclaman
que se apliquen políticas macroeconómicas como las que hemos comentado, que en
realidad se sabe que van a crear desempleo, porque cuanto más elevado sea éste
más fácil resultará imponer a los trabajadores las condiciones laborales y
salariales que convengan a la patronal.
Naturalmente esto
no quiere decir que todos los empresarios y todas las empresas actúen así, con
una perspectiva tan alicorta (porque tratando de ganar unos pocos al final
pierden todos los empresarios). Muchos de ellos tratan de innovar, de encontrar
acuerdos con sus trabajadores para repartirse las ganancias de productividad de
manera que ninguno se empobrezca ni se ponga en peligro la vida de la empresa,
que favorecen la participación y las mejores condiciones de trabajo posibles
para todos, que evitan la discriminación y la desigualdad, que entienden que la
búsqueda del beneficio debe hacerse necesariamente compatible con el respeto al
medio ambiente, a la justicia social y al interés colectivo, y que entienden
que el éxito de una empresa no puede consistir en dar simples
"pelotazos" sino en poner en marcha proyectos comunes que creen
riqueza para satisfacer las necesidades humanas y el mayor volumen de empleo
posible...
Por eso, para
crear empleo también es imprescindible fomentar este tipo de comportamiento
empresarial y las formas de propiedad que mejor lo favorezcan, la pequeña y
mediana empresa y las empresas de carácter social, cooperativas y sociedades
laborales, creando las condiciones para que entender así la actividad
empresarial no sea un escollo sino una ventaja en el mundo de los negocios. En
realidad algunas de las empresas más eficientes y las que han respondido a la
crisis con menor destrucción de empleo han sido cooperativas de trabajadores y
empleados de reducido abanico salarial, con diferencias entre los mejores y
peores pagados de 3 a
1, que contrastan con las grandes empresas del Ibex-35 que destruyen más empleo
y en donde esas diferencias llegan a ser 20 a 1. Mondragón es un ejemplo de ello y se
puede afirmar que si la mayoría de empresas en España hubiera actuado como las
de Mondragón, nuestro nivel de desempleo sería mucho más bajo que el actual.
Por otro lado, es
importante recuperar el principio ampliamente extendido en los países nórdicos
(donde las fuerzas progresistas han sido las dominantes en sus instituciones
políticas) de que el Estado tiene responsabilidad de crear empleo, cuando el
mundo empresarial privado no lo hace en cantidad suficiente. Es un principio de
una enorme importancia en este momento de crisis, cuando (al revés de lo que se
está haciendo en España) el Estado debiera estar mucho más comprometido aún en
la provisión de puestos de trabajo.
LAS CONDICIONES PARA PODER CREAR EMPLEO DECENTE
La principal
conclusión que se ha de sacar de esas enseñanzas es que donde hay que poner la
principal atención para crear empleo o para combatir el desempleo no es en el
mercado de trabajo y en sus instituciones sino en la naturaleza del entorno
macroeconómico en donde se define la naturaleza de la actividad económica
dominante, en donde se decide el reparto de la riqueza y, sobre todo, en donde
se resuelve el poder de los diferentes grupos sociales que es del que depende
su capacidad para influir en la economía.
Por tanto, para
evitar que nuestra economía se siga caracterizando por su insuficiente
capacidad para generar trabajo estable y decente y por su tendencia a crear
empleo precario, temporal, mal pagado, e inseguro... lo que habría que cambiar
son las lógicas que dominan ese entorno del que depende la actividad económica
en donde se genera el empleo y que en realidad son bastante evidentes en
nuestra opinión.
Hay que cambiar
nuestra forma de producir y de competir en los mercados para recuperar la renta
salarial y, por tanto, la demanda de la que dependen las empresas que crean
empleo; hay que eliminar el privilegio que tienen la actividad especulativa y
las rentas financieras que impiden que esas empresas dispongan de suficiente
financiación, y hay que reequilibrar el poder de los diferentes grupos
sociales. De todo lo cual nos
ocupamos en los capítulos siguientes.
Ahora bien, el
hecho de que pongamos el énfasis en estas condiciones del entorno del mercado
de trabajo para favorecer mejor la creación de empleo no significa, como
dijimos antes, que sea indiferente el marco institucional en el que se
desenvuelve ese mercado de trabajo. Todo lo contrario, creemos que es
fundamental que funcione de forma adecuada y que en su seno se produzca un tipo
de intercambio que sea lo más satisfactorio posible desde el punto de vista de
la creación de empleo y del bienestar social, que incluye evidentemente
posicionamiento ético y un requerimiento permanente de justicia.
