HAY ALTERNATIVAS V. Navarro. J. Torres L. A. Garzón E.



 
Hay alternativas

Propuestas para crear empleo y bienestar social en España




A todas las personas, y especialmente a las más jóvenes,
que a partir del 15M han salido a las calles
para rechazar las políticas neoliberales que recortan los
derechos sociales y para reclamar otras medidas alternativas
y más justas para salir de la crisis.




VICENÇ NAVARRO
(www.vnavarro.org; Twitter: @VicencNavarro) politólogo y economista, es catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y ha sido catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona y de la Complutense de Madrid. Exilado por motivos políticos es y ha sido Profesor de Políticas Públicas de la The Johns Hopkins University de EEUU durante 40 años. Autor de veintiocho libros traducidos a varios idiomas, es uno de los científicos sociales españoles más citados en la literatura científica internacional.

JUAN TORRES LÓPEZ
(www.juantorreslopez.com; Twitter: @juantorreslopez) es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla. Ha ocupado diversos cargos de responsabilidad académica y ha sido secretario general de Universidades e Investigación de la Junta de Andalucía. Autor de numerosos artículos científicos y de divulgación económica y de una veintena de libros, además de dirigir o participar en numerosas obras colectivas como el best seller Reacciona.

ALBERTO GARZÓN ESPINOSA
(www.agarzon.net; Twitter: @agarzon) es licenciado en Economía y diplomado en Administración de Empresas y Máster en Desarrollo Económico; actualmente realiza su tesis doctoral sobre modelos de desigualdad y crecimiento. Coordina la revista digital Economía Crítica y Crítica de la Economía, fundada en el seno del movimiento de jóvenes economistas críticos en España.








***




Índice

Prólogo de Noam Chomsky

Introducción

I.    Las causas de la crisis mundial

II.    Las singularidades de la crisis española

III.     Lo que hay que solucionar: agenda para una economía más justa y eficiente

IV.      Las condiciones para crear empleo decente

V.       La hipoteca del déficit social

VI.    ¿Bajar los salarios o subirlos para crear empleo y recuperar la economía?

VII.     La financiación de otro modelo de actividad económica

VIII.    Otra Europa, otro mundo

IX.       La economía al servicio de las personas y en armonía con la naturaleza

X.        115 propuestas concretas








***








Prólogo


  En 1978 el presidente del sindicato más poderoso de Estados Unidos, Douglas Fraser, de la federación de los trabajadores de la industria del automóvil United Auto Workers (UAW) condenó a los "dirigentes de la comunidad empresarial" por haber "escogido seguir en tal país la vía de la guerra de clases (class war) unilateral, una guerra de clases en contra de la clase trabajadora, de los desempleados, de los pobres, de las minorías, de los jóvenes y de los ancianos, e incluso de los sectores de las clases medias de nuestra sociedad". Fraser también los condenó por haber "roto y descartado el frágil pacto no escrito entre el mundo empresarial y el mundo del trabajo, que había existido previamente durante el periodo de crecimiento y progreso" en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial conocido comúnmente como la "edad dorada" del capitalismo (de Estado).

  El reconocimiento de la realidad por parte de Fraser fue acertado aunque tardío. Lo cierto es que los dirigentes empresariales y sus asociados en otros sectores de las élites dominantes estaban constantemente dedicados a una siempre presente guerra de clases, que se convirtió en unilateral, sólo en una dirección, cuando sus víctimas abandonaron tal lucha.
Mientras Fraser se lamentaba el conflicto de clases se iba recrudeciendo, y desde entonces ha ido alcanzando unos enormes niveles de crueldad y salvajismo en Estados Unidos que, al ser el país más rico y poderoso del mundo y con mayor poder hegemónico desde la Segunda Guerra Mundial, se ha convertido en una ilustración significativa de una tendencia global.

  Durante los últimos treinta años el crecimiento económico ha continuado aunque no al nivel de la "edad dorada", pero para la gran mayoría de la población la renta disponible ha permanecido estancada mientras que la riqueza se ha ido concentrando, a un nivel abrumador, en una facción del 1 por ciento de la población, la mayoría de los ejecutivos de las grandes corporaciones, de empresas financieras y de alto riesgo, y sus asociados. Este fenómeno se ha ido repitiendo de una manera u otra a nivel mundial. China, por ejemplo, tiene una de las desigualdades más acentuadas del mundo.

  Se habla mucho, hoy en día, de que por el hecho de que "Estados Unidos esté en declive" hay un cambio en las relaciones de poder a nivel global. Esto es parcialmente cierto, aunque no significa que otros poderes no puedan asumir el rol y la supremacía que ahora tiene Estados Unidos.

  El mundo se está convirtiendo así en un lugar más diverso en algunos aspectos, pero más uniforme en otros. Pero en todos ellos existe un cambio real de poder: hay un desplazamiento del poder del pueblo trabajador de las distintas partes del mundo hacia una enorme concentración de poder y riqueza. La literatura económica del mundo empresarial y las consultorías a los inversores súper ricos señalan que el sistema mundial se está dividiendo en dos bloques: la plutocracia, un grupo muy importante, con enormes riquezas, y el resto, en una sociedad global en la cual el crecimiento que en una gran parte es destructivo y está muy desperdiciado, beneficia a una minoría de personas extraordinariamente ricas, que dirigen el consumo de tales recursos. Y por otra parte existen los "no ricos", la enorme mayoría, referida en ocasiones como el "precariado" global, la fuerza laboral que vive de manera precaria, entre la que se incluye mil millones de personas que casi no alcanzan a sobrevivir.

  Estos desarrollos no se deben a leyes de la naturaleza o a leyes económicas o a otras fuerzas impersonales, sino al resultado de decisiones específicas dentro de estructuras institucionales que los favorecen. Esto continuará, a no ser que estas decisiones y planes se reviertan mediante acción y movilizaciones populares con compromisos dedicados a programas que abarquen desde remedios factibles a corto plazo hasta otras propuestas a más largo plazo que cuestionen la autoridad ilegítima y las instituciones opresivas entre las que reside el poder. Es importante, por lo tanto, acentuar que hay alternativas.

  Las movilizaciones del 15M son una ilustración inspiradora que muestra qué es lo que puede y debe hacerse para no continuar la marcha que nos está llevando a un abismo, a un mundo que debería horrorizar a todas las personas decentes, que será incluso más opresivo que la realidad existente hoy en día.

                                                                                  NOAM CHOMSKY
                                                                                  Boston, agosto 2011


***



Introducción

  Semanas antes de que termináramos de escribir este libro el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, afirmaba refiriéndose a la situación en la que se encontraba Grecia: "No hay alternativas ni plan B para Grecia. La alternativa es la catástrofe".
  Siempre dicen lo mismo: sólo se puede hacer lo que digan quienes están en el poder. Y cuando también insisten tanto en que la alternativa es el desastre, la catástrofe, como dice Barroso, ¿a quién puede extrañar que la gente normal y corriente, que se informa leyendo sus diarios o viendo los telediarios en sus televisores, termine sintiendo miedo y acepte sin rechistar esa "única" alternativa?
  Una única alternativa que siempre viene a ser lo mismo: recortar salarios (directos, indirectos en forma de gasto social o diferidos como pensiones). Cuando la economía va bien, diciendo que es para que no vaya mal y, cuando va mal, para que vaya bien.
  Los autores de este libro, como otros muchos científicos, sabemos que los argumentos que los políticos y los economistas neoliberales dan para justificar lo que proponen son falsos.
  Sabemos que hay alternativas, que se pueden hacer otras cosas distintas a las que proponen la patronal, los banqueros, los directivos de los bancos centrales y los políticos que comparten con ellos la ideología neoliberal.
  Lo sabemos sencillamente porque leemos, porque no recurrimos sólo a las investigaciones de quienes se dedican a reforzar el pensamiento dominante sin tener en cuenta los trabajos científicos que demuestran lo contrario. Por eso sabemos que se puede crear empleo impulsando la actividad económica y no frenándola, como quieren hacer los neoliberales. Por eso sabemos que para hacer frente a la deuda pública es mejor proporcionar a los países capacidad para generar ingresos propios y no quitársela porque entonces lo que se producirá será más deuda, como ha pasado siempre y como va a ocurrir en Europa con las medidas neoliberales que se están aplicando.
  Nosotros sabemos que hay alternativas, es decir, que se pueden hacer otro tipo de políticas simplemente porque eso es lo que demuestra la literatura científica, por mucho que se quiera ocultar por parte de los neoliberales.
  Y sabemos también que las medidas que proponemos pueden ser más exitosas que las que proponen los neoliberales, en primer lugar porque el éxito de estas últimas es evidente si tenemos en cuenta la crisis a la que nos ha llevado su aplicación en los últimos años, o el tremendo nivel de insatisfacción que hay en España, donde nada menos que el 78 por ciento de la población no está de acuerdo con las políticas de austeridad; en la Unión Europea, donde el 68 por ciento de la población no está satisfecha con la manera como se está construyendo esta institución, y muestra también desacuerdo con las políticas que se están llevando a cabo; y en el mundo, donde el 50 por ciento de los trabajadores gana menos de 2 dólares y no tiene ningún tipo de contrato ni de protección social, en donde hay 1.100 millones de hambrientos y casi 2.000 millones en situación de extrema pobreza.
  Y en segundo lugar porque es fácil comprobar que las propuestas que hacen los neoliberales no responden a verdades científicas o evidencias empíricas sino a creencias puramente ideológicas que, en muchas ocasiones, incluso chocan, como veremos, con el sentido común más elemental.
  Si fuera verdad que las medidas neoliberales consiguen realmente lo que dicen que van a conseguir, se permitiría su discusión abierta y plural porque sus defensores podrían demostrar de forma fehaciente que bajar salarios o reducir el gasto social aumenta el empleo, o que privatizar las pensiones o los servicios públicos aumenta su cobertura y calidad, como dicen.
  Lo que hacen, sin embargo, es imponerlas sin respetar las preferencias sociales, sin que haya un auténtico debate democrático sobre ellas. Evitan el debate y las imponen como si fueran directrices técnicas inapelables porque saben que no es cierto lo que mantienen, que nada de lo que afirman se puede demostrar. La realidad muestra sin ningún tipo de dudas que cuando se han aplicado las medidas que ahora nos están proponiendo siempre ha bajado la calidad de vida, del trabajo y la cantidad de empleo existente y que sólo han mejorado los beneficios de los banqueros y de las grandes empresas.
  Y todo esto es lo que hemos querido desvelar con este libro a nuestros lectores.
  Lo escribimos, pues, con el propósito de divulgar la falsedad en que se basa esa idea tan difundida de que no hay alternativas, para demostrar que sí las hay y que, además, son más eficaces para salir de la situación en la que nos encontramos, para crear empleo decente y estable y para generar bienestar social. Y, por supuesto, mucho más justas y humanamente satisfactorias.
  No hemos pretendido hacer un libro académico, razón por la que sólo hemos aportado las referencias bibliográficas esenciales y no nos hemos extendido en los razonamientos y las demostraciones más complejas, pero los lectores y las lectoras que estén interesados en profundizar más en los temas que abordamos aquí no tendrán muchas dificultades para encontrar multitud de trabajos que confirman nuestras tesis a poco que se esfuercen por ir más allá del pensamiento ortodoxo que tanto abunda. Tampoco es, ni pretende serlo, un prontuario de soluciones o un programa político aunque lo hemos querido concluir con propuestas concretas para demostrar que no estamos hablando simplemente de generalidades, sino que hacemos un análisis del que se derivan opciones políticas que tenemos al alcance de nuestra mano si la ciudadanía se empeña en que medidas como las que proponemos se pongan en marcha.
  En suma, el libro es el resultado de nuestro deseo de satisfacer una demanda muchas veces sentida cuando hemos dado en los últimos tiempos docenas de charlas, seminarios o conferencias tratando de aclarar lo que estaba pasando y de aportar soluciones, sobre todo a personas que nos escuchaban sin tener formación económica alguna. Por eso hemos procurado escribirlo, incluso cuando se refería a asuntos ásperos y complicados, con la mayor sencillez y claridad para que los pueda entender todo el mundo (algo muy despreciado, por cierto, por muchos economistas neoliberales que parecen creer que hay más rigor científico cuanto más ininteligible es el lenguaje que se utiliza). Y finalmente nos satisface reconocer que este libro se escribe pensando de forma particular en esos miles de personas a quienes se lo hemos dedicado, a quienes desde el 15M han salido a la calle reclamando un debate realmente democrático sobre la crisis y sobre las soluciones más justas que se le pueden dar. Pero también a quienes, sin haber salido a las calles, sabemos que ven con simpatía lo que está ocurriendo porque también comparten el ideal de justicia de "los indignados" y porque -aunque todavía no hayan ido a ninguna manifestación- saben que crear más desempleo y pobreza, bajar cada vez más los sueldos, los salarios y las pensiones, permitir que miles de familias pierdan sus viviendas, dejar sin financiación y sin clientes a las pequeñas y medianas empresas o a los trabajadores autónomos, o destrozar el medio ambiente... no se puede considerar de ningún modo que sea una verdadera solución de los problemas económicos. Y que, en consecuencia, saben que es necesario poner en marcha otras políticas alternativas.



VICENÇ NAVARRO,
JUAN TORRES LÓPEZ
y ALBERTO GARZÓN ESPINOSA

Barcelona y Sevilla, julio de 2011


***


I
Las causas de la crisis mundial



  Para tratar de resolver cualquier tipo de problema hay que empezar por conocer las causas que lo han provocado. Hacer un buen diagnóstico de los males que aquejan a un paciente es el primer paso para sanarlo, e igualmente ocurre en el campo económico.
  Los que afectan en estos momentos al que pretendemos explorar, la economía española, son fáciles de detectar y en realidad comunes a los que han sufrido o sufren otros muchos países como consecuencia de la crisis: un incremento extraordinario del número de personas en paro, el hundimiento de sectores enteros de la economía, la quiebra de miles de empresas o gobiernos que se han tenido que endeudar hasta niveles muy preocupantes para tratar de aliviar todo eso, entre otros.
  Éstos son los problemas que tenemos que resolver pero para conseguirlo lo más importante es conocer bien sus causas.

La gran recesión

  A estas alturas casi todo el mundo sabe que la causa más inmediata de todo ello fue que bancos estadounidenses difundieron por todo el sistema financiero internacional, como una inversión muy atractiva y rentable, miles de productos financieros derivados de contratos hipotecarios que, cuando la economía se empezó a venir abajo, resultaron ser en realidad simple basura financiera que hizo quebrar a los bancos y a los inversores que los habían adquirido.
  Cuando eso ocurrió, los bancos dejaron de conceder créditos y enseguida las empresas y los consumidores que dependen de esa financiación no pudieron seguir produciendo o comprando, lo que provocó una gran caída de la actividad económica y el aumento del paro, lo cual llegó a ser calificado como la Gran Recesión.
  Los gobiernos inyectaron entonces miles de millones para salvar a los bancos creyendo que así se lograría que volvieran a dar crédito y llevaron a cabo planes de gasto multimillonarios para evitar que no cayera más el empleo y que no se siguieran cerrando empresas.
  Pero bien porque fuese insuficiente, bien porque los bancos utilizaron el dinero para otra cosa, lo veremos enseguida, lo cierto es que lo único que se consiguió con ello fue aliviar o frenar un poco la parálisis económica que se había provocado pero no resolver completamente la situación.
  El resultado fue que al disminuir la actividad cayó la recaudación de ingresos y que el gasto de los gobiernos se multiplicó, así que los déficits se dispararon y la deuda subió de forma acelerada. Los bancos que habían provocado la crisis aprovecharon la necesidad de financiación de los gobiernos y entonces sí les prestaron grandes cantidades, aunque a costa de imponerles condiciones draconianas a través de reformas muy profundas basadas, sobre todo, en recortar el gasto social y los salarios para que la mayor parte posible de los recursos se dirigiera a retribuirles a ellos. Y con menos gasto, es decir, con menos capacidad de compra, las empresas volvieron a resentirse y su actividad de nuevo se vino abajo, lo que empeoró el empleo y llevó a economías como las de Grecia, Irlanda o Portugal a una situación mucho peor.