Por eso entendemos
que las reformas necesarias deben ir justamente en la línea contraria a la
mercantilización exacerbada del trabajo que han ido buscando las de naturaleza
neoliberal y que, desde el punto de vista de la creación de empleo suficiente y
digno, han sido un verdadero fiasco histórico.
En nuestra opinión
el horizonte al que debemos dirigirnos para poder crear empleo decente es el
que permita crear un medio ambiente a las empresas que desincentive su gestión
mercantilizada del trabajo, cuyo ejemplo paradigmático es el de esas empresas
que justo cuando obtienen miles de millones de beneficios se deshacen de más
empleados. Es decir, que se fomente y facilite una gestión del empleo en
función de la demanda social de bienes y servicios y de ingreso y no de la
exigencia de rentabilidad privada.
Para ello creemos
que, dentro de las actuaciones concretas en el marco singular de los mercados
de trabajo orientadas a facilitar la creación de empleo, hay que incluir la
urgente suspensión de las reformas laborales que se han llevado a cabo, acabar
con las normas que han institucionalizado la precariedad, adoptar medidas para
combatir el trabajo informal y el de tiempo parcial no deseado o impuesto por
razones de género por insuficiente impulso de las políticas de igualdad,
incentivar el empleo indefinido, disminuir el tiempo de trabajo, establecer
mecanismos de restitución social y penalización a las empresas innecesariamente
destructoras de empleo, aumentar el salario mínimo y garantizar rentas mínimas,
evitar la exclusión que sufren los llamados nuevos trabajadores pobres y
reconocer y mejorar la ecología del trabajo.
El trabajo no
puede ser únicamente un instrumento para conseguir los fondos con los cuales
realizarse a uno mismo a través del consumo. El trabajo en sí es determinante
de la calidad de vida de la ciudadanía, como muestran los estudios realizados
sobre las causas de la longevidad de la población que confirman que la variable
más importante para explicar los años de vida de una persona es su satisfacción
con el trabajo realizado a lo largo de su vida. De ahí la gran importancia de
que se creen puestos de trabajo que permitan desarrollar la enorme creatividad
y la capacidad de goce que las personas tienen en su vida cotidiana. El hecho
de que este potencial se inhiba mediante la mercantilización del trabajo
muestra la necesidad de cambiar las relaciones de poder en nuestra sociedad,
dando mayor poder y protagonismo a la población trabajadora en el diseño de su
vida laboral.
***
V
La
hipoteca del déficit social
La actual crisis
está siendo utilizada por los economistas neoliberales como excusa para atacar
al Estado y al gasto público y por eso afirman que lo que hay que hacer para
salir de ella es recortar el gasto público y en particular el destinado a
mantener servicios sociales e infraestructuras de bienestar social. E insisten
en esta idea de una forma mucho más reiterada desde que estalló el problema de
la deuda de la manera y por las causas que hemos comentado.
En contra de esas
ideas es muy importante tener claro que esas políticas no van a conseguir lo
que dicen pretender (facilitar la recuperación y fomentar el empleo o incluso
reducir la deuda) sino que van a provocar todo lo contrario: el mayor
empobrecimiento de las clases trabajadoras que son las que, con su consumo,
sostienen la demanda, y una pérdida de dinamismo económico y de capacidad para
generar empleo.
La reducción del
gasto público que se está proponiendo y llevando a cabo no es una salida a la
crisis sino justamente lo contrario, es una de las causas de la crisis porque
genera desigualdad y limita las posibilidades de creación de actividad
económica. Además, lógicamente, de producir una mayor insatisfacción social y
personal.
EL BIENESTAR COMO FACTOR DE
COMPETITIVIDAD
El discurso
neoliberal orientado a realizar recortes de gasto social y a debilitar las
estructuras de bienestar suele basarse en la idea de que ambos son factores
retardatarios de la actividad económica y enemigos de la competitividad, pero
los datos empíricos nos indican lo contrario.1
En contra de esa
opinión que se empeñan en extender los neoliberales, incluso una institución
dominada por esa ideología, como es el Foro de Davos, tiene que reconocer que
los países que tienen mayor eficiencia económica son los países del norte de
Europa, que han sido gobernados durante la mayoría del periodo que abarca desde
la Segunda Guerra
Mundial hasta la década de 1990 por partidos que se han caracterizado por su
gran sensibilidad social, que se ha traducido en Estados del Bienestar bien
financiados y con elevado gasto público social por habitante.
El contraste entre
los países del norte de Europa, gobernado por partidos con mayor compromiso
social, y los del sur, gobernados por partidos conservadores de escasa sensibilidad
social, no puede ser más acentuado. El enorme retraso social de España debido a
la escasa financiación que aquí se ha dedicado al bienestar colectivo se debe a
haber estado gobernada por una dictadura fascista durante cuarenta años. Y
aunque mucho se ha hecho desde entonces, el hecho es que treinta y tres años
después de haber terminado la dictadura España todavía está a la cola de la Europa social. Algo que
sólo se puede explicar por la excesiva influencia que las fuerzas conservadoras
y neoliberales continúan teniendo sobre el Estado.
El Estado del
Bienestar contribuye a la eficiencia económica del país, educando a la
ciudadanía, asegurando trabajo estimulante, que permita el desarrollo del
potencial de creatividad que tiene todo ser humano, y ofreciendo seguridad y
protección social que garantizan una cohesión social, en el que la cooperación
y la solidaridad facilitan los necesarios cambios que la sociedad y la economía
requieren para ir adaptándose en su proceso de modernización. El miedo, la
inseguridad y la represión (y el desempleo es una forma de represión) nunca
motivan a la población. La seguridad, la cooperación y la solidaridad sí que la
motivan.
Por eso el
bienestar insuficiente sólo puede conllevar una economía menos dinámica, más
ineficaz y, por supuesto, más injusta y menos satisfactoria.
EL ESTADO DEL BIENESTAR Y LA CRISIS
Un ejemplo de que
el subdesarrollo social afecta de forma negativa a la eficiencia económica es
que los países que han sufrido más la crisis han sido los países periféricos de
la Zona Euro
Zona (Grecia, Portugal, España e Irlanda), es decir, los que precisamente se
caracterizan por ser Estados del Bienestar muy poco desarrollados y muy poco
financiados, como resultado de tener unas políticas fiscales muy regresivas con
unos ingresos al Estado muy bajos, tal como se documenta en los próximos
párrafos.
La crisis
financiera se ha producido con su enorme magnitud justamente, como hemos
analizado, por el gran incremento de la desigualdad que se ha generado en los
últimos decenios y al que ha contribuido en gran medida el debilitamiento del
Estado del Bienestar. Por tanto, mantener y fortalecer el gasto social y la
provisión de bienes y servicios de bienestar no es sólo una cuestión de
preferencia ética, que lo es y esto es de por sí muy importante. Además es la
mejor manera de apostar por el mayor dinamismo económico y por la mayor
capacidad de generación de empleo.
De hecho, una de
las causas principales por las que España es incapaz de generar suficientes volúmenes
de empleo y por las que su tasa de paro es tan elevada, incluso en épocas de
bonanza, es que no ha desarrollado suficientemente su Estado del Bienestar,
debido sobre todo a haber vivido más de cuarenta años del sigo pasado bajo una
dictadura y a tener un Estado excesivamente influido por fuerzas conservadoras
y grupos fácticos.
LA DEBILIDAD DEL ESTADO DEL BIENESTAR EN ESPAÑA
El Estado del
Bienestar en España está muy poco financiado y desarrollado y, se mire como se
mire, estamos a la cola de la
Europa social.
Si contemplamos el
gasto social en las transferencias públicas (como las pensiones), o en los
servicios públicos del Estado del Bienestar (como sanidad, educación, servicios
de ayuda a las personas con dependencia, escuelas de infancia, servicios
sociales, entre otros), vemos que está (21 por ciento del PIB) muy por debajo
del promedio de la UE-15
(27 por ciento) y
muy por debajo de los países más avanzados, como Suecia
(29,3 por ciento). Lo mismo ocurre, por cierto, con los países periféricos de la Zona Euro, como Irlanda
(21 por ciento), Portugal (23 por ciento) y Grecia (25 por ciento).
Otro indicador del
subdesarrollo social de España es el bajo porcentaje de la población adulta que
trabaja en los servicios del Estado del Bienestar. En España es sólo un 9 por
ciento, mucho más bajo que en Suecia (25 por ciento). Un español de cada diez
trabaja en su Estado del Bienestar, comparado con un sueco de cada cuatro.
El déficit de
empleo público, incluyendo el social, es enorme, negando el mensaje neoliberal
que se reproduce constantemente en los medios de información de mayor difusión
de que hay demasiados empleados públicos en España y muy pocos emprendedores.
Los datos muestran, como ya señalamos antes, que España es el país con menos empleados
que trabajan en los servicios del Estado del Bienestar y en el sector público y
en cambio es el que registra mayor número de emprendedores.