LA MENTIRA DE LOS "BROTES VERDES"

  La sucesión de medidas equivocadas por parte de los gobiernos o, en realidad, de medidas dirigidas principalmente a que los bancos se recuperaran sin modificar las reglas de juego que habían dado lugar a la crisis es lo que ha llevado a que ahora, algo más de tres años después de que la crisis de las hipotecas basura se iniciara, no haya seguridad de haberla superado a pesar de que hace meses todos los gobiernos engañaban a su población diciendo que aparecían "brotes verdes" y que la crisis se aproximaba a su fin.
  La realidad, como muchos economistas habíamos advertido, es que ni mucho menos estábamos en esa feliz situación. Al revés, puesto que no se habían querido poner sobre la mesa de operaciones las causas reales de la crisis y, por tanto, tomar medidas que le hicieran frente, lo normal era que el enfermo siguiera padeciendo los males que sufría desde el principio, e incluso en algunos países, agravados.
  Así, muchos países, empezando por el todopoderoso Estados Unidos, tienen ahora, además de los problemas originales que dieron lugar a la crisis, otros muy graves como resultado de la deuda que han generado. En el momento de escribir estas líneas algunos, como Grecia, están siendo literalmente saqueados y han tenido que poner a la venta sus riquezas más preciadas; otros, como Irlanda y Portugal, han sido intervenidos, y España o Italia se encuentran bajo la amenaza y la extorsión constantes de los "mercados", sufriendo lo que nada más y nada menos que el presidente de la Junta de Andalucía calificó hace unos meses como "terrorismo financiero".

CAUSAS SUPERFICIALES Y CAUSAS DE FONDO DE LA CRISIS

  Esta historia es ya bastante bien conocida pero es insuficiente si se quiere actuar con eficacia para resolver todos los problemas que se han generado. No basta con conocer las causas más inmediatas de la crisis (los problemas financieros que la originaron) sino que hay que poner también en claro las circunstancias estructurales que dieron lugar a que estas últimas aparecieran.
  Hay bastante consenso sobre la naturaleza de la crisis financiera como resultado del comportamiento irresponsable de los bancos que creó un problema económico grave al provocar el caos financiero y paralizar la economía como consecuencia de la falta de crédito y, más tarde, el de la deuda pública.
  Pero hay que tener en cuenta también el más importante problema de la deuda privada, de las familias y de las empresas, como resultado del descenso de la capacidad adquisitiva de la población a consecuencia de las políticas neoliberales (llevadas a cabo desde la época iniciada por el presidente Reagan en Estados Unidos y la señora Thatcher en Gran Bretaña) que causaron un descenso continuado de las rentas del trabajo.
  Estas políticas, que en Europa se intensificaron con el fin de instaurar el euro, llevaron a crear un enorme problema de falta de demanda que se resolvió primordialmente con la disponibilidad del crédito y a que las rentas del capital se invirtieran de forma preferente en las actividades especulativas en lugar de en la economía productiva.
  Aunque en este libro no podemos hacerlo con mucho detalle, para poder plantear soluciones de verdad a la crisis es imprescindible que aclaremos, aunque sea muy breve y superficialmente, todas las causas que desde hace casi treinta años vienen creando la situación económica, política y social en la que estamos y que hace inevitable que se produzcan crisis como la que estamos sufriendo.1


LA DEBACLE FINANCIERA

  A lo largo de la década de 1990 la masa salarial venía bajando en Estados Unidos a pesar del aumento de la población activa y eso estaba creando un problema grave de escasa demanda que se hizo especialmente peligroso después de los atentados de septiembre de 2001. La reducción de la masa salarial como porcentaje de la renta nacional (y ello a pesar del crecimiento de la población activa) estaba creando un problema grave de escasa demanda, resultado de la disminución de la capacidad adquisitiva de la población. Las autoridades económicas de Estados Unidos pusieron en marcha una política de tipos de interés bajos para tratar de apoyar a la actividad económica y proporcionaron incentivos para que los bancos dieran préstamos hipotecarios con mayor facilidad, lo que favoreció el acceso a la financiación externa que hizo que el negocio inmobiliario comenzara a crecer. Los hogares se endeudaban para comprar sus primeras o segundas viviendas y, por tanto, los precios comenzaron a subir.
  Se formó entonces lo que se conoce como una "burbuja", en este caso inmobiliaria. Es decir, una situación en la que los compradores creen que los precios de algún producto van a subir indefinidamente y que, por tanto, será muy rentable comprar pensando sólo en vender con mayor o menor rapidez. Por otra parte se crearon incentivos dentro del sistema bancario que optimizaron el número de hipotecas independientemente de su calidad.

LA ESTAFA DE LAS HIPOTECAS BASURA

  El afán de ganar cada vez más dinero ofreciendo créditos por doquier llevó a los bancos a ofertar las llamadas hipotecas subprime, que eran las que destinaban a gente poco solvente o con pocos recursos económicos y que, por tanto, tenían mucho más riesgo de impago. En Estados Unidos se popularizaron los llamados préstamos NINJA, que corresponden a las iniciales de "No Income, No Job, No Asset" (sin ingresos, sin trabajo y sin patrimonio), que eran mucho más arriesgados, pero también más rentables para los bancos por los tipos más altos que había que pagar por ellas.
  Pero los bancos ofrecían tantos créditos que empezaban a encontrarse sin liquidez para seguir dándolos y entonces recurrieron a un procedimiento que ya se había utilizado antes aunque no en tan gran medida como se iba a utilizar entonces: la titulización de los activos.2
  Mediante este proceso el banco vende el derecho que lleva consigo el contrato de préstamo, el papel, a una entidad (normalmente un fondo de inversión) denominada "vehículo" (en general creada por los mismos bancos). De esa forma sale papel de su balance y entra liquidez (dinero contante y sonante que ya puede utilizar para seguir dando más créditos) y, además, transfiere el riesgo desde dentro hacia fuera de su balance.
  Enseguida la entidad vehículo hace lo mismo: emite unos nuevos títulos (los mismos papeles que había comprado a los bancos con otros nombres) que vende a nuevos inversores. Éstos suelen ser los grandes especuladores, los llamados inversores institucionales (bancos, compañías de seguros, fondos de pensiones, fondos de inversiones, hedge funds 3...), que se dedican a comprar y vender papel permanentemente, aprovechándose de las variaciones en su precio que a veces provocan ellos mismos.
  Y así se difundieron las hipotecas iniciales en forma de productos financieros derivados de ellas por todo el sistema financiero internacional.4
  Pues bien, como las hipotecas que iban concediendo los bancos estadounidenses eran cada vez más arriesgadas y peligrosas trataron de disimular el peligro que realmente conllevaban. Para ello inventaron unos "paquetes" en donde incluían hipotecas buenas (prime) y otras malas (subprime) y en donde además empezaron a mezclar activos de diferente tipo: préstamos hipotecarios, préstamos para el consumo de coches, préstamos para estudiantes, etcétera. E incluso inventaron paquetes que contenían otros paquetes en su interior, de modo que al final nadie sabía el producto financiero que en realidad estaba comprando. Y los directores de sucursales bancarias de todo el mundo se los "colocaban" a sus clientes sin que ni siquiera ellos mismos supieran lo que les vendían.
  Todo esto empezaba a ser una estafa y había que disimularla bien. Para ello los bancos convencieron a las autoridades para que relajaran la supervisión y, sobre todo, recurrieron a las llamadas agencias de calificación, que son entidades privadas contratadas por las mismas entidades bancarias emisoras de títulos para que valoren la calidad de sus emisiones.
  Para apoyar el negocio fraudulento de sus clientes, las agencias no dudaron en calificar como de gran calidad financiera las hipotecas que ponían en circulación y eso permitió que cientos de bancos y millones de personas invirtieran en ellas o en sus productos derivados creyendo que efectivamente se trataba de una inversión segura.

EL DERRUMBE

  Durante muchos años estos mecanismos financieros permitieron a los bancos tener espectaculares beneficios que repartían entre sus accionistas privados, pero la fiesta acabó cuando cambió la situación. La Reserva Federal de Estados Unidos subió los tipos, las expectativas sobre subsiguientes subidas de precios en el mercado inmobiliario se vinieron abajo, la actividad en la construcción se frenó... y la consecuencia de todo ello fue que millones de trabajadores quedaron sin empleo y que empezaron a dejar de pagar las hipotecas o préstamos que tenían suscritos con los bancos.
  Cuando esto último sucedía, los productos financieros derivados de las hipotecas individuales titulizadas o de los paquetes que se habían distribuido como si fueran quesos en porciones por todo el mundo perdían de inmediato su valor porque sus activos originales (las hipotecas que se encontraban en la base de la pirámide) dejaban de proporcionar los flujos de dinero esperados cuando las familias dejaban de pagarlas.
  Las entidades que habían participado en este esquema financiero comenzaron a tener pérdidas e, incluso, a declararse en bancarrota.
  Además, con la explosión de la burbuja, la cartera inmobiliaria de los bancos comenzó a perder valor mientras que las deudas que habían contraído permanecían intactas. Y para colmo los bancos se vieron obligados a asumir las obligaciones de las "entidades vehículo" para evitar que quebraran porque ya no eran capaces de vender los títulos de los que disponían, puesto que los inversores cuestionaban su calidad y empezaban a tener serias dificultades para afrontar sus deudas.
  Los bancos comenzaron a registrar pérdidas multimillonarias y se inició una auténtica debacle financiera.
  Inicialmente fueron los bancos estadounidenses los que empezaron a sufrir pérdidas gigantescas y quiebras, pero el proceso se extendió con rapidez por todo el mundo porque las finanzas internacionales son en realidad el único aspecto de la vida económica que está completamente globalizado. Los productos derivados de las iniciales hipotecas basura (aunque en realidad los inversores no sabían lo que había en el fondo de los
papeles que compraban y vendían) se habían difundido por las sucursales bancarias de todo el mundo y ahora esas inversiones empezaban a no valer nada.

LA CRISIS DE LA ECONOMÍA GLOBAL
Y SUS DAÑOS COLATERALES

  Cuando todo esto sucedió, los bancos empezaron a dejar de darse crédito entre ellos, bien porque se quedaron sin capital, bien porque desconfiaban unos de otros. Enseguida dejaron de darlo también a empresarios y consumidores, y eso fue lo que provocó sin remedio un auténtico desastre en las economías.
  Hoy día es imposible que un empresario pueda aguantar unas semanas o meses sin financiación ajena o que los consumidores gasten en bienes y servicios duraderos sin recurrir al crédito. Y por eso la carencia de financiación que se fue generalizando hundió sin remedio los mercados, paralizó casi por completo a millones de empresas que tuvieron que despedir a trabajadores y dio lugar a que los hogares redujeran el gasto en consumo, que es al fin y al cabo de lo que viven las empresas.
  Al principio había habido una crisis hipotecaria en Estados Unidos, pero enseguida se hizo financiera y global y a continuación una crisis de la actividad económica real, no sólo de la banca o los grandes inversores financieros. Y ésa fue la causa de la recesión económica que sufrieron casi todas las economías del mundo.
  Para colmo esta recesión vino acompañada de otras secuelas muy graves a medida que avanzaba.
  Cuando los mercados financieros y el inmobiliario comenzaron a dar muestras de flaqueza y la inversión se hacía allí excesivamente peligrosa, los capitales especulativos (que no pueden parar ni dejar de ganar dinero ni por un minuto porque les pasa lo que a los ciclistas, que si se paran se caen) cambiaron de destino: de las hipotecas y productos financieros derivados de los inmobiliarios pasaron a los del petróleo y de productos alimenticios.
  Y lo mismo que antes hicieron que el precio de la vivienda se disparara, ahora incrementaron sin cesar el de la energía y el de los productos alimentarios, lo que provocó nuevos problemas a la economía real y la muerte de cientos de miles de personas que se alimentan de arroz o de los cereales básicos cuyo precio se disparaba día a día como consecuencia de la especulación.

LAS CAUSAS PROFUNDAS DE LA CRISIS

  ¿Cómo pudo gestarse una estafa financiera tan gigantesca? ¿Cómo se permitió que un volumen tan impresionante de recursos se destinara a la especulación mientras que la economía productiva carecía de ellos? ¿Cómo pudo llegar a quebrar una parte importante del sistema bancario internacional sin que ninguna autoridad se hubiera dado cuenta de lo que pasaba? ¿Cómo pudieron engañar los bancos a millones de inversores sin que los bancos centrales, que conocen al dedillo todo lo que hacen y lo que ocurre en su interior, hicieran nada por evitarlo? ¿Cómo se dejó sin financiación a miles de empresas que crean empleo mientras que se concedieron miles y millones de euros para salvar a los bancos? ¿Cómo se pudo dejar que Estados enteros, millones de personas quedaran desarmados ante la furia especuladora de los mercados y endeudados hasta el cuello mientras que los financieros hacían negocio con esa deuda? Éstas, y algunas más de este estilo, son las preguntas a las que hay que responder si de verdad se quiere hacer frente a la crisis económica.
  Y para poder contestarlas hay que tener en cuenta los factores que tienen que ver con la economía real y con la distribución de poder económico y político que configuraron, entre otros, la distribución de las rentas y la actividad económica. De ahí que sea importante conocer varios hechos.
  En primer lugar es importante entender por qué las finanzas (bancos, fondos de inversión, actividades financieras en general, etcétera) han ganado tanto poder en las últimas décadas en el mundo desarrollado y han conseguido que los poderes públicos no les pararan los pies cuando llevaban a cabo todas estas tropelías.
  En segundo lugar hay que saber que en los últimos años se han llevado a cabo unas medidas no sólo económicas sino también políticas o culturales precisamente encaminadas a que los ingresos fueran cada vez en mayor medida a las manos de estos especuladores.
  Y en tercer lugar es fundamental comprender el papel tan importante que ha tenido la desigualdad en la gestación de la crisis actual.