Estos enormes
déficits, que raramente tienen visibilidad mediática, aparecen también en
Grecia, Portugal e Irlanda y se debe a que han estado gobernados por dictaduras
enormemente conservadoras fascistas o fascistoides (como es el caso de España,
Grecia y Portugal) o por regímenes autoritarios profundamente conservadores
(como es el caso de Irlanda) durante la mayoría del periodo que va desde
finales de la década de 1930 hasta finales de la década de 1970. Y, aunque ha
habido cambios importantes, éstos han sido insuficientes para eliminar el
enorme déficit de gasto público social.
En realidad el
retraso social de España, como en aquellos otros países citados con
anterioridad, se debe al enorme dominio de las fuerzas conservadoras y
liberales en la historia de estos países. Así, cuando el dictador murió en
1975, España se gastaba sólo el 14 por ciento del PIB en su Estado del
Bienestar, mucho menos de lo que se gastaban aquel año los países que más tarde
pasarían a formar la
Unión Europea de los Quince (UE-15), cuyo promedio era de un
22 por ciento del PIB.
El gasto subió
durante el periodo que abarca desde 1978 (cuando se inició la democracia) hasta
1993 debido en parte al gobierno socialdemócrata de Felipe González, pero,
sobre todo, a la presión e incluso agitación social liderada por los sindicatos
a finales de la década de 1980, cuando se convocaron varias huelgas generales.
En 1993 el
porcentaje de gasto público social había alcanzado el 24 por ciento del PIB. Ni
que decir tiene que los países de la
UE-15 también vieron subir su gasto social, pues pasó a ser
un 28 por ciento, pero el hecho de que subiera con mayor rapidez en España que
en el promedio de la UE-15
explica que el déficit de España con la UE-15 se redujera a la mitad al pasar de 8
(22-14) a 4 puntos (28-24).
Pero en el año
1993 el gobierno socialista se alió con las fuerzas conservadoras y liberales
catalanas (CiU) y el resultado de esta alianza fue que la preparación de España
para integrarse en el euro, que exigía la disminución del déficit del Estado
(que entonces era del 6 por ciento del PIB) para no rebasar el 3 por ciento
exigido por el criterio de Maastricht, se hizo a base de recortar de una manera
muy marcada el gasto público social.
Esta operación
podría haberse hecho a base de incrementar los impuestos pero no se hizo. En
España la reducción del déficit siempre se ha hecho a base de reducir el gasto
público social (tal como estamos viendo ahora).
El mantenimiento
de esa opción explica que cuando el Estado español consiguió reducir e incluso
eliminar el déficit público del Estado en 2003 fuera a costa de haber aumentado
de manera considerable el déficit social de España con el promedio de la UE-15, es decir, la
diferencia en euros estandarizados entre lo que España se gastaba por habitante
en su Estado del Bienestar y lo que se gastaba el promedio de la UE-15. Un déficit que en
2005 era mayor que en 1994.
LAS CAUSAS DEL SUBDESARROLLO
SOCIAL DE ESPAÑA
Ya se ha indicado
que las causas de este subdesarrollo han sido el enorme dominio de las fuerzas
conservadoras y liberales sobre el Estado español, que ha determinado unas
políticas fiscales sumamente regresivas. Así, mientras que las personas que
están en nómina pagan impuestos comparables a los que pagan sus homólogos en la UE-15, las personas de
elevadas rentas, así como el capital, pagan muchos menos impuestos que sus
homólogos en la UE-15.
Como consecuencia
los ingresos del Estado en España representan sólo el 32 por ciento del PIB, un
nivel mucho más bajo que el promedio de la UE-15, 44 por ciento, y de los países más
avanzados como Suecia, 54 por ciento.
Ésta es la mayor causa
del subdesarrollo social de España. Es lo que solía llamarse "poder de
clase", es decir, poder de la clase dominante que tiene enorme influencia
en los establishment políticos y mediáticos del país.
Este poder de
clase aparece también en el escasísimo impacto redistributivo del Estado. Así,
la pobreza en España baja sólo 4 puntos (del 24 por ciento de la población al
20 por ciento) como consecuencia de las transferencias públicas sociales,
mientras que baja 9 puntos en el promedio de la UE-15 (del 25 al 16 por
ciento) y 14 puntos en Suecia (del 27 al 13 por ciento).
Puesto que la
pobreza se define como el sector de la población que tiene una renta que
alcanza el 60 por ciento de la renta mediana (aquella que tiene el 50 por
ciento de la renta por encima y el 50 por ciento por debajo), entonces vemos
que el impacto redistributivo es muy bajo.
Resultado de ello
es que España es uno de los países con mayores desigualdades en la UE-15, con coeficiente de
Gini, que mide la concentración del ingreso, de 31,3, mucho mayor al promedio
de la UE-15,
que es de 29. En ningún otro país las rentas superiores (los muy ricos y los
ricos) son mejor tratadas y las rentas medias e inferiores (las clases medias y
trabajadoras) peor tratadas por el Fisco. Esto es el poder de clase.
¿ES CIERTO QUE EL ESTADO NO
PUEDE SOSTENER UN ESTADO DEL BIENESTAR MÁS FINANCIADO QUE EL ACTUAL?
Un argumento que
se cita constantemente es que España se está gastando demasiado en su Estado
del Bienestar y que hay que reducirlo.
Los datos, sin
embargo, muestran la falsedad de tal argumento.
España no es pobre. En realidad es casi tan rica como el
promedio de los países de la
UE-15 (que son los países más ricos de la UE), pues su nivel de PIB por
habitante es el 94 por ciento de ese promedio. Sin embargo, su gasto público
social es sólo el 72 por ciento del promedio de la UE-15. Si fuera el 94
por ciento, España se gastaría 66.000 millones de euros más de los que se gasta
en su Estado del Bienestar.
No es cierto, por
tanto, que España no tenga recursos para corregir su déficit social. Lo que
ocurre es que no los recauda. La gente con más dinero no paga lo que sus
homólogos pagan en la
UE-15. Según las cifras provistas por la Agencia Tributaria
del Estado español, basadas en las declaraciones de renta, un empresario
ingresa menos que un trabajador, las grandes empresas españolas sólo pagan un
10 por ciento de sus beneficios y los multimillonarios que mantienen que
gestionan sus ingresos y sus patrimonios mediante SICAV apenas pagan el 1 por
ciento.
La insuficiente financiación de los derechos sociales
Como es lógico, el
subdesarrollo social de España se manifiesta en todas las dimensiones del
Estado del Bienestar o, lo que es lo mismo, en el imposible disfrute de
derechos sociales básicos reconocidos sobre el papel por la Constitución.
Sistema sanitario
El sector
sanitario en España está poco financiado y, por tanto, poco desarrollado. Sólo
el 4,1 por ciento de la población adulta trabaja en el sector sanitario en
España, un porcentaje que es uno de los más bajos de la UE-15 (6,6 por ciento).
España tiene el PIB per cápita equivalente al 94 por ciento del PIB del
promedio de los países de la
UE-15 y, en cambio, el gasto público sanitario per cápita es
sólo del 79,5 por ciento del promedio. Si fuera el 94 por ciento, España se
gastaría 13.700 millones de euros más de los que se gasta en sanidad. No es
creíble, por tanto, indicar que la sanidad pública es insostenible. En realidad
España se está gastando mucho menos de lo que le correspondería por su nivel de
desarrollo económico.
El crecimiento del
gasto sanitario como promedio para toda España fue en los últimos diez años
sólo del 2,7 por ciento por año, comparado con un 4,1 por ciento en el promedio
de la OCDE. Es
más, gran parte del crecimiento del gasto sanitario en España ha sido en el
sector privado, que es lo que se está tratando de fortalecer. Y hay que tener
presente que el sector sanitario privado encuentra su principal obstáculo de
desarrollo en el sector sanitario público, y por eso sus representantes
recomiendan una y otra vez el desmantelamiento progresivo del sector público.
En caso de privatización parcial o completa los pacientes del sistema público
pasarían a ser clientes del sistema privado, y eso significa negocio y beneficios.
No es mera casualidad que las voces que apoyan la reducción del gasto público
también pidan una desgravación del aseguramiento privado. Además la simple
existencia de un sistema sanitario privado refleja una situación de desigualdad
en el acceso a un servicio esencial como la salud. No en vano el 30 por ciento
de la población española (la de renta superior) utiliza la sanidad privada y el
70 por ciento restante, las clases populares (la clase trabajadora y la mayoría
de las clases medias), utilizan los servicios públicos. Cualquier
privatización, sea del grado que sea, empujará a las clases medias y
trabajadoras a tener que pagar mucho más por acceder a los mismos servicios.
Actualmente
estamos viendo un resurgimiento de este debate público-privado, y poco a poco
los gobiernos avanzan en el deterioro del sistema público con el objetivo de
crear nuevos espacios de negocio para el sistema privado.