LA FINANCIARIZACIÓN DE LAS ECONOMÍAS
Y EL PAPEL DE LOS BANCOS

  La ascensión al poder en la década de 1980 de gobiernos de inspiración neoliberal (como los de Margaret Thatcher en Reino Unido y Ronald Reagan en Estados Unidos) puso fin al consenso que se había venido dando desde después de la Segunda Guerra Mundial y dio paso a políticas de naturaleza muy distinta.5
  En el campo financiero se produjo un cambio muy importante cuando en la década de 1960 se inició un incremento espectacular y desconocido hasta entonces de la cantidad de dólares circulantes en la economía. Era el inicio de un nuevo ciclo determinado por una sobreproducción que causó una bajada de rentabilidad de la economía productiva. Las multinacionales generaban cada vez más y más beneficios pero a la vez se enfrentaban a problemas de rentabilidad que desincentivaban la reinversión de esos mismos beneficios. Por tanto, buscaron la forma de invertir esos beneficios en cualquier otro negocio que no fuera la esfera productiva. Además, cuando los precios del petróleo sufrieron una impresionante subida en la década de 1970, los países productores se encontraron también con billones de dólares que no sabían dónde colocar, por lo que aumentó también con ellos la masa circulante de dólares.
  Los bancos, que eran quienes principalmente manejaban esa oferta de dólares, fomentaron el recurso al crédito con tal de colocar los dólares que circulaban con extraordinaria abundancia. Obtener préstamos era fácil y barato y los bancos los daban sin ningún problema.6
  Facilitó este cambio la revolución de las tecnologías de la información que permitió que las operaciones financieras se pudieran realizar de modo muy rápido y sin apenas costes, así que las actividades especulativas, que antes también se realizaban pero de modo mucho más pausado y limitado, ahora pudieron llevarse a cabo de forma vertiginosa.
  El atractivo de dedicarse a esas actividades especulativas eran grandioso: con muy pocos medios se podían movilizar millones y millones de cualquier moneda para comprar y vender al instante y obtener en cada transacción tasas de rentabilidad mucho más elevadas que las que podía proporcionar la puesta en marcha de un negocio productivo. Y eso fue lo que hizo que las operaciones financieras de simple compra y venta de papel fueran creciendo sin parar, desvinculándose cada vez más de la creación de negocios productivos, de la producción de bienes y servicios y de la creación de empleo.
  Para que este nuevo negocio fuera lo más rentable posible los financieros consiguieron que los gobiernos llevaran a cabo reformas legales destinadas a garantizar la plena libertad de movimientos de los capitales y a que en los mercados financieros se pudiera hacer prácticamente cualquier cosa sin control alguno.
  Mediante estas reformas se fue eliminando casi cualquier tipo de trabas a lo que pomposamente se llamaba innovación financiera y que no era otra cosa que la continua creación de activos para comprar y vender especulativamente gracias a los fondos multimillonarios que se iban acumulando. Y para ello tuvieron un papel decisivo los llamados paraísos fiscales, países que no establecen control ninguno a las operaciones que realizan los bancos y las empresas que se instalan allí para mover el dinero negro que sus clientes quieren ocultar al Fisco. Algo que hacen la práctica totalidad de los bancos y cajas de ahorros españoles y el 80 por ciento de nuestras grandes empresas.
  Todo eso aumentó el volumen de dinero que circula simplemente alrededor de las operaciones financieras y que hoy día se calcula que es de 4 billones de dólares al día sólo en los mercados de compra y venta de monedas, y de 700 billones de dólares en los mercados de derivados (es decir, de los papeles nacidos de otros papeles para especular con ellos).
  Pero en las finanzas especulativas hay una ley inevitable: cuanta más rentabilidad se obtiene, más riesgo hay. Por eso, al mismo tiempo que aumenta el beneficio financiero especulativo se incrementa el peligro que soporta toda la economía porque las operaciones que lo proporcionan son de naturaleza muy volátil e inestable, y trasladan estas características al conjunto de las actividades.
  Eso es lo que explica que en estos años de gran especulación financiera haya habido más crisis que nunca en la historia.
  Por otro lado, la aparición de estos nuevos negocios financieros cambió también la función de los bancos y la forma en que se financiaban las empresas.
  Estas últimas se financiaban antes solicitando préstamos a los bancos pero ahora podían hacerlo emitiendo acciones o bonos, que eran más baratos y que servían a los inversores para crear a partir de ellos nuevos papeles que de nuevo vendían en los mercados financieros. Y, como consecuencia de ello, los bancos dejaron de dedicarse preferentemente a financiar la actividad productiva de las empresas para desplazar sus negocios hacia la gestión de fondos de inversión y hacia el cobro de comisiones bancarias.
  Los bancos se convirtieron así en las principales fuentes de alimentación de la especulación, de las burbujas inmobiliarias, de la inversión en paraísos fiscales, e incluso en actividades ilícitas e inmorales, lo que, al mismo tiempo, hacía que la financiación de la actividad productiva de las empresas que crean empleo fuera cada vez más escasa y cara, a diferencia de la destinada a la especulación.


EL NEOLIBERALISMO

  Un elemento clave en el crecimiento del sector financiero de carácter especulativo fue la polarización de las rentas, con un incremento muy notable de las del capital (y muy en particular del capital financiero) a costa de una reducción de las rentas del trabajo. Esta merma fue responsable de un descenso de la capacidad adquisitiva de la población, muy en particular de las clases populares, y determinó un problema de escasa demanda y por lo tanto de limitada rentabilidad de la economía donde se producen los bienes y servicios (la que se llama economía real o productiva), cuya demanda estaba disminuyendo. De ahí que la población y las empresas se endeudaran cada vez más (y aumentaran el tamaño del sector financiero) y que el capital prefiriera invertir más en los sectores especulativos que en la economía real, pues los beneficios eran mayores en los primeros que en la segunda. La polarización de las rentas, con descenso de las del trabajo, fue el resultado directo de las acciones de los gobiernos que desarrollaron las políticas neoliberales.
  El pleno empleo de la larga fase de crecimiento económico de la década de 1950, de la de 1960 e incluso de la de 1970 había propiciado que los trabajadores mejoraran continuamente su posición en el reparto de la renta, lo que se tradujo en un notable incremento en la participación de los salarios en el conjunto de las rentas.
  Detrás de esta situación había causas políticas tales como la fortaleza de partidos de izquierdas, la expansión del sindicalismo, el surgimiento de movimientos sociales, como el movimiento feminista, el ecológico, el de derechos civiles y otros movimientos sociales contestatarios con la estructura de poder.
Todos ellos lo sintieron como una amenaza poderosa que indujo a los grandes poderes del momento a poner en marcha respuestas políticas que les permitieran frenar ese creciente poder de los grupos y movimientos sociales que aspiraban a establecer un nuevo orden social y económico.
  La respuesta política fue contundente, aplicándose en primer lugar y de modo a veces sanguinario en los países de América Latina y África que habían comenzado a experimentar cambios no necesariamente radicales en sus formas de gobierno y en la política económica.
  Como hemos señalado, la primeras reacciones vinieron de la mano de la "revolución conservadora neoliberal" de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, que produjo cambios muy importantes, además de los financieros que hemos comentado.
  En primer lugar, el cambio de modelo productivo mediante la aplicación de las nuevas tecnologías de la información que iban a proporcionar un nuevo modo de utilización de los recursos, especialmente del trabajo, que iba a ser a partir de entonces más escaso y más barato.
  En segundo lugar, una nueva política macroeconómica centrada en la lucha contra la inflación. Como ésta se entendía que  estaba causada por los altos salarios y por la excesiva circulación de dinero, se proponía combatirla con políticas de altos tipos de interés (que beneficiaban a los poseedores de dinero) y recortes salariales (lo que favorecía a los propietarios de capital).
  Finalmente se puso en marcha una estrategia política y cultural orientada a introducir nuevos valores sociales que fomentaran el individualismo y la fragmentación social que, junto al paro y al endeudamiento como resultado de los menores ingresos, siempre actúan como fuentes de sumisión y de desmovilización política.
  Estas políticas, que después se han conocido como neoliberales, fueron logrando un cambio paulatino no sólo en la base productiva y financiera, sino en todo el orden social e incluso en la forma de ser y actuar de los individuos como consecuencia de la desigualdad y del desempleo que provocaron.

LA DESIGUAL DISTRIBUCIÓN DE LAS RENTAS Y LA CRISIS

  Los cambios tan importantes que trajeron estas políticas en la distribución del ingreso y su influencia posterior en el origen de la crisis se produjeron como consecuencia de un doble proceso.
  Por un lado, disminuía la ganancia que se puede obtener en los mercados de bienes y servicios, puesto que la menor proporción de rentas salariales (las cuales se dedican prácticamente en su integridad al consumo) reduce la demanda y, en consecuencia, limita las ventas y los ingresos de las empresas productivas. Y paralelamente el mayor volumen de rentas del capital incrementa el ahorro y, por tanto, la suma de recursos susceptibles de ser destinados a la inversión para obtener rentabilidad.
  Pero, como los cambios financieros que se habían producido hacían mucho más atractivo colocar los capitales en las inversiones financieras, resultó que la desigualdad de rentas fue agrandando el flujo de fondos hacia estas últimas y en menor medida a la productiva.
  La desigualdad en la distribución de las rentas originarias se convirtió así en la principal fuente de alimentación de la especulación financiera y del riesgo asociado a ellas que caracteriza al capitalismo de nuestros días. Y esa desigualdad en aumento ha sido el caldo de cultivo que ha incentivado la compulsiva innovación financiera orientada a rentabilizar el papel mediante complejos procedimientos de titulización que convierten el capital meramente ficticio, la deuda, en fuente de grandes pero muy arriesgadas ganancias.
  El que fue secretario de Trabajo con Clinton, Robert Reich, ha señalado que en 1976 el 1 por ciento más rico de la población de Estados Unidos poseía el 9 por ciento de la riqueza y ahora, después de estos años de políticas neoliberales, ya acumula el 20 por ciento. Y subraya Reich la coincidencia significativa de que este 20 por ciento sea justamente el porcentaje que el 1 por ciento más rico de la población de 1928 poseía entonces, justo antes de que se desencadenara la Gran Depresión. No es una simple coincidencia.
  Lo que ha ocurrido en los últimos años es que las políticas neoliberales han impuesto un régimen de salarios reducidos y de trabajo precario que ha permitido recuperar las rentas del capital pero con resultados dramáticos.
  Con los salarios más bajos como los que se han impuesto se generan beneficios pero crean escasez y, por tanto, se limita el rendimiento y la capacidad de crecimiento potencial de la economía, es decir, el que se podría obtener si hubiera mayor demanda y se utilizaran todos los recursos disponibles en lugar de dedicarlos a crear y destruir constantemente capital ficticio en los mercados financieros.
  Si se contrae la actividad, lo que termina ocurriendo es que la actividad real proporciona una rentabilidad mucho menor que la que se puede obtener en las actividades financieras.
  Esa progresiva deriva de los capitales hacia el universo financiero es lo que debilita la actividad real y genera inestabilidad, puesto que la base en la que allí se soporta la ganancia es la especulación que implica una asunción constante de riesgo y, por tanto, una tendencia permanente a la inestabilidad y a las crisis.
  Así, mientras que desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la década de 1970 apenas si se podrían señalar cuatro o cinco crisis financieras, desde entonces se han contabilizado 117 crisis bancarias sistémicas en 93 países y 113 episodios de estrés financiero en 17 países, lo que claramente pone de relieve que los fenómenos paralelos de la desigualdad y la hipertrofia de los flujos financieros vinculados a la multiplicación del capital ficticio son la fuente de la extenuante inestabilidad sistémica del capitalismo de nuestros días.
  La crisis que estamos viviendo es, por tanto, una consecuencia inevitable de este proceso de conversión de la economía capitalista en un gran casino financiero que convierten la inversión en papel y en capital puramente ficticio (si es que a eso se le puede considerar inversión) en el uso más rentable del capital. Los bancos y los grandes fondos de inversión se han convertido en una maquinaria de creación constante de deuda a través de la titulización y de los sofisticados procedimientos de la ingeniería financiera que llevan a cabo para encontrar continuamente nuevas fuentes de beneficio. Pero todo ello lo llevan a cabo al margen de la actividad productiva, de modo que ésta no puede sino debilitarse de forma continuada y terminar exhausta ante la falta de capital o de demanda real suficiente.

UN CAPITALISMO TÓXICO

  En definitiva la última y gran recesión de la economía mundial es algo más que el resultado de una crisis financiera derivada de la difusión de productos tóxicos. La crisis actual es también la consecuencia del divorcio entre medios y fines, porque se han desnaturalizado la economía, el dinero, las finanzas y la actividad bancaria. El dinero ha dejado de ser un instrumento al servicio de la producción de bienes y servicios que puedan satisfacer las necesidades humanas para convertirse en un fin en sí mismo y en una simple fuente de poder. La financiación ha dejado de ser una actividad al servicio de la creación de empleo o riqueza y los bancos se han convertido en los principales instrumentos de todo ello pasando a ser una maquinaria de generación de deuda.
  Pero esta transformación se ha podido producir porque se han dado otros cambios además de los registrados en la esfera económica y financiera. Se ha modificado el equilibrio y las relaciones de poder de clase y de género en las sociedades actuales como resultado de la polarización de las rentas que han puesto cada vez más recursos en manos de los financieros y grandes empresarios a costa de la reducción de los ingresos de las clases populares y de su consecuente endeudamiento y de la protección social que reciben. Y también porque se ha acelerado la concentración de los mayores medios de información y persuasión y su vinculación con esos grandes grupos económicos, todo lo cual ha disminuido la capacidad de respuesta de las clases sociales que soportan los efectos negativos de estas políticas consiguiendo incluso presentar tales cambios como inevitables y los únicos posibles para que la gente que los sufre en mayor medida, los trabajadores, las mujeres, los jóvenes, los pensionistas, los parados... no se den cuenta de lo que pasa y se conviertan, por el contrario, en los propios soportes de las políticas que les reducen continuamente sus ingresos y su bienestar.


***


II
Las singularidades de la crisis española



  Como ya hemos dicho, para afrontar con éxito un problema económico, como cualquier otro social o personal, es fundamental conocer bien sus causas, los factores que lo han provocado. Por eso también es fundamental conocer los factores singulares que han hecho que la crisis tenga en España un perfil algo distinto y que se haya manifestado aquí con más gravedad que en otros países de nuestro entorno.
  Evidentemente, la crisis que está viviendo la economía española es fruto directo de la crisis financiera internacional. Si ésta no se hubiera producido, nuestra economía no habría llegado a estar en la situación tan delicada en la que se encuentra. Pero, aunque es verdad que nuestra crisis viene de la mano de la internacional, también es cierto que en España había unas condiciones económicas previas muy singulares que han hecho que su efecto haya sido especialmente grave y dañino.

LAS COINCIDENCIAS Y NUESTRAS PARTICULARIDADES

  En España se ha dado en los últimos treinta años el mismo proceso de transformación estructural y se han aplicado las mismas recetas neoliberales que en el resto del mundo tal y como hemos explicado en el capítulo anterior. Pero nuestra singularidad es que éstas se han producido, como todos sabemos, en el contexto de un proceso de transición de la dictadura a la democracia que ha matizado, tanto en términos positivos como negativos, los efectos de ese proceso.
  El también crecimiento excesivo de la actividad financiera que ha terminado provocando la crisis bancaria se ha producido en nuestro país en los últimos tiempos, pero se ha manifestado con alguna particularidad porque ha coincidido con tres circunstancias particulares:

    −Una impresionante burbuja inmobiliaria.
    −Un endeudamiento previo y una insuficiencia de ahorro nacional                     especialmente grandes.
   −Una supervisión de las instituciones financieras en cierto modo diferente a las del resto de los países como consecuencia de que ya habían sufrido una crisis muy devastadora años antes.

   A continuación analizaremos los efectos que ha provocado el hecho de que España, también en materia de crisis económica, haya sido diferente.

La herencia del franquismo en nuestra economía

   El proceso de transformación estructural del neoliberalismo que hemos explicado en el capítulo anterior ha coincidido en España con la salida de la dictadura franquista y con la consolidación de un régimen democrático que no siempre ha podido liberarse por completo de su herencia y eso ha dado a ese proceso un carácter singular debido a los siguientes factores principales.