Para justificar
tales prácticas los gobiernos y los economistas liberales consideran que el
sistema público es insostenible. Por ejemplo, se asume erróneamente que el
usuario español abusa del sistema, tomando el elevado número de visitas
sanitarias por habitante (nueve visitas) como ejemplo de este abuso (el
promedio de la UE-15
es de seis visitas). Pero lo que no se dice es que, de estas nueve visitas, hay
al menos tres que en otros países las atiende o bien una enfermera o bien un
administrativo, y que en España en cambio las hace el médico. El médico está
sobrecargado, pero ello no quiere decir que el usuario abuse, pues en otros
países las enfermeras tienen mayor responsabilidad y los médicos tienen mayor
apoyo administrativo. Además los que generan la demanda que ocasiona costes
(farmacia, pruebas clínicas, intervenciones) no son los usuarios sino los
médicos.
Es decir, el
sistema no es insostenible pero sí necesita reformas, aunque deben ser reformas
que avancen en el fortalecimiento del sistema público y no en su deterioro o su
desaparición.
La realidad es que la sanidad pública española está subfinanciada
y quedan todavía áreas de servicios por cubrir, tales como los servicios de
dentista.
Por otra parte
este bajo gasto sanitario se traduce en un sistema ineficiente. En general la
sanidad privada puede ser mejor que la pública en la comodidad y la atención al
paciente (una cama por habitación en las clínicas privadas, más tiempo de
visita y menos tiempo en espera). En cambio la sanidad pública es mejor que la
privada en la calidad del personal y de la tecnología e infraestructura médica.
De hecho, en
países de extenso desarrollo de la privada, como Estados Unidos, la evidencia
muestra que la mortalidad es mayor en las instituciones sanitarias con afán de
lucro que en las sin afán de lucro, lo que muestra el peligro que puede
significar la mercantilización de la medicina. El afán de optimizar los
beneficios puede entrar en conflicto con la calidad del servicio (lo cual
ocurre por lo general, ahorrando en personal de enfermería y otro tipo de
personal).
Lo que se
requiere, pues, es una sanidad pública multiclasista, que mantenga la calidad
del personal y de la infraestructura y a la vez mejore de forma sustancial la
atención y la comodidad del usuario. Pero ello requiere un gasto público mucho
mayor que el actual.
Educación
Lo mismo que
ocurre en el caso de la sanidad pública sucede en la educación pública. Todos
los alumnos que van a colegios o institutos públicos son potenciales clientes
de los colegios o institutos privados, pero dejar de financiar la educación
pública a los niveles recomendados por los organismos internacionales es
profundamente antisocial, ya que las escuelas privadas atienden
prioritariamente a los sectores de mayor renta y las escuelas públicas atienden
a las clases populares.
Los recortes de
gasto público educativo acentuarán todavía más tal polarización educativa por
clase social, dificultando la movilidad social, que es una de las más bajas de la UE-15, y debilitando así las
bases de nuestra estructura productiva. En efecto, además de ser una estrategia
que perjudica a los sectores de rentas más bajas y, por tanto, netamente
injusta y desigual, el recorte del gasto en educación pública es muy
perjudicial desde el punto de vista económico porque este limitado desarrollo
implica una insuficiente inversión en el capital humano, que es un factor
fundamental del crecimiento y de la competitividad. Porque, en contra de lo que
indican los economistas neoliberales, las desigualdades dificultan la
eficiencia educativa y económica.
Vemos también que
como ocurría en Sanidad la dicotomía privada/pública reproduce una polarización
por clase social que no es ni justa ni eficiente. La mejor escuela en la UE-15, por ejemplo, es la
finlandesa, tal como señalan los informes PISA sobre calidad de la educación.
Ésta es una escuela multiclasista, donde el hijo del banquero y el hijo del
empleado de la banca asisten al mismo colegio, una situación impensable en
España. Pero consecuencia de ello es que el hijo del banquero en España está
por detrás del empleado de la banca en Finlandia. En contra de lo que indican
los economistas neoliberales las desigualdades dificultan la eficiencia
educativa y económica.
Vivienda
Otro bien de
primera necesidad y derecho social que se ha venido considerando en nuestro
país como un bien de lujo es la vivienda. Pero precisamente por permitir que la
vivienda se considerara una mercancía más se ha podido gestar la burbuja
inmobiliaria que tanto daño ha hecho a la economía española. El precio de las
viviendas (por metro cuadrado) creció nada menos que un 106 por ciento desde
que se estableció el euro, en 1999, hasta el 2007, mientras que los salarios
nominales crecieron sólo un 8 por ciento, lo que refleja cómo sólo las rentas
más adineradas se han permitido el lujo de adquirir viviendas en condiciones
que no requerían la firma de un contrato abusivo con el banco.
La solución pasa
por considerar la vivienda como un bien de primera necesidad gestionado por el
Estado, para lo cual es imprescindible que el sector público disponga de un
excedente de viviendas que pueda ofrecer en alquiler a precios progresivos (en
función de la renta de las familias), y eso lo puede conseguir utilizando el
impresionante excedente de viviendas que tienen los bancos tras el estallido de
la burbuja inmobiliaria.
Una manifestación
especialmente vergonzosa del problema social al que lleva la insuficiente o mal
orientada financiación de la vivienda es el incremento desmesurado de los
desahucios que se producen y del número de familias que pierden sus viviendas
en manos de bancos que, mientras tanto y con ayudas públicas, obtienen miles de
millones de euros de beneficios.
Según el Consejo
Superior del Poder Judicial en el primer trimestre de 2011 hubo 15.491
desahucios, lo que supone una nueva cifra récord y un 36,9 por ciento más que en
el mismo trimestre de 2010. Pero la Plataforma de Afectados Por la Hipoteca que está en
contacto mucho más directo y real con este problema afirma que en muchos miles
de casos más se produce "autodesahucio" porque las familias entregan
las viviendas cuando ya no pueden más, o, aunque no haya orden judicial de
lanzamiento, se produce el desalojo real que luego no reflejan las cifras
oficiales de la Justicia.
Lo que le lleva a estimar que en 2010 se registraron 93.000
desalojos de viviendas, cuando las cifras oficiales reflejaron 48.000. Y esa
misma fuente estima que a mediados de 2011 podrían estar en curso un millón de
expedientes de desahucio que se unirían a los 250.000 que se han
realizado desde el inicio de la crisis.
En la mayoría de
estos casos se puede producir, además, que las familias deban seguir pagando
una parte de sus hipotecas puesto que el gran poder de los bancos se traduce en
el establecimiento prácticamente unilateral de la tasación del valor de la
vivienda.
Frente a ello no
es solución la simple aceptación de la dación de pago, que al fin y al cabo
viene a significar la pérdida de la vivienda, sino el reconocimiento efectivo
del derecho constitucional a disfrutar de ella. Para ello sería necesario
crear, por el contrario, mecanismos de arbitraje que permitan establecer
acuerdos de prórroga o reestructuración de la deuda hipotecaria, al estilo de
los que existen en otros países europeos, con el fin primordial de que no se
pierda el bien fundamental que es la vivienda y el derecho a habitarla.
Condiciones de trabajo
Otra manifestación
de nuestro subdesarrollo social es el empeoramiento de las condiciones de
trabajo, con un aumento del porcentaje de trabajadores que indican estar
estresados en el trabajo (el 52 por ciento de la población total en 2009). Lo
que no sólo tiene que ver con el hecho de que los trabajadores españoles
trabajan más horas al año (1.654 horas) que las de la media de los países de la OCDE (1.628 horas), sino
también con la menor dotación de servicios de bienestar vinculados a la vida
laboral y, por supuesto, con nuestro menor nivel de salarios.
Pensiones
Al igual que pasa
con la sanidad y con la educación, el sistema público de pensiones está en
peligro como consecuencia de los ataques de los bancos y de las entidades
financieras que buscan incrementar el negocio de sus planes de pensiones
privados. Con el agravante de que tal ataque está siendo justificado por
economistas neoliberales que continuamente recomiendan reformas profundas en el
sistema para evitar su colapso a base de argumentaciones falsas. Se asume
erróneamente que la evolución demográfica (el envejecimiento de la población)
es el único factor que importa a la hora de valorar la sostenibilidad del
sistema de pensiones cuando en realidad hay muchas otras variables que influyen
en dicha sostenibilidad.
En contra de las
medidas que se vienen implantando y que simplemente persiguen reducir el gasto
en pensiones públicas para así obligar a suscribir fondos privados de ahorro, y
dado que la suficiencia financiera del sistema público depende también de los
ingresos y no sólo de los gastos, se mejoraría su situación favoreciendo el
aumento de la masa salarial y el de la población femenina ocupada, la
distribución más igualitaria de la renta, el incremento de la productividad
mejorando las condiciones laborales o la participación de los trabajadores en
la empresa, combatiendo la economía sumergida y el fraude fiscal y laboral.2
Sin olvidar que el
aumento de la productividad implica un incremento muy notable de la riqueza del
país. De la misma manera que ahora el 3 por ciento de la población adulta
trabajando en agricultura produce lo que producía el 30 por ciento de la
población agrícola hace cuarenta años, dentro de cuarenta años un porcentaje
incluso menor producirá mucho más que el 3 por ciento actual. Pues el mismo
símil se aplica al sostenimiento de las pensiones. Si hoy se necesitan tres personas para
sostener a un pensionista (se necesitaban seis hace cuarenta años), es más que
probable que en el futuro se necesiten menos trabajadores activos para sostener
a los inactivos.