Debilidad de las clases trabajadoras

  La transición, que no fue modélica, se hizo realmente en términos muy favorables a las fuerzas conservadoras que controlaban los aparatos del Estado dictatorial y gran parte de los medios de información y persuasión. La presión popular y muy en especial la agitación social de las clases trabajadoras (el número de huelgas políticas en el periodo 1974-1978 fue el más alto en términos proporcionales de las que hubo en Europa durante los mismos años) fueron responsables del fin de la dictadura; aunque el dictador murió en la cama, la dictadura murió en la calle. Pero aquella agitación social no fue suficiente para forzar una ruptura con el estado anterior, lo que permitió que las derechas de escasa tradición democrática mantuvieran su enorme poder y provocó la debilidad, dentro del Estado, de las fuerzas democráticas y muy en especial de la izquierda (las cuales acababan de salir de la clandestinidad y muchos de sus dirigentes, de las cárceles).
  El sindicalismo fue un factor importantísimo en la recuperación de la democracia, pero el dominio conservador en el Estado ha limitado en gran medida su influencia. Una situación que ha sido también acentuada por su división en distintos sindicatos que se han estado basando históricamente en varias tradiciones políticas, división que les ha debilitado frente a unas fuerzas conservadoras, que tanto en el centro como en la periferia han sido siempre muy conscientes de sus intereses de clases actuando de manera unitaria.

Desmesurada influencia política de los grandes grupos empresariales y financieros

  Los grandes representantes de los intereses empresariales más poderosos han mantenido gran parte de los mecanismos de protección nacidos en el franquismo, que en realidad fue un régimen orientado a proteger de forma constante al gran empresariado y a la banca mediante su permanente presencia en el poder político.1
  Así, todavía a finales de 2006 sólo una veintena de grandes familias eran propietarias del 20,14 por ciento del capital de las empresas del Ibex-35 y una pequeña élite de 1.400 personas, que representan el 0,0035 por ciento de la población española, controlaba recursos que equivalen al 80,5 por ciento del PIB. Esta estructura muy oligarquizada 2 de la sociedad y la economía españolas ha sido determinante, como se comentará enseguida, para provocar la burbuja inmobiliaria y el extraordinario endeudamiento que se encuentra en el origen de la crisis que afecta a la economía española.

Instituciones y mercados muy imperfectos

  La dictadura nos dejó instituciones tan decisivas como el mercado de trabajo, el sector financiero o el sistema fiscal muy débiles y mal conformadas y no ha sido fácil acomodarlas a la democracia y a la modernidad.
  En el mercado laboral ha habido una dureza en las iniciativas empresariales, resultado de una gran patronal acostumbrada a tener una prepotencia que heredó del régimen anterior con escasa adaptabilidad a las exigencias de una economía basada en la cooperación y la colaboración de los agentes sociales. Temas hoy aceptados en los mercados laborales europeos como, por ejemplo, cogestión empresarial, han sido desechados como impracticables. Y la solución del elevado desempleo ha sido siempre, por parte de la gran patronal, facilitar el despido, lo cual ha creado resistencias comprensibles del movimiento sindical.
  En el sector financiero ha prevalecido una articulación excesivamente protegida y privilegiada que ha permitido que la banca mantenga un poder y una influencia sobre el conjunto de la economía y las instituciones muy desproporcionado en comparación con el de los países de nuestro entorno.
  Finalmente, y a pesar de las reformas de los inicios de la democracia, el sistema fiscal no ha podido quitarse de encima el histórico rechazo de las clases pudientes españolas hacia los impuestos, lo que ha dado lugar a que el sistema haya evolucionado hacia la regresividad y la insuficiencia justo cuando más necesario hubiera sido alcanzar dosis elevadas de equidad, eficiencia y suficiencia.



Déficit social 3

  Otra herencia del franquismo fue la escasa dotación de recursos para la protección social y la gran debilidad de las estructuras del bienestar colectivo. Aunque los pactos de la transición y el relativamente rápido acceso al gobierno del partido socialista permitieron ampliar estructuras de bienestar de gran alcance, en ningún momento han dispuesto de la financiación que hubiera sido necesaria para garantizarles su consolidación. Y esta insuficiencia es la que provoca la idea tan generalizada de que nuestro sistema de servicios públicos funciona mal y que hay que revisarlo.
  Hay que tener en cuenta que la dictadura no sólo fue un régimen políticamente represor de las libertades sino también profundamente regresivo en materia de derechos sociales y protección social, de modo que al morir el dictador España se encontraba muy por debajo de los estándares europeos de bienestar social, arrastrando déficits muy considerables en materia educativa, de innovación, en protección social o en infraestructuras y capital colectivos, como analizaremos con más detalle en otro capítulo.
  De hecho puede decirse que el Estado del Bienestar (educación y salud universal, protección a las familias, al desempleo...) era muy pobre en España en 1975, cuando murió Franco, así que los primeros gobiernos de la democracia tuvieron que articular esas estructuras de bienestar justo en una coyuntura marcada por las restricciones presupuestarias, por la imposición de una lectura ultraliberal de la política económica en todos los espacios internacionales y con una fuerte presión ideológica en este sentido dentro y fuera del país.

Débil y traumática vinculación de la economía española con el exterior

  La economía española se fue abriendo al exterior a partir de 1959, en plena dictadura, pero lo hizo de modo muy dependiente y condicionado por el predominio de un modelo productivo atrasado y que sólo resultaba competitivo mediante los bajos salarios y los favores administrativos que la dictadura ofrecía con generosidad a grandes empresas y multinacionales. En esas condiciones nuestro equilibrio exterior dependía de la entrada de divisas que proporcionaba la creciente especialización en la oferta de servicios turísticos. Y puesto que esta vía resultaba a la postre insuficiente había que recurrir periódicamente a la devaluación de la moneda. 4
  La llegada de la democracia coincidió también con una nueva fase de apertura al exterior que hubo que afrontar sin haber podido consolidar con anterioridad un modelo productivo sustancialmente distinto al de la dictadura. Por ello, la incorporación primero a la Comunidad Europea y más tarde a la unión monetaria supusieron también un impacto muy grande
en nuestra economía. Podríamos decir que tuvimos que ponernos un traje de otra talla sin haber cambiado antes nuestro tamaño y eso tuvo efectos desiguales. Por un lado, hizo posible que la economía y la sociedad españolas disfrutaran de una entrada de fondos muy importantes que han permitido consolidar estructuras de bienestar y una gran dotación de recursos (disfrutamos de un traje nuevo). Pero, por otro, ha puesto en manos del capital extranjero los mejores activos de nuestra economía, hasta el punto de que el capital español ha desaparecido de sectores enteros, algunos de ellos de gran importancia estratégica (el traje nuevo no nos sentaba bien porque no era de nuestra talla). Y además ha limitado casi totalmente la capacidad de maniobra interna al someter la política económica nacional a los dictados de las decisiones dominantes en Europa que lógicamente responden más bien a los intereses empresariales de los países más poderosos, Alemania y Francia. Todo ello ha consolidado el modelo productivo tradicional dependiente y muy poco competitivo.
  En particular, la entrada de España en la Zona Euro impide que el ajuste exterior al que obliga nuestra escasa competitividad se pueda llevar a cabo a través de la devaluación como se había hecho tradicionalmente.
  Podríamos haber resuelto ese problema especializándonos en otro tipo de actividades y mejorando nuestra calidad y nuestra productividad. Pero eso hubiera requerido políticas públicas más potentes e impuestos más altos. Algo que nunca desearon las grandes empresas que han querido competir en los mercados internacionales y que optaron, por el contrario, por competir bajando los salarios. Pero, a pesar de que éstos han sufrido un proceso constante de contención (España es el único país de la OCDE en donde no se produjo crecimiento real de los salarios entre 1995 y 2005), esta vía de ajuste ha sido insuficiente para proporcionarnos bastantes ingresos (porque como veremos en otro capítulo es una vía empobrecedora) y eso dio lugar a que el déficit exterior de España se haya disparado en los últimos años hasta llegar a ser el más alto del mundo en términos relativos.

Gran desigualdad

  Finalmente hay que subrayar que de la dictadura que rigió en España de 1938 a 1978 se heredó igualmente una gran desigualdad, tanto entre territorios como entre personas, como consecuencia no sólo de la carencia de políticas y estructuras redistributivas, sino sobre todo de la carencia de capital social dedicado a la formación y la innovación, del predominio de un modelo productivo dependiente y desvertebrado y de la propia ausencia de democracia.
  En definitiva, podríamos decir que la dictadura nos dejó de herencia una economía y una sociedad muy sometidas a grupos de interés económico y financiero muy reducidos pero muy poderosos, y un tejido productivo demasiado débil también dominado por grandes empresas y bancos con una influencia política conquistada en la dictadura pero que han logrado mantener casi hasta la actualidad. Basta ver, por ejemplo, que los grandes apellidos de la vida económica, banqueros y empresarios, los que ahora cita el presidente Zapatero para pedirle ayuda frente a la crisis o los que van a ver al Rey para proponerle sus soluciones, son prácticamente los mismos del franquismo, o que los mayores perceptores de ayudas agrarias de la Unión Europea en España siguen siendo la familia Mora-Figueroa Domecq, la duquesa de Alba, el duque del Infantado o la Compañía de Jesús...

EL MODELO PRODUCTIVO QUE DA LUGAR A LA CRISIS

  Las circunstancias y los factores que acabamos de mencionar constituyen residuos de la atrasada y corporativizada economía del franquismo que todavía no han desaparecido del todo de la economía española actual y que incluso, en algunos casos se han agudizado en la democracia como consecuencia de la aplicación sin contrapesos de las políticas neoliberales.
  Esto es lo que ha ocurrido desde 1993, fecha que inició el proceso de integración de España en la Unión Europea, con la reducción del gasto público social por habitante, primero (1993-1995) en términos absolutos y después (1996-2004) en términos proporcionales, creciendo el gasto público social en niveles más bajos que en el promedio de la UE-15, con lo cual el déficit de gasto público social de España con el promedio de la UE-15 aumentó considerablemente durante el periodo 1993-2004.
  El euro se estableció en España a costa de su Estado del Bienestar, pues la reducción del déficit del estado se realizó primordialmente a base de transferir los fondos que hubieran ido a cubrir el déficit social, a reducir el déficit del Estado.
  Finalmente las privatizaciones de empresas públicas han fortalecido el carácter oligárquico de nuestra estructura empresarial (pues en su mayor parte fueron a parar a los grupos privados de por sí ya más poderosos) o con la especialización de la actividad económica en torno a los sectores de las finanzas y la construcción gracias a la estrecha vinculación, que viene de los años inmediatamente posteriores a la Guerra Civil, entre el poder político, los banqueros y los constructores y promotores inmobiliarios.
  Y, para colmo, sin que esas privatizaciones hayan producido ninguna "mejora significativa en la rentabilidad, en la eficiencia, en el volumen de ventas y de inversión, ni cambios significativos en el nivel de endeudamiento o en el empleo" en las empresas que se privatizaron. 5
  España se ha modernizado y se ha democratizado en estos últimos treinta años pero lo ha hecho manteniendo estructuras de poder muy asimétrico que a la postre no han permitido, por ejemplo, que se dediquen a financiar el bienestar los recursos necesarios. La economía española se ha debido incorporar a las condiciones generales que impone la globalización neoliberal y para ello se ha puesto a disposición de los capitales extranjeros que mediante la adquisición de numerosas empresas y el control de los canales de distribución han llegado a tener una posición de gran predominio en los sectores más decisivos de nuestra economía.
  Pero, al mismo tiempo, no ha llegado a los estándares de bienestar y de protección que alcanzaron en su momento los países a cuyos niveles ha tenido que homologarse en poco tiempo.
  Esa es la situación que uno de nosotros, Vicenç Navarro, ha caracterizado como de "bienestar insuficiente, democracia incompleta", que es causa y a su vez consecuencia de la combinación de todos esos factores y que en su vértice se traducen en un equilibrio de poder muy asimétrico entre las clases sociales. 6
  Todos esos factores han consolidado un modelo productivo y de desarrollo socioeconómico que es el que está estallando ante nosotros coincidiendo con la crisis financiera mundial, cuyas principales características se podrían resumir en las siguientes.

Economía poco productiva y de poco valor añadido

  La utilización más intensiva de la mano de obra se utiliza en actividades con muy poca innovación y de escaso valor añadido como principalmente la construcción, las vinculadas al turismo y los servicios.
  Esta especialización está unida, a su vez, a otros factores que resultan también claramente determinantes de la situación en la que la economía española ha hecho frente a la crisis actual.
  En primer lugar, un déficit histórico en recursos humanos cualificados y en formación que aún no se ha resuelto, como pone de relieve, por ejemplo, que en España sólo tengan educación secundaria completada, equivalente a bachiller o formación profesional, el 62 por ciento de los jóvenes de edades comprendidas entre 25 y 34 años frente a un 80 por ciento de media en los países europeos. Un factor que, unido al atraso que igualmente se sufre en inversión en I+D+i, provoca que la productividad del trabajo en España se haya mantenido prácticamente estancada en los últimos quince años.
  En segundo lugar, un incremento muy importante de las mujeres en el mercado laboral que ha hecho que su tasa de actividad aumenta desde el 45,1 por ciento de 1996 al 60,2 por ciento en 2006 pero que, al no ir acompañado de suficientes políticas de igualdad y mecanismos legales efectivos contra la discriminación, ha provocado un descenso en el nivel salarial medio. Un fenómeno que, al añadirse a la entrada masiva de población inmigrante en los últimos años, ha permitido mantener los salarios en niveles excepcionalmente bajos, lo que ha incentivado el uso más intensivo y poco productivo de la mano de obra.
  En tercer lugar, un mercado de trabajo en donde la asimetría a la que antes hicimos referencia ha propiciado unas condiciones de contratación muy favorables al gran empresariado y que se traduce sobre todo en una alta temporalidad (superior al 30 por ciento durante largos periodos) que explica los grandes vaivenes que el volumen de empleo y la tasa de desocupación sufren a lo largo del ciclo.
  Así, España ha pasado casi sin solución de continuidad de crear 2,3 millones de empleos en 2004-2006 y estar a la cabeza de la creación de puestos de trabajo en Europa, a perder cientos de miles en unos pocos meses, algo que no es sólo característico de esta última crisis puesto que ya sucedió igualmente en la de 1992-1993 cuando en sólo dieciocho meses (desde julio de 1992 hasta diciembre de 1993) se destruyeron 734.000 puestos de trabajo.
  En cuarto lugar, una gran dependencia del capital público y en concreto de decisiones políticas vinculadas a la inversión en infraestructuras, a la política de suelo y urbanística, así como de las facilidades fiscales y a la financiación externa al sector.
  Los auges de la construcción en España han estado vinculados siempre a una fuerte complicidad y participación del sector público. En la primera etapa de gran expansión (1987-1992) fue el endeudamiento público y la potenciación desde el Estado de la obra pública en infraestructuras los que permitieron su expansión vertiginosa y en la última fase de crecimiento desorbitado hasta 2006-2007 gracias al endeudamiento privado y la construcción residencial. Y, en ambos casos, gracias a una legislación favorable cuidadosa y estratégicamente prediseñada y a privilegios fiscales de los que no se ha podido gozar casi en ningún otro tipo de actividad.

Pérdida de poder adquisitivo de los salarios y debilidad del mercado interno

  En los últimos años se han ido aplicando políticas de contención salarial con la excusa de ser más competitivos y de luchar contra la subida de precios y de crear empleo.
  Así, mientras que en 1960 la participación de los salarios en el PIB (al coste de los factores) era del 68 por ciento y en 1976 alcanzaba su máximo en los últimos 35 años con un 73,63 por ciento, en 2008 la participación descendió hasta un 60,21 por ciento. España es el único país de la OCDE en donde los salarios reales no han crecido en los últimos quince años.
  Esta pérdida de peso de los salarios ha provocado que España sea uno de los países con mayor desigualdad de Europa y ha tenido además dos grandes efectos que hay que corregir para salir bien de la crisis.
  Por un lado, ha debilitado mucho el mercado interior porque éste depende del gasto que se realice. Y con salarios a la baja el gasto lógicamente se resiente, lo que afecta sobre todo a las empresas pequeñas y medianas, puesto que las grandes siempre pueden acudir al gasto de otros países. Y como estas pequeñas y medianas empresas son las que crean casi el 80 por ciento del empleo, resulta que salarios más bajos han ido acompañados al final de menos empleo.
  Por otro lado, cuando los ingresos salariales son bajos y las pequeñas y medianas empresas tienen dificultades porque no hay gasto suficiente, lo que ocurre es que aumenta el endeudamiento.
  Eso les viene muy bien a los bancos, porque su negocio es precisamente ofrecer créditos, y por eso piden siempre políticas de contención salarial, pero le viene muy mal a la economía en su conjunto.
  Y no es casualidad ni mucho menos que España sea, al mismo tiempo, el país en donde no han subido los salarios reales y el que ha registrado un incremento más vertiginoso del endeudamiento privado, que ha llegado a representar el 150,4 por ciento de la renta disponible neta, y una reducción correlativa del ahorro que ha llegado a situarse en tan sólo un 11 por ciento de dicha renta. En los diez años anteriores al estallido de la crisis el endeudamiento de las familias en relación a su renta disponible y el de las empresas en relación a su excedente bruto de explotación casi se ha triplicado.
  Y hay que dejar claro que este endeudamiento no se debe, como a veces se dice, a que los españoles hayamos vivido "por encima de nuestras posibilidades" sino a que los salarios han estado por debajo de nuestras necesidades.

Crecimiento de la deuda privada y demonización de la pública

  Un fenómeno curioso que se ha producido en los últimos años en España es que mientras que se impulsaba y facilitaba el endeudamiento privado y nadie ponía objeciones a ellos se ponían todo tipo de pegas y frenos al del Estado.
  Esto es algo que debería resultar sorprendente porque el endeudamiento público aporta mucha más riqueza y menos riesgos que el privado. En España el endeudamiento público se ha destinado normalmente a crear capital social y estructuras de bienestar colectivas mientras que el privado se ha concentrado en la adquisición o rehabilitación de viviendas (75 por ciento), muy poco en el consumo (12 por ciento) y casi nada en la actividad productiva (6 por ciento).
  Las consecuencias de haber actuado "al revés" en este campo son muy importantes y de muy diversa naturaleza: al limitar la financiación pública se ha mantenido e incluso acrecentado el déficit social español y el relativo a la investigación y la ciencia, y al apoyar al privado vinculado a la construcción se ha propiciado que los mayores ingresos de la actividad económica hayan sido los recibidos por la banca y por los promotores y constructores inmobiliarios. Es decir, no sólo ha hecho que la economía española sea más injusta sino también más ineficiente. Y además una deuda tan extraordinaria ha creado una auténtica esclavitud para millones de familias que sin duda explica en gran medida la desmovilización social, la sumisión y la falta de respuestas a la pérdida relativa de bienestar que padecen las clases trabajadoras.

Deterioro ambiental

  Por otro lado, el modelo productivo español, debido a su especialización productiva en torno a la construcción y al turismo y a la gran influencia política que tienen los promotores y grandes empresarios, es un gran productor de daños medioambientales, despilfarrador de recursos naturales y generador de residuos que suponen un coste social y económico extraordinario pero que no se tiene en cuenta a la hora de valorar su verdadero alcance. 7

Dependencia del ciclo

  Finalmente nuestro modelo resulta también muy indefenso ante los avatares del ciclo económico. Eso quiere decir que, cuando las cosas van bien, aquí van mejor que en ningún sitio, pero que, cuando mal, aquí van mucho peor. Y el balance total suele ser negativo.
  Esto es debido a otra serie de factores que también hacen que nuestro modelo económico sea muy frágil y que podemos resumir en los siguientes:

  1. En contra de lo que dicen los economistas neoliberales, en España existe una gran precariedad laboral y gran facilidad para aumentar y reducir plantillas, como prueba que en la actual etapa de pérdida de empleo más del 80 por ciento de los puestos de trabajo destruidos lo hayan sido al margen de los expedientes administrativos de regulación de empleo. Y eso hace que los empresarios prefieran actuar contratando mucho en épocas buenas pero también despidiendo abundantemente en las malas. Si el trabajo fuera un factor más valioso y costoso, los empresarios estarían mucho más motivados para invertir en mejoras de productividad y calidad que les evitaran incurrir en los costes de despedir o de cerrar su actividad.
  2. La dependencia del capital extranjero que, como hemos señalado antes, se ha hecho con la inmensa totalidad de los activos principales de la economía española ha provocado que las empresas dominadas por él se dirijan desde el exterior y que respondan a intereses y estrategias de rentabilización ajenas a la dinámica propia de la economía española. Así, en cuanto empeora la situación fuera, esos capitales responden enseguida en España, incluso aunque aquí la situación no se haya deteriorado.
  3. El escaso peso de la actividad industrial y, por el contrario, el excesivo de las actividades que son más vulnerables ante los cambios coyunturales en la demanda.
  4. La gran influencia del sector bancario que es conservador por excelencia y siempre se adelanta a las fases del ciclo, lo que agrava este efecto al trasladarlo al conjunto de la economía, pues la renta familiar y la actividad de los hogares y de las empresas dependen de su estrategia.
  5. La disminución en la autonomía para poner en marcha y ejecutar políticas de estabilización macroeconómica como consecuencia de la globalización y de la pertenencia a la unión monetaria impide que el gobierno pueda hacer frente con eficacia a los efectos perturbadores del ciclo, a pesar de que su economía esté expuesta más cruda y directamente a todos ellos.


LA ETAPA DE EXAGERACIÓN, EL ESTALLIDO DE LA CRISIS Y LA RECESIÓN

  Las debilidades del modelo de crecimiento que acabamos de señalar son las que nos permiten afirmar que los problemas que viene padeciendo la economía española desde 2007 no son sólo el resultado del impacto externo provocado por la difusión de las hipotecas basura desde Estados Unidos, ni sólo de sus secuelas sobre el conjunto de la economía mundial.
  Por supuesto ese impacto ha existido y ha tenido una influencia notable por razones muy diversas:

   1. Porque la banca española tiene una gran integración con la internacional y hubiera sido siempre inevitable que le afectara la situación de insolvencia generalizada que se ha producido.

   2.  Porque la economía española es muy sensible, como hemos señalado, a la demanda externa que se ha visto afectada gravemente como consecuencia de la situación financiera.

   3. Porque la confianza es un elemento fundamental en las relaciones económicas y en los últimos tiempos se ha visto limitada como consecuencia de nuestro altísimo nivel de endeudamiento.

   4. Porque tratándose de una crisis sistémica y global es realmente imposible que algún país pueda presenciarla de lejos y sin verse más o menos afectado por sus consecuencias de todo tipo.

  Pero, siendo así, lo cierto es que la economía española venía dando señales de peligro desde antes de que estallara la crisis de las hipotecas basura, como demuestra el hecho de que la oferta de crédito ya hubiera comenzado a caer en 2006.
  Lo que ha sucedido en España es que en los últimos cuatro o cinco años anteriores al estallido de la crisis internacional se exageraron de tal modo los rasgos de inestabilidad e insostenibilidad del modelo productivo que éste no pudo sino saltar por los aires y lo ha hecho, lógicamente, coincidiendo con la etapa de mayor debilidad estructural, cuando arreciaba la crisis internacional.
  Ese estallido se produjo al hacerse insostenibles varias de las circunstancias que ya hemos mencionado:

   1. El exceso de liquidez provocado por el crecimiento desorbitado de la deuda.

   2. El imposible mantenimiento de la dinámica al alza de los precios de la vivienda y el subsiguiente estallido de la burbuja inmobiliaria.

   3. La imposibilidad de controlar el desequilibrio exterior cuando se ha generalizado una gran pérdida de confianza de los mercados externos.

   4. La presencia pertinaz y en incremento de la desigualdad que deteriora de forma progresiva los mercados internos.
   5. La actitud permisiva de las autoridades monetarias con todo lo anterior.

   6. La despreocupación de los gobiernos de Aznar y Rodríguez Zapatero frente a los factores de insostenibilidad del modelo basado en el ladrillo a pesar de que se estaban haciendo evidentes desde hacía tiempo.

   7. La lamentable gestión gubernamental de los inicios de la crisis cuando Zapatero se empeñaba en negarla, seguramente guiado por sus asesores liberales que confiaban ciegamente en la capacidad autorreguladora de los mercados, lo que hizo perder un tiempo precioso para actuar contra ella.

El gran negocio de la banca española nos salió demasiado caro

  El periodo de generosa liquidez del que habían disfrutado todas las economías tuvo en España una expresión mucho más exagerada precisamente porque su modelo productivo estaba centrado en torno a actividades que se desarrollaban al amparo de la deuda. Y porque el gran poder del que disponen los bancos en España les ha permitido multiplicar el negocio sin que en la práctica hayan tenido limitaciones efectivas por parte del Banco de España, que, a pesar de la fama de buen supervisor, lo cierto es que ha dejado crecer una deuda a todas luces desproporcionada e indigerible por la economía española. 8
  Así, el crédito total a residentes pasó de 701.663 millones de euros en 2002 a 1,8 billones en 2008, un incremento gigantesco de la deuda (o, lo que es igual, del negocio de la banca) que en un 70 por ciento fue dirigido hacia la construcción o sus actividades colindantes; es decir, a alimentar la burbuja inmobiliaria que se formaba en el proceso de constante revalorización de inmuebles.
  La exageración de este proceso se pone de relieve considerando que el endeudamiento neto de la economía española, de las administraciones públicas y del sector privado había aumentado un 82 por ciento entre 1999 y 2003 y que desde entonces hasta 2007 lo hizo un 243 por ciento. 9 El crédito total destinado a la actividad productiva se multiplicó entre 2000 y 2007 por 3,1, el dirigido a la industria por 1,8, el de la construcción por 3,6 y el dirigido a la actividad inmobiliaria por 9. Y en 2008 el crédito a la construcción y a las actividades inmobiliarias representaba el 47 por ciento del total cuando en 2000 sólo era el 25 por ciento.
  Para mantener en pie este impresionante negocio (que en paralelo ha situado a la banca española a la cabeza de la rentabilidad bancaria de todo el mundo) los bancos españoles han tenido que recurrir al mismo tiempo a un alto nivel de endeudamiento. Sobre todo porque en la última etapa de exageración el volumen de depósitos no ha crecido a la vez que la oferta de crédito: en 2000 la banca española recibía 1,43 euros en depósitos por cada euro que concedía a crédito mientras que en 2007 sólo recibía 0,76 euros.
  Para financiar todo eso la banca española ha tenido que recurrir cada vez más a la financiación interbancaria internacional y especialmente europea por un total que, según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, ha pasado de 78.000 millones de euros a 428.000 en el último periodo de gran liquidez previo al estallido de la burbuja. Y eso es lo que hace que ahora esos bancos acreedores de los españoles, principalmente franceses y sobre todo alemanes, tengan tanto interés en provocar el "rescate" de España; es decir, de ellos mismos, como ya han hecho en Grecia, Irlanda o Portugal.

Los mismos de siempre se llevaron el gato al agua

  El sobreendeudamiento y el gigantesco incremento de la liquidez en esta última fase también han estado necesariamente vinculados al incremento de la desigualdad que de igual manera podría calificarse de exagerada en esta última etapa. En un periodo de alto crecimiento, es decir, cuando el modelo se ha mostrado funcionando más intensivamente, la desigualdad ha aumentado de forma notable. Según la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España 10 sólo entre 2002 y 2005 la renta media correspondiente al 20 por ciento más pobre de los hogares de España se redujo en un 23,6 por ciento mientras que la renta media del 10 por ciento más rico se incrementó más de un 15 por ciento.
  Y del efecto intensivamente demoledor de la deuda inmobiliaria sobre la demanda y el mercado (aunque también sobre la rentabilidad bancaria) da idea el hecho de que, según esta misma encuesta del Banco de España, en 2002 un 42,5 por ciento de las familias tenían que dedicar más del 40 por ciento de su renta a pagar las deudas contraídas para pagar su vivienda mientras que en 2005 ese porcentaje se había disparado hasta el 70,9 por ciento de los hogares.
  En relación con esta última etapa un informe de Comisiones Obreras revela que desde 2002 hasta 2007 los dividendos empresariales han aumentado una media del 30 por ciento anual y que, al mismo tiempo, sólo entre 2005 y 2007, el porcentaje de trabajadores que ganan menos de 18.500 euros ha aumentado del 57,8 al 60 por ciento, el de los que ganan entre 18.500 euros y 24.000 ha bajado del 38,5 al 36,35 por ciento, y el resto se ha mantenido prácticamente igual.11 Dicho sindicato también resaltó que "si hace veinte años la diferencia salarial entre máximos directivos y puestos con menores salarios era de 10 o 20 veces superior, hoy aumenta hasta 100 o 200 veces, sin incluir salarios en especie, pólizas de seguro, fondos de pensiones, etcétera".
  Por su parte, el Consejo Económico y Social mostraba en su Memoria de 2007 que mientras que en 2006 la retribución del trabajo creció un 3,4 por ciento, los beneficios de las sociedades que cotizan en Bolsa lo hicieron por encima del 26,6 por ciento.

El papel de las autoridades

  Tal y como ha ocurrido en el resto del mundo, también en España las autoridades han tenido una gran corresponsabilidad en el estallido de la crisis.
  El Banco de España ha mantenido condiciones de mayor precaución en cuanto a los procedimientos en que se ha llevado a cabo la titulización. Pero vigilando ese peligro ha desatendido el que ha resultado ser el más auténtico y lo que constituía la amenaza más grave y finalmente materializada sobre la economía española: el volumen de deuda tan peligroso que han generado los bancos.
  Al dejar hacer, el Banco de España, como los demás bancos centrales, han cerrado los ojos ante el crecimiento de una burbuja inmobiliaria a todas luces causante de buena parte de los problemas que ahora tenemos. Y, por supuesto, la máxima autoridad monetaria y supervisora bancaria ha dejado que el comportamiento de la banca española haya sido claramente irresponsable al sobrefinanciar la actividad económica, concediendo habitualmente préstamos hipotecarios a más del cien por cien del valor de las viviendas que se hipotecaban o, actuando al margen de toda lógica financiera y económica, financiando al cien por cien, como se ha demostrado en las suspensiones de pagos, la inversión de las empresas.
  Y, en todo caso, no se puede olvidar que si la situación de las entidades financieras españolas ha podido ser calificada como ejemplar y libre de problemas ha sido en buena parte porque los bancos centrales han permitido que se apliquen normas contables y de valoración encaminadas a disimular su verdadero estado patrimonial, concretamente permitiendo que las entidades valoren a precio de adquisición y no de mercado sus instrumentos financieros para ocultar así una buena parte de las pérdidas que hayan podido sufrir.
  Ya en plena crisis, el Banco de España se ha mostrado impotente o inactivo a la hora de conseguir que los recursos públicos que recibían los bancos se derivaran, como se supone que hubiera debido ocurrir, a los mercados o de evitar el mayor racionamiento de crédito que la banca española ha impuesto a empresas y consumidores.
  En cualquier caso, el Banco de España no ha sido la única autoridad que al dejar hacer ha coadyuvado decisivamente a que la crisis tenga en España esta dimensión y este carácter singularizados. Los gobiernos sucesivos, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, han aplicado las medidas legales y fiscales que han dado alas a la burbuja inmobiliaria (como la aprobación de la Ley del Suelo del PP, auténtico banderazo de salida para la apoteosis de la especulación inmobiliaria) y han mantenido una actitud completamente ajena y desprevenida sobre los riesgos que se estaban acumulando.
  El informe económico de la Presidencia del Gobierno de 2007 (p. 44) quizá sea una manifestación clara de la imprevisión y del despiste con que se ha actuado frente a una crisis que se estaba ya anunciando por multitud de analistas: "El riesgo de una desaceleración brusca como consecuencia de comportamiento del mercado hipotecario norteamericano o del déficit por cuenta corriente de Estados Unidos es bastante reducido".
  Y dirigentes de ambos gobiernos, como el gobernador del Banco de España a propuesta del Partido Popular, Jaime Caruana, o el ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, hicieron oídos sordos a la denuncia de los inspectores del Banco de España que en una carta a ambos les advirtieron del riesgo que suponía dejar que aumentara el endeudamiento que estaba generando en beneficio propio la banca española.

Y, por si faltaba algo, el estallido de la deuda soberana

  Como otros países, España hizo un gran esfuerzo presupuestario para hacer frente a la crisis, para ayudar a los bancos y para financiar un ambicioso plan de apoyo. Pero, como la crisis mermaba los ingresos públicos, resultó que en muy poco tiempo se multiplicó el déficit público y aumentó la deuda del Estado.
  A diferencia de lo que ocurrió en Estados Unidos, el Banco Central Europeo decidió que no financiaría a los gobiernos (al final tuvo que hacerlo para evitar que se hundiera toda la economía europea y el propio euro, pero lo hizo tarde, de forma improvisada, casi clandestina e insuficiente, de modo que no se eliminó el problema de fondo) y eso los obligó a ponerse en manos de los "mercados" (en realidad, de los bancos y de los grandes grupos inversores que compran su deuda). Éstos aprovecharon la ocasión para extorsionarlos e imponerles reformas que las patronales venían reclamando desde hacía años: en el mercado de trabajo, en el sistema de pensiones y poco a poco privatizando servicios públicos.
  Ninguna de estas reformas tiene relación con el origen de la crisis, forma parte de las mentiras con que se le ha dado respuesta pero lo que han producido, en lugar de mejorar la situación económica, es su empeoramiento, lo que dificulta aún más la creación de empleo y provoca un nuevo problema a la economía española que puede terminar siendo intervenida, como la griega, la irlandesa o la portuguesa para "rescatarla", aunque eso en realidad significa rescatar a los bancos para que puedan pagar a sus acreedores alemanes o franceses.

Muchas crisis en una y una gran crisis con muchas caras

  En resumen, la debilidad del mercado interno, la carencia de resortes endógenos potentes que no fueran la construcción y el endeudamiento que hubieran podido servir como motores de la actividad económica, la dependencia de la financiación externa, el problema estructural de precios que padece la economía española y el déficit exterior desmesurado habían ido dejando a la economía española sin apenas capacidad de respuesta cuando se comenzaron a producir, casi al mismo tiempo, amenazas externas e internas.
  Es difícil considerar si el detonante inicial de los problemas en España fue la crisis financiera importada del exterior, el estallido de la burbuja inmobiliaria que ya se había producido un poco antes o la combinación de ambas circunstancias. Pero lo que sí parece fuera de toda duda es que el modo en que venía funcionando la economía española habría terminado por provocar la crisis que se ha producido con independencia de que hubiera estallado o no la de las hipotecas basura con todas sus secuelas.
  Y eso significa que es una ilusión tratar de salir de la crisis sin abordar estos males estructurales de nuestra economía.

***


III

Lo que hay que solucionar:
agenda para una economía más justa y eficiente

  Las causas de la crisis que hemos analizado en los dos capítulos anteriores nos muestran que no estamos ante una perturbación cualquiera porque, se mire por donde se mire, esta crisis es el resultado de defectos muy profundos, arraigados y extendidos en la economía y la sociedad capitalistas.
  Y esto no lo decimos solamente los economistas más progresistas y críticos. Incluso tuvo que ser reconocido por los propios dirigentes conservadores cuando la crisis empezó a manifestarse con toda su crudeza. Quizá las declaraciones que se hicieron más famosas fueron las del presidente francés Sarkozy cuando reiteraba que la crisis obligaba nada más y nada menos que a "refundar el capitalismo", a "moralizarlo" o a instaurar "un nuevo orden", palabras hasta entonces más propias de personas de izquierdas que de líderes moderados y de derechas que no suelen caracterizarse por su animadversión hacia el capitalismo.

COMPROMISOS EN SACO ROTO

  Pero no fue sólo Sarkozy. Las cumbres del G-20 de Washington de noviembre de 2008 y la de Londres de abril de 2009 reconocieron también claramente que la crisis afectaba a lo más profundo de las economías capitalistas y los líderes que se reunieron allí no escatimaron palabras rimbombantes para calificar la situación y decir al mundo que arreglarían el problema sin dilación. En el comunicado final de la de Londres dijeron que "nos enfrentamos al mayor reto para la economía mundial de la era contemporánea", reconocían que "los grandes fallos en el sector financiero y en la regulación y la supervisión financieras [...] fueron causas fundamentales de la crisis" y que asumían un "compromiso inquebrantable de cooperar" para "hacer lo que sea necesario para restablecer la confianza, el crecimiento y el empleo, reparar el sistema financiero para restaurar el crédito, reforzar la regulación financiera para reconstruir la confianza, financiar y reformar nuestras instituciones financieras internacionales para superar esta crisis y evitar crisis futuras, fomentar el comercio y la inversión globales y rechazar el proteccionismo para apuntalar la prosperidad, y construir una recuperación inclusiva, ecológica y sostenible".
  Sabían lo que había ocurrido, al menos en sus manifestaciones más importantes, y se atrevieron a decir al mundo que iban a hacer cualquier cosa para salir de la crisis de manera ("inclusiva, verde y sostenible") que hubiera satisfecho incluso a los más radicales. Lo malo fue que no cumplieron su palabra y que al final sus propuestas de reforma se han quedado en casi nada.
  Dos o tres años después de ese "compromiso inquebrantable" lo cierto es que el sistema financiero sigue actuando básicamente bajo los mismos principios. Se sigue permitiendo que se generen burbujas especulativas y que los bancos las alimenten desatendiendo la financiación a empresas y consumidores.
  Se ha dejado que financieros con los mismos pocos escrúpulos que los que difundieron las hipotecas basura ahora arruinen países enteros apostando especulativamente contra su deuda soberana (que ellos mismos provocaron). Se han hecho algunos cambios de fachada pero los paraísos fiscales siguen actuando y la mayoría de los bancos y las grandes empresas (28 de las 35 más grandes españolas según un informe reciente) los utilizan para facilitar la evasión fiscal y los delitos económicos de sus clientes. Se han modificado las normas que regulan las exigencias de capital de los bancos en los llamados Acuerdos de Basilea pero de forma tan moderada y descafeinada que ni serán de aplicación rápida ni completa.
  No sólo no se han tomado medidas efectivas para lograr la transparencia prometida o que eviten en el futuro nuevas recaídas de la banca internacional, sino que se han acordado normas que van por la vía contraria: por ejemplo, permitir que los bancos valoren en sus balances sus propiedades a precios de adquisición, mucho más altos, y no a los actuales de mercado, mucho más bajos, para así disimular sus pérdidas. O se han realizado pruebas de estrés bancario para saber si los bancos están o no en buena situación patrimonial, claramente manipuladas también para ocultar la realidad. Así lo demuestra el hecho de que los bancos irlandeses las pasaran con éxito en 2010 y semanas después hubiera que inyectarles 80.000 millones de euros porque resultó que estaban en la ruina.
  Es verdad que gracias a los programas de gasto masivo de los gobiernos se pudo evitar un desastre y que se apreciaran los llamados "brotes verdes" pero, como analizamos anteriormente, durante muy poco tiempo y con fuerza tan escasa, sobre todo en Europa, que, en lugar de acabar de verdad con la crisis, lo que provocaron fue que detrás de ellos viniera el gravísimo problema de la deuda y la intervención de Estados soberanos.

MÁS DE LO MISMO Y EMPEORAMIENTO DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA

  La prueba de que no se han tomado las medidas adecuadas es que, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el número de personas desempleadas en el mundo registró un récord histórico de 205 millones de desempleados al inicio de 2011, que haya aumentado también la pobreza o las personas que pasan hambre y que la actividad económica no se haya recuperado aún con suficiente consistencia como consecuencia de que las autoridades no han logrado lo principal: que fluya de nuevo el crédito para la creación de empleo y riqueza productiva.
Aunque, por el contrario, lo que sí viene ocurriendo es que aumenta el número de personas con grandes fortunas, el de las que tienen al menos un millón de dólares subió el 8,3 por ciento hasta los 10,9 millones de personas en 2010, lo que significa que el 0,16 por ciento de la población mundial se apropia ya del equivalente al 66 por ciento de los ingresos mundiales anuales.
  Hasta el propio Fondo Monetario Internacional ha reconocido que la crisis y las medidas que se están tomando están incrementando la desigualdad social en el mundo. Lo que, dicho de otra manera, significa simplemente que con la excusa de salir de la crisis lo que en realidad ha conseguido es favorecer aún más a los propietarios del gran capital y a las clases más ricas.
  Esto es igualmente evidente en España, en donde las reformas que se han adoptado no han logrado disminuir el paro ni mejorar el crédito ni aumentar la actividad pero sí aumentar el contraste entre las ganancias de los trabajadores y las de los bancos y de las grandes empresas.
  Los beneficios de las 35 mayores empresas españolas que cotizan en Bolsa fueron de 51.613 millones de euros en 2010, lo que supone una subida del 24,7 por ciento con respecto al año anterior, mientras que los salarios perdieron 2 puntos porcentuales de poder adquisitivo en ese mismo año, cuando sólo subieron alrededor del 1 por ciento frente al 3 por ciento de la tasa de inflación.
  Así, mientras que los bancos y las grandes empresas logran esos beneficios elevadísimos, las pequeñas y medianas siguen sufriendo la escasez de crédito y la exigencia de tipos y condiciones de garantía más elevada. Así lo señalaba a principios de 2011 un estudio de las Cámaras de Comercio al indicar que el 87,3 por ciento de las pequeñas y medianas empresas declaran problemas para acceder a la financiación.
  En definitiva, los líderes mundiales no han aplicado ni a nivel global ni en sus respectivos países ni siquiera las medidas que se habían comprometido a poner en marcha. En lugar de ello rápidamente se limitaron a volver a aplicar las políticas neoliberales de austeridad y recortes salariales que han procurado que aumenten los beneficios pero no el empleo ni la creación de riqueza. Y se ha podido comprobar, por ejemplo en el caso de Irlanda, que los países que han sido alumnos más aventajados a la hora de aplicar estas últimas han sido los que están sufriendo peores resultados en sus economías, mientras que los que optaron por separarse de la ortodoxia neoliberal han podido evitar con mayor facilidad las consecuencias de la crisis.
  Por eso, frente a la impotencia, o la falta de voluntad, de las autoridades para resolver los auténticos problemas que han dado lugar a la crisis, es más urgente que nunca proponer y aplicar otras medidas y políticas alternativas que de verdad puedan hacernos salir de hoyo en el que se encuentran nuestras economías.
  A nuestro juicio estas políticas deben estar encaminadas a hacer frente a cuatro cuestiones principales cuya resolución nos parece imprescindible para salir de la crisis.
  La primera se refiere a la reforma profunda de las finanzas internacionales y de la actividad bancaria para garantizar que la creación de empleo y riqueza disponga de recursos y financiación suficientes.
  La segunda se orienta a crear las condiciones que permitan volver a crear empleo de modo sostenible y decente, algo que no va a ser posible manteniendo el modo de producir y de consumir que ha predominado hasta ahora.
  La tercera se refiere a la imperiosa necesidad de poner fin a la causa última que provoca la crisis y que, como hemos señalado, no es otra que el impresionante incremento de la desigualdad en todas sus manifestaciones.
  La última tiene que ver con un aspecto que igualmente tiene un papel fundamental como desencadenante de los problemas económicos que sufrimos en nuestra época: el necesario cambio de nuestra posición en el mundo de la economía, de nuestra cultura, de nuestros valores y de nuestros comportamientos personales.
  A continuación abordaremos las cuestiones más generales que plantea todo ello y en los siguientes capítulos analizaremos las cuestiones más concretas.

REFORMAS FINANCIERAS PENDIENTES,
REFORMAS INEVITABLES

  Para salvaguardar los intereses de los bancos más poderosos del mundo las autoridades económicas nacionales y los grandes organismos internacionales evitan llevar a cabo reformas fundamentales en el sistema financiero y en el conjunto de la economía, y eso a pesar de que ellos mismos reconocieron algunas como inevitables. Aunque, eso sí, lo reconocieron cuando estaban asustados al inicio de la crisis, con los bancos sobre la lona como boxeadores completamente groguis, para olvidarlas cuando los banqueros empezaron a recuperarse y a retomar el poder de siempre.
  Si se quieren evitar los problemas de inestabilidad y perturbaciones financieras constantes y poner fin a la permanente carencia de recursos financieros para crear la actividad que satisface las necesidades humanas, es imprescindible, a nuestro entender, llevar a cabo, al menos, reformas que persigan objetivos como los siguientes.

Someter a las finanzas

  La primera de ellas es la orientada a someter a las finanzas y a los financieros a la legalidad y a principios de comportamiento semejantes a los que habitualmente se exigen al resto de las personas y empresas, de responsabilidad, transparencia, simetría, veracidad, etcétera.
  La crisis que estamos viviendo es en realidad la historia de una serie de estafas cometidas por banqueros y entidades financieras en los últimos años que culminaron con la difusión masiva de un producto cargado de falsedad y riesgo estratégicamente disimulados.
  Sólo en España se han producido casos como los de Gescartera, una trama política, financiera y eclesiástica, que hizo desaparecer más de 20.000 millones de euros, o el engaño sistemático de los bancos a miles de personas al incorporar cláusulas engañosas en sus contratos hipotecarios en forma de swaps, clips o diferentes formas de "seguros" que en realidad eran productos financieros opacos y muy arriesgados que finalmente les han hecho perder docenas de miles de euros. En muchos casos los propios directores de las sucursales reconocen que ni ellos mismos sabían la naturaleza real del arriesgado producto financiero que colocaban de cualquier manera a sus clientes.
  Es de dominio público que casi cualquier sucursal bancaria se ofrecía en España a blanquear cualquier cantidad de dinero a sus clientes, sobre todo si éstos eran adinerados, que los bancos han sido los principales cómplices de las personas que han evadido dinero a Hacienda y que la mayoría de ellos ha dispuesto y sigue disponiendo de sedes en paraísos fiscales para ello. Y las autoridades monetarias de todo el mundo son perfectamente conscientes de que los bancos llevan a cabo de forma habitual operaciones financieras que no aparecen en sus balances o que sirven de canal para que se realicen los negocios más sucios y deleznables de tráfico de armas, de drogas o de personas. Sin embargo, prácticamente nadie, salvo personajes de segunda fila y en los casos menores, ha pagado por ello.
  Esta forma de actuar y la impunidad que suele acompañarla constituyen, además, un problema que no es sólo financiero o económico, sino también político y social puesto que los financieros que ganan cada vez más dinero rápida y fácilmente de esa forma adquieren a su vez un poder extraordinario al margen de los gobiernos y de los demás poderes representativos, y así logran una capacidad completamente antidemocrática de decidir y de imponer su voluntad al resto de los ciudadanos.

Acabar con la desnaturalización del negocio bancario

  Para evitar que las fuentes de inestabilidad financiera crezcan sin parar haciendo saltar constantemente las bases de toda la economía mundial, como viene sucediendo en los últimos años, es también inevitable poner fin a la actuación de los bancos y del sistema financiero en general como mecanismos a través de los cuales se canaliza el ahorro hacia la actividad especulativa y como creadores artificiales de una deuda que está a punto de hacer que se colapse la economía mundial.
  Y no basta, como la experiencia ha demostrado, con aumentar tímidamente sus exigencias de capital, es decir, con elevar un poco la cobertura real de las operaciones de naturaleza ficticia que han convertido en su negocio principal, tal y como se ha hecho en la revisión de los acuerdos de Basilea que regulan el funcionamiento de la banca internacional.1
  Hay que ir mucho más lejos. Se trata de acabar con la situación absurda a la que ha llevado el capitalismo convertido en un casino financiero de nuestros días. Cada día hay más recursos circulando en torno a operaciones financieras ficticias (actualmente 4 billones de dólares diarios sólo en los mercados de divisas según el Banco Internacional de Pagos) que no aportan
riqueza material alguna, sino sólo cifras más abultadas en las cuentas bancarias de los grandes financieros. Y, mientras tanto, la actividad productiva, los empresarios y los emprendedores, los trabajadores autónomos, los consumidores y los organismos y las organizaciones internacionales que luchan contra la pobreza y el hambre tienen restricciones de crédito para poder generar bienes y servicios que satisfagan las necesidades humanas.
  ¿De qué sirve, por ejemplo, que haya cada vez menos bancos y cada vez más grandes bancos globales que operan en decenas de países y que usan sus beneficios multimillonarios para comprar nuevos bancos si a la hora de poner en marcha los pequeños o medianos negocios, que son los que crean empleo, es cada vez más difícil y más caro disponer de la financiación necesaria?
  En el capítulo VII comentaremos con más detalle las medidas concretas que se pueden adoptar para avanzar en este camino, que es fundamental, puesto que mientras no se aborde será imposible que se recobre el necesario flujo de crédito a la economía real y que no vuelvan a darse nuevas crisis como la actual.

Poner fin al terrorismo financiero

  Casi todas las crisis financieras que se han producido en los últimos cuarenta años han estado ligadas, o han terminado por estarlo, con ataques de fondos financieros contra intereses nacionales, contra monedas o contra la deuda soberana de los países.
  Eso es justamente lo que está ocurriendo hoy día en Europa, porque se ha dejado, como ha ocurrido antes en otros lugares del mundo, que grandes bancos y fondos financieros, mediante rumores que ellos mismos extienden o con la complicidad criminal de las agencias de calificación, generen las condiciones que les permiten ganar más dinero especulando contra la deuda de los Estados.
  De esa manera la encarecen artificialmente y además utilizan para ello los recursos que deberían usar para financiar a empresas y consumidores, y así provocan un verdadero caos económico de terribles consecuencias, sobre todo para la población, a quien luego los propios especuladores impone las políticas que les convienen para seguir ganando dinero sin cesar.
  Es preciso evitar esta forma de terrorismo o de "crímenes económicos contra la humanidad".2 Existen fórmulas para ello y sabemos, además, que han funcionado en otras épocas. E incluso organismos tan apegados a los poderes financieros como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial han tenido que reconocer, aunque haya sido con la boca pequeña, que estarían justificadas y que si se adoptaran en momentos de gravedad evitarían daños muy graves, como los que viene sufriendo la economía desde hace tiempo. Entre ellas, las que nos parecen más importantes y urgentes son las siguientes:

   1. Control de los movimientos de capital para evitar que su volatilidad desmedida cuando sólo persiguen fines especulativos se traslade al conjunto de la financiación y de la economía.
  
  2. Establecimiento de impuestos y tasas internacionales, por supuesto sobre los movimientos especulativos para desincentivarlos y obtener financiación urgente para financiar el desarrollo, pero también sobre el conjunto de las actividades económicas puesto que si la economía es global debe serlo también la justicia fiscal.

   3. Prohibición del uso como instrumento especulativo de los llamados derivados de incumplimiento crediticio o credit default swaps (CDS), que con toda razón fueron calificados por el financiero Warren Buffet como "armas financieras de destrucción masiva". Se trata de unos productos financieros muy sofisticados que se asimilan a los seguros pero que en realidad no lo son porque se establecen sobre algo que no es propiedad del asegurado y por eso producen resultados catastróficos: si por ejemplo alguien va a cobrar mediante este seguro en caso de que arda la casa del vecino, no sólo no le va a importar que arda sino que incluso puede interesarle hacer lo posible para que se incendie cuanto antes.

   4. Control de la actuación de los financieros que a su vez controlan los mercados de derivados (que supone unos 700 billones de dólares) y los hedge funds. Algo que no es difícil si se tiene en cuenta que el 80 por ciento de estos últimos está radicado en la City de Londres y que el mercado de los primeros está controlado, según The New York Times, por una élite que se reúne el tercer miércoles de cada mes en algún lugar del Midtown de Manhattan que, aunque sea secreto, no debe resultar muy difícil para las autoridades dar con él. 3

   5. La separación de la banca comercial, es decir, la que se dedica a financiar la actividad económica, de la que se dedica a llevar a cabo inversiones financieras y, como veremos, poner fin al privilegio que tiene la banca privada de crear dinero y, por tanto, de obtener beneficio y poder cada vez que concede un préstamo.

Vigilar a los vigilantes

  Como hemos señalado, gran parte de los problemas que viene sufriendo la economía internacional, y la española en particular, se debe a que los vigilantes no vigilaron con la debida diligencia. Por torpeza, por ceguera ideológica o por simple complicidad con los banqueros privados, los bancos centrales y los gobiernos han dejado hacer de todo durante estos años.
  Significativamente, a medida que los negocios financieros se iban haciendo más complejos y poco transparentes, y por tanto más peligrosos, las autoridades han relajado la vigilancia en lugar de reforzarla. En Europa, por ejemplo, ya se regula y controla a nivel comunitario casi cualquier tipo de actividad por secundaria que sea y, sin embargo, en lugar de haber dispuesto de una única y potente supervisión financiera se ha permitido que hubiera ¡27 supervisores bancarios!, justamente lo que conviene a entidades que, como casi todas las de hoy día, operan en varios países y así pueden aprovecharse de los distintos criterios de supervisión.
  El Banco Central Europeo fue incapaz de prevenir la crisis, tomó las primeras medidas con retraso, dio señales contradictorias, ha impuesto medidas de austeridad que han paralizado la salida de la crisis y se empeñó en no intervenir hasta que era demasiado tarde y ya era casi imposible evitar los daños provocados por los ataques especulativos a Grecia, Irlanda, Portugal o España y ha hecho que los costes de la crisis ahora resulten dramáticos para estos países.

  Puede decirse con pleno fundamento que el Banco Central Europeo es responsable de que las consecuencias de la crisis sobre la población y en general sobre la economía europea hayan sido especialmente graves y de que los especuladores hayan realizado primero una extorsión y luego un verdadero saqueo de esos países.
  Con toda la razón, el premio Nobel de Economía Paul A. Samuelson escribía en uno de sus últimos artículos que "las bancarrotas y las ciénagas macroeconómicas que sufre hoy el mundo tienen relación directa con los chanchullos de ingeniería financiera que el aparato oficial aprobó e incluso estimuló durante la era de Bush". 4
  En nuestro país ha ocurrido prácticamente lo mismo. El presidente Aznar afirmaba que "España va bien" cuando se estaba gestando la mayor burbuja inmobiliaria de nuestra historia gracias a las medidas que tomaba su gobierno; el gobernador del Banco de España no hacía caso alguno, como indicamos antes, a las advertencias de sus inspectores sobre el endeudamiento gigantesco que promovían irresponsablemente los bancos españoles, y el presidente Zapatero se empecinó en afirmar durante meses que no había crisis alguna y así perdió un tiempo precioso y favoreció al mismo tiempo que los banqueros levantaran cabeza y se recuperaran. 5
  Y, aunque también gracias a la influencia que la banca tiene en los medios de comunicación se ha conseguido hacer creer a la población que el Banco de España ha actuado con gran acierto frente a la crisis, lo cierto es que, como explicamos en el capítulo anterior, esa opinión no tiene mucho fundamento. A pesar de disponer de grandes recursos materiales y personales no se percató del peligro que se cernía sobre la economía española. En el Informe Anual de 2007 (escrito a mediados de 2008) todavía se refería a lo ocurrido en el año analizado como un "episodio de inestabilidad financiera", y un año antes no advirtió nada especialmente peligroso. En su página 25 se escribía que "en los primeros meses de 2007 ha proseguido la fase de expansión de la economía española y las perspectivas apuntan a su continuidad en el horizonte más inmediato" y sólo señalaba "algunas incertidumbres sobre la continuidad del crecimiento de la economía" pero "en horizontes más alejados".
  Los que se consideran a sí mismos los economistas capaces de decir a la sociedad lo que debe hacer, los que dicen que ahora hay que recortar salarios y pensiones porque presumen de que saben lo que va a pasar dentro de cincuenta años, resulta que no se dieron cuenta de la crisis que se nos venía encima cuando ya casi todo el mundo la sentía sobre sus espaldas.
  En nuestra opinión todos estos comportamientos indican que para salir de la crisis es preciso también un cambio radical en el estatuto que tienen las autoridades monetarias y establecer un control social mucho más directo y auténtico sobre la clase política y sobre los poderes públicos, como la magistratura (que en tantas ocasiones ha sido aliada del poder financiero), para evitar que las finanzas se conviertan en un auténtico territorio sin ley. Es decir, para salir de la crisis hace falta también mucha más democracia, democracia real, como veremos en el capítulo IX.

LOS NECESARIOS CAMBIOS ESTRUCTURALES

  La causa más inmediata de la crisis es, tal y como hemos señalado, la falta de financiación a empresas y consumidores. Por tanto, es cierto que si no se garantiza que vuelva a fluir será imposible que se salga de la crisis con suficiente seguridad y fortaleza, tal y como estamos viendo que ocurre claramente en España.
  Pero lo grave de esta crisis es que esta primera e inmediata condición no es suficiente para salir adelante, en ningún lugar del mundo pero de un modo especial en nuestro país. Si se consiguiera que hubiera financiación suficiente pero se dirigiera al mismo tipo de actividad productiva y para llevarla a cabo de la misma forma y con el mismo uso que hasta ahora, los problemas estructurales que han coadyuvado a que la crisis se produzca volverán a aparecer y de nuevo nos encontraríamos en una situación insostenible desde el punto de vista económico, ambiental y social.
  Como vimos en el capítulo anterior, la crisis singularmente grave de España, sobre todo desde el punto de vista del empleo, es el resultado de la combinación de varios factores de perturbación que tienen su origen en la prevalencia de un modelo de crecimiento que provoca la insuficiencia estructural de recursos endógenos, la utilización demasiado intensiva de recursos naturales y gran desigualdad y endeudamiento. Tres circunstancias
que a medio, e incluso a corto plazo, son insostenibles y, por tanto, incapaces de soportar la generación de la actividad y el empleo a lo largo del tiempo. Si queremos salir de la crisis con más empleo y bienestar social, debemos empezar a sostener la actividad económica en otro tipo de actividades caracterizadas por un uso diferente, más equitativo, racional y sostenible de los recursos materiales, humanos y naturales.

Nuevas actividades productivas

  Nos guste o no, es completamente imposible que España vuelva a recobrar los niveles de crecimiento y empleo de años anteriores basándose de nuevo en actividades vinculadas a la construcción, tanto en el sector inmobiliario como en el de infraestructuras de carácter tan claramente antieconómico y antisocial como los trenes de alta velocidad, las autovías o
incluso los transportes de metro de la mayoría de las ciudades, concebidos y diseñados casi en exclusiva para proporcionar beneficio a sus constructores.
  Por tanto, es imprescindible orientar los recursos a la generación de otro tipo de actividades de las que hoy día son capaces de generar mayor valor añadido y, al mismo tiempo, empleo, como, entre otras, las que tienen que ver con las energías renovables, con la innovación y las nuevas tecnologías, con la cultura, el ocio y la creación, con el reciclaje y el medio ambiente, con la agricultura, con los servicios sociales y los cuidados y, siempre, con las que permiten la producción más directa y descentralizada de los bienes y servicios que necesita la población o un componente más humano y cercano de conocimiento, habilidades personales o materiales y formación.
  El problema para el desarrollo de esta nueva gama de actividades es que no hacen falta solamente muchos recursos financieros y humanos e incentivos potentes para promocionarlas y ponerlas en marcha. También se necesitan mercados, sinergias productivas y sectoriales, es decir, interrelaciones y apoyos de unas actividades con otras, experiencia, transportes adecuados, conocimientos previos para diseñarlas y materializarlas, empresas y organizaciones adecuadas para crearlas y desarrollarlas. Y, por supuesto, demanda solvente, no sólo con ingresos suficientes sino con preferencia hacia este tipo de nuevas actividades. Es decir, necesitan en realidad un nuevo tipo de sociedad, lo que nos enfrenta a una gran disyuntiva: cambiar es difícil pero continuar por el mismo camino es sencillamente suicida.

El difícil cambio de modelo

  España se enfrenta a esta exigencia de cambio con tres grandes dificultades. La primera que, salvo en casos singulares, carece de casi todos esos requerimientos, al menos con la dotación o la generalidad necesarias.
  Esta insuficiencia impide que el proceso de cambio productivo pueda ser solamente el resultado de fuerzas anónimas o impersonales de mercado. Se trata de una carencia más bien de capital social que de capital físico o financiero, en el sentido de que lo que se necesita es un tipo específico de contribución a la creación de renta nacional y de interrelación entre los sujetos económicos más que "dinero" o recursos materiales. Y, por esa razón, sólo puede ser el final de un proyecto social compartido, negociado, prediseñado y combatido porque, lógicamente, habría de enfrentarse a los intereses económicos y financieros que apuestan por un modo de entender la economía que lleve simplemente a la ganancia privada y de la forma más rápida y segura. Por eso un cambio como éste no es posible sin una presencia muy importante de los poderes públicos (en el sentido más estricto y radicalmente democrático de la expresión) como reflejo de las preferencias sociales y como garantía de que éstas se respetan a la hora de tomar decisiones. Y por eso es fundamental oponerse a la estrategia de debilitar el sector y la iniciativa pública que promueven los intereses que sólo buscan el beneficio. Lejos de ello, hay que fortalecerlos no sólo económicamente incrementando el gasto público, sino también políticamente, reforzando sus competencias y ampliando la forma en que la ciudadanía puede formar parte de ellos.
  La segunda dificultad proviene de que España tiene hoy día la mayoría de sus recursos, una gran parte de su inteligencia colectiva, las grandes organizaciones y las empresas necesarias para servir de base a nuevas actividades (en energía, telecomunicaciones, transportes, distribución y finanzas, sobre todo), su sistema formativo y las actividades hasta ahora más capaces de generar ingresos vinculados a intereses foráneos como resultado de las privatizaciones ya llevadas a cabo y de la compra masiva de empresas y grupos de empresas españolas por capital extranjero.
  Esto plantea la necesidad de poner sobre la mesa algo sobre lo que muy pocos quieren o se atreven a hablar pero que es crucial para el futuro de la economía española: la recuperación para la sociedad de las empresas que fueron privatizadas inútilmente, siguiendo simples criterios ideológicos neoliberales que sólo buscan beneficiar a grupos e intereses privados, y produciendo un perjuicio gravísimo, del que algún día tendrían que responder sus responsables políticos a la ciudadanía española.
  A nuestro juicio será prácticamente imposible que España pueda corregir su rumbo económico y que pueda salir de la crisis sin sufrir durante muchos años sus consecuencias si no se devuelven al Estado estas empresas privatizadas y creemos firmemente que luchar por recobrarlas debe ser un objetivo patriótico al que no podemos renunciar para poder levantar nuestra economía y hacerla descansar sobre bases mucho más sólidas y equitativas.
  La tercera dificultad es que una estrategia de esta naturaleza es contraria, como comentaremos en otros capítulos, a las dinámicas neoliberales dominantes en la Unión Europea y, sobre todo, a la idea según la cual lo que deben buscar las economías nacionales es ser competitivas en el exterior aunque eso, como veremos más adelante, lleve a un deterioro aún mayor de la demanda interna y al empobrecimiento generalizado.
  En nuestra opinión la tendencia debe ser la contraria. No ha habido a lo largo de la historia economías que hayan llegado a ser competitivas de un modo sostenido y auténtico sin haber consolidado antes el más amplio posible y potente mercado interno. Tratar de ocupar posiciones de fortaleza en los mercados internacionales sin asegurar con anterioridad una fuente de
ingresos endógenos potentes es completamente inviable, salvo que se trate de un país de dimensiones o recursos excepcionales, como pueda ser China en estos momentos.
  Por eso creemos que la única estrategia capaz de lograr el cambio de modelo productivo del que casi todos los grupos políticos y sociales hablan no puede ser, como casi todos dicen, la de volcarse sin red (es decir, reduciendo nuestros salarios) en el exterior, sino la que consiga que la economía española dé la vuelta para concentrarse en sí misma, algo que de ninguna manera implica una tentación autárquica o aislacionista. Simplemente significa que se ha de anteponer a cualquier otro objetivo el de la satisfacción de la población, el del equilibrio territorial, sectorial y personal y, para que ello sea posible, el de distribuir de modo mucho más equitativo el ingreso y la riqueza.


La economía de la igualdad

  Ya hemos comentado que la causa última que está detrás de la hipertrofia de las actividades financieras especulativas es la enorme desigualdad que se ha ido produciendo en los últimos cuarenta años. La continua pérdida de peso de los salarios y la concentración de las rentas en una proporción cada vez más pequeña de la población es lo que ha permitido, por un lado, que creciera el negocio bancario y, por tanto, el poder político de los banqueros como consecuencia del inevitable mayor endeudamiento que sufren principalmente las familias, los trabajadores autónomos y los pequeños y medianos empresarios. Y, por otro, que se acumulara una cantidad tan grande de dinero ocioso, que no dirige al consumo de bienes y servicios sino sólo a la inversión ficticia en papel y productos financieros muy rentables pero de alto riesgo.
  Como comentaremos con más detalle a la hora de hacer propuestas más concretas en otros capítulos, reducir la desigualdad no es sólo una cuestión de deseo moral, que ya de por sí es importante. Además es la forma de hacer que las economías, incluso las capitalistas, funcionen mejor puesto que la distribución más igualitaria proporciona ingresos más repartidos que se destinan en mayor medida a la adquisición de bienes y servicios, lo que proporciona mayor oportunidad de ventas y, por tanto, de beneficios a las empresas. Cuanto más concentrada esté la renta, menor será el volumen de producción necesario para satisfacer la demanda de consumo (que en el capitalismo sólo puede realizar quien tenga dinero) y el número de empresas necesarias para realizarla.
  Los datos, como ya mencionamos, no dejan la menor duda sobre este asunto. En 1976 el 1 por ciento más rico de Estados Unidos recibía el 9 por ciento de los ingresos brutos y en los años de gobierno de Bush recibía el 20 por ciento de los ingresos brutos, apropiándose del 75 por ciento de la riqueza generada. 6
  Además este incremento de la desigualdad no se manifiesta solamente en la concentración tan exagerada de la renta que se canaliza hacia los mercados financieros sino que tiene una manifestación multidimensional que afecta de forma negativa a todos los aspectos de la vida social.
  Por eso la única forma de salir con certeza de la crisis y de evitar que otras más graves vuelvan a producirse con mayor fuerza de las que se vienen produciendo, y, por supuesto, la mejor y más auténtica vía para avanzar hacia una sociedad más justa y humana, es combatir la desigualdad en todas sus manifestaciones.
  Desde el punto de vista económico eso implica actuar de forma inevitablemente complementaria en dos frentes.
  Por un lado, en los procesos en donde se originan los ingresos, es decir, en la retribución por el uso del trabajo y del capital del que disponga cada uno.
  Por otro, en el campo de la llamada redistribución de la renta, que es la que lleva cabo el Estado a través de su gasto público (mediante pensiones, servicios públicos, ayudas, becas, subvenciones, etcétera) o de los impuestos para tratar de corregir la distribución "originaria" anterior.
  La actuación debe ser complementaria en ambos campos porque si la distribución originaria es muy desigual será muy costoso reducirla, no sólo financieramente sino también políticamente porque los más beneficiados adquirirán de esa forma mucho poder y podrán evitar que se tomen medidas correctoras.
Y además porque, aunque la distribución originaria sea más o menos igualitaria, siempre habrá circunstancias personales, accidentales o no deseadas que requieran la acción correctora o paliativa del Estado.
  Lograr que en los mercados de factores productivos, donde se retribuye al trabajo y al capital, se produzca una distribución más igualitaria no es fácil y la experiencia nos dice que resulta casi imposible si se deja que los trabajadores que intervienen no tengan protección alguna, por la sencilla razón de que parten de una posición muy desigual a la hora de negociar.
  Los factores que desprotegen a los trabajadores y que los llevan a tener que aceptar condiciones salariales o retributivas más desfavorables (disminuyendo tanto su salario individual como su salario colectivo, protección social), y por tanto los que aumentan la desigualdad originaria, son muy variados y no sólo económicos: escasa presencia de sindicatos, negociación "uno a uno" o poco centralizada, desempleo abundante, falta de formación, carencia de normas o leyes laborales que fijen derechos laborales, etcétera. Todos ellos dejan más solos a los trabajadores frente a sus empleadores y, por tanto, hace que éstos dispongan de mayor poder para imponerles peores condiciones de salario y trabajo.
  Lo que precisamente ha ocurrido en los últimos años es que los propietarios del gran capital han logrado imponer a través de políticas y reformas legales estas circunstancias que son las que han hecho que disminuyan los salarios en el conjunto de las rentas, la participación de los trabajadores en el reparto de la tarta y que, en consecuencia, aumente la desigualdad. Y lo que a corto plazo resulta, por tanto, imprescindible es invertir esta tendencia para lograr una distribución de los ingresos más equitativa porque sólo de esa forma se va a poder conseguir que se amplíe la demanda solvente, lo que, en las condiciones de economías capitalistas de mercado en las que nos encontramos, se necesita para que se puedan producir más bienes y servicios.
  Nuestra propuesta en este sentido es que para salir de la crisis y poder poner en marcha el cambio en el modelo productivo, que no afecta solamente al tipo de actividad económica a llevar a cabo sino también al tipo de uso que se haga de los factores productivos, se hace imprescindible un gran pacto nacional de rentas orientado a garantizar, como comentaremos más concretamente en el capítulo VI, una participación más elevada de los salarios en la renta nacional, única forma de sostener la demanda interna, de fortalecer el mercado, de evitar la deriva especulativa y de garantizar, por tanto, el cambio hacia el modelo productivo al que hemos hecho referencia con anterioridad.
  Para lograr un objetivo de esa naturaleza hay que tener en primer lugar preferencia (social) y voluntad (política) para alcanzarlo. La primera se crea mediante estímulos, incentivos, cultura y, sobre todo, garantizando y promoviendo el debate social democrático. La segunda es el resultado del pulso que constantemente echan entre sí los diferentes grupos sociales.
  Pero, además de ello, se necesitan instrumentos, medidas de actuación.
  Entre las más importantes de las relativas a las rentas originarias se encuentran, por encima de cualquier otra, establecer las condiciones que permitan la generación de empleo decente y estable, que analizamos en el siguiente capítulo, y otras como la política de salarios mínimos, el fomento del empleo indefinido, la negociación de las ganancias de productividad, la participación de los trabajadores en las empresas, las políticas de igualdad y las medidas de responsabilidad y corresponsabilidad en su seno, la promoción de nuevas formas de propiedad cooperativa y social. Y en relación con la redistribución de la renta, tal y como veremos en los capítulos siguientes, es imprescindible recuperar el valor y el aprecio a los impuestos como instrumento de cohesión social, la generación de capital social suficiente y crear un modo de producir y de consumir que no sea a la postre depredador de los recursos que utiliza y de los ecosistemas en los que actúa.

OTRA ECONOMÍA, OTRAS RELACIONES SOCIALES,
OTROS SERES HUMANOS

  No podemos soslayar el hecho fundamental de que los problemas que estamos viviendo son en realidad un momento de una crisis que va mucho más allá de lo puramente financiero o económico. Los acontecimientos que se han producido, la quiebra de instituciones gigantescas; el sometimiento del planeta, de cientos de millones de personas ante los designios de unos pocos inversores ocultos ante la máscara de "los mercados", como si en realidad no fueran nada ni nadie, sino una especie de fuerza impersonal y aséptica; la ignominia que supone que entidades bancarias (también personas normales y corrientes sabiendo o no lo que hacen) inviertan para lograr que suban los precios de los productos alimenticios (como antes hacían con las viviendas), lo que da lugar a que mueran de hambre docenas de millones de personas; el engaño civil que supone la puesta en marcha de reformas laborales, de las pensiones o de los servicios públicos a sabiendas de que lo que van a conseguir no es lo que se le dice a la población sino el mayor beneficio de unos pocos; la destrucción del planeta, la indiferencia ante su degradación o ante la generalización de un modo de producir que genera más desechos que bienes; la generalización de situaciones de exclusión y de discriminación que son realmente las que permiten la sumisión necesaria para que todo esto pueda darse... Todo ello, la mitificación del dinero, la universalización de lo mercantil que lleva a que todas las dimensiones de nuestra vida humana se hayan puesto en venta, la avaricia descontrolada, el cultivo del egoísmo y el fomento de la desinformación o la constante manipulación de las conciencias, nos indica que si todo lo que hemos comentado se ha podido producir es porque alguien con demasiado poder ha logrado poner el mundo "patas arriba", invertir los valores y las prioridades y llevarnos a los seres humanos por un camino que no es el que nos permite alcanzar plenitud como tales y que no es otro que aquel en el que predomina la cooperación y no la competencia agresiva, la solidaridad y no el combate, la paz y no la violencia.
  Por eso en la nueva agenda que debemos abrir para tratar de salir con más bienestar de la situación en la que estamos debemos incluir, como haremos en el penúltimo capítulo, una estrategia apropiada que nos permita ir cambiando de rumbo y encaminarnos hacia horizontes de mayor humanidad y armonía con la naturaleza.

***


IV
Las condiciones para crear empleo decente



  El problema social que con mayor gravedad afecta a los ciudadanos es la falta de empleo, y es natural. La mayoría de las personas podemos vivir y satisfacer nuestras necesidades gracias a los ingresos que nos proporciona el trabajo remunerado o las pensiones que se reciben precisamente por haber tenido con anterioridad empleos y haber cotizado a la Seguridad Social en ellos.
  Por eso es lógico que la mayoría de la población desee que las políticas de los gobiernos se encaminen a facilitar la creación de puestos de trabajo y que los políticos siempre se presenten ante la gente como preocupados por conseguir este objetivo.
  Pero en este campo, como en ningún otro, no debemos ser ingenuos. En apariencia todos estamos interesados en que se cree el mayor número de empleos pero eso es sólo una apariencia porque también hay grupos de interés muy poderosos a quienes no les conviene que haya pleno empleo y que todas las personas que lo deseen dispongan de un puesto de trabajo bien remunerado.
  Así lo han detectado muchos científicos y es algo que incluso han reconocido muchos dirigentes políticos. El que fue ministro español de Economía, Carlos Solchaga,1 lo expresó claramente en un libro en el que comentaba su experiencia de gobierno: "La reducción del desempleo, lejos de ser una estrategia de la que todos saldrían beneficiados, es una decisión que si se llevara a efecto podría acarrear perjuicios a muchos grupos de intereses y a algunos grupos de opinión pública".
  Eso es así porque cuando hay un alto nivel de desempleo se puede contratar el trabajo a salarios más bajos ya que hay más personas que desean trabajar pero que no encuentran empleo y, por tanto, estarán dispuestas a aceptar sin rechistar las condiciones de trabajo que les ofrezcan.
 En nuestro país hemos podido comprobar en los últimos años que la presencia de gran número de inmigrantes ha sido utilizada para contratar a más bajo salario y que incluso ha sido fomentada la presencia de trabajadores sin papeles precisamente porque su estado de mayor necesidad permite a empleadores que sólo buscan el máximo beneficio contratarlos en condiciones más favorables para ellos.
  El interés que puedan tener algunos grupos sociales poderosos en que haya desempleo es, por tanto, algo que no se puede olvidar para entender por qué en los últimos años todo el mundo habla de crear empleo y, a la postre, no se crea el suficiente y el que se crea es de baja calidad, con malas condiciones de trabajo, pocos derechos reconocidos y de bajo salario.
  En cualquier caso, para poder determinar lo que más conviene hacer para crear puestos de trabajo, vamos a repasar en primer lugar las ideas que defienden al respecto quienes nos gobiernan; después vamos a mostrar que antes y ahora, en plena crisis, se corresponden poco con la realidad, y finalmente indicaremos, a la vista de la experiencia real, cuáles son las condiciones que a nuestro juicio sí permitirían crear el empleo que necesita nuestra economía y nuestra sociedad.

LAS CAUSAS DEL PARO
Y LAS CONDICIONES PARA CREAR EMPLEO

  La fórmula que se viene presentando desde hace años como la adecuada para crear empleo la conocen perfectamente todos los ciudadanos porque se repite hasta la saciedad. En efecto, es muy habitual leer en prensa titulares como los siguientes que han terminado por convertirse en el credo dominante: "El Banco de España insiste en moderar salarios para crear empleo", "El Banco de España urge moderar los salarios para evitar los despidos", la CEOE (es decir, la organización patronal que defiende los intereses de los empresarios) "insiste en que se debe seguir con la moderación salarial para propiciar la recuperación del empleo".2
  Pero si se afirma que lo que hay que hacer para crear empleo es reducir salarios no es porque haya evidencia científica de ello.

Las propuestas neoliberales

  La idea que defienden los economistas y los políticos liberales es que el trabajo es una mercancía más que se compra y se vende en un mercado como otro cualquiera. Los trabajadores ofertan sus horas disponibles de trabajo en función del salario que esperan obtener (si es más alto, desearán trabajar más y, si es muy bajo, menos). Y las empresas demandan trabajo comparando el salario que han de pagar por él con la productividad que pueden obtener al utilizarlo.
  De esa manera los liberales creen que se puede fijar un salario que iguala en un momento dado la cantidad ofertada por los trabajadores y la demandada por los empresarios y que, por tanto, representa una situación de pleno empleo.
  Si el salario fuera demasiado bajo, habría una gran demanda de trabajo por parte de los empresarios pero insuficiente oferta de trabajo porque, dicen los defensores de este punto de vista, siendo el salario demasiado bajo, los trabajadores preferirían el ocio al empleo. Y si el salario fuera demasiado