Pero incluso
aunque se aceptara, que no hay por qué, que el sistema no se puede sostener
basado sólo en las cotizaciones de la población trabajadora, se podría recurrir
a financiarlo mediante impuestos.
Dependencia y sector de cuidados (cuarto pilar del
bienestar)
Como hemos
señalado, es el poder de clase es el que determina el subdesarrollo social de
España al imponer una insuficiente financiación generalizada de la provisión de
los bienes y servicios de bienestar colectivo. Pero donde este subdesarrollo es
más acentuado es en aquellos sectores del Estado del Bienestar que afectan a
las familias, que en España quiere decir a las mujeres.
En España las
escuelas de infancia para niños de 0
a 2 años y los servicios domiciliarios a personas con
dependencia están muy poco desarrollados. Sólo el 10 por ciento de niños de 0 a 2 años van a escuelas de
infancia públicas, en comparación con el 28 por ciento de la UE-15 o el 58 por ciento de
Suecia. Y lo mismo ocurre en cuanto a los servicios de dependencia: en 2004
sólo un 2 por ciento de las personas con dependencia en España tenían atención
garantizada al margen de la no retribuida que pudieran recibir (en la mayoría
de las veces por las mujeres) de sus hogares, frente al 18 por ciento en la UE-15 y al 23 por ciento en
Suecia.
Este subdesarrollo
tiene costes humanos, sociales y económicos extraordinarios.
La insuficiente
financiación de los servicios de cuidados y de los que pueden permitir la
adecuada conciliación de la vida laboral y personal hace que las labores de
cuidados recaigan en su mayoría sobre el hogar. Pero la escasa
corresponsabilidad entre hombres y mujeres a la hora de hacerse cargo del
trabajo doméstico y de cuidados hace que sean estas últimas las que sobre todo
atiendan a los infantes, a los jóvenes y adolescentes que están en casa hasta
que tienen 32 años como promedio, a las personas mayores y, en general, casi
todas las tareas del hogar. Y el 52 por ciento de ellas además trabaja en el
mercado laboral, todo lo cual tiene efectos muy negativos.
En primer lugar
genera sobrecarga de trabajo y mucho estrés. Las mujeres españolas tienen tres
veces más enfermedades debidas al estrés que el hombre.
En segundo lugar
tiene también un coste social elevado: España tiene una de las fecundidades más
bajas del mundo. Y ello es fácil de entender pues la mujer joven tiene difícil
encontrar un puesto de trabajo que le permita tener acceso a una vivienda,
condición necesaria para establecer una familia. Es más, no suele disponer de
los servicios de ayuda a la familia que tienen otras mujeres europeas, como las
francesas o las suecas.
Finalmente también
tiene un enorme coste económico. Si las mujeres en España tuvieran el mismo porcentaje
de actividad en el mercado de trabajo que las mujeres suecas, en España habría
3 millones más de trabajadoras creando riqueza y pagando impuestos. De ahí la
enorme importancia y exigencia de que se desarrolle el cuarto pilar del Estado
del Bienestar para poder permitir la integración de las mujeres al mercado de
trabajo. Esto es una inversión de una gran importancia para crear riqueza,
mucho mayor, por cierto, que invertir en el AVE, pero, sin embargo, no existe
conciencia de ello en los centros de decisión económica del país.
Una buena prueba
de esto último es que el mismo gobierno socialista que promulgó las Leyes de
Dependencia e Igualdad las dejó casi desde el principio sin financiación
suficiente, lo que creó una frustración importante, sobre todo en las
comunidades gobernadas por el Partido Popular, en donde se realizaron recortes
adicionales que prácticamente han impedido su puesta en marcha. Y también el
hecho de que, cuando la crisis económica estalló, han sido precisamente las
políticas de igualdad, e incluso el propio Ministerio que se creó como su buque
insignia, las primeras que han visto mermar sus presupuestos. Así ocurrió con
la ampliación del permiso de paternidad de dos a cuatro semanas que el Gobierno
anuló a pesar de estar ya aprobado por ley.
El Estado del
Bienestar debería ser una cantera de creación de empleo. Hemos mostrado que si
hubiera el porcentaje de personas adultas en el Estado del Bienestar que tiene
Suecia, no habría desempleo en España. Pero para ello es necesario que el
Estado del Bienestar se vea como una inversión fundamental para mejorar la
calidad de vida, así como la eficiencia económica del país.
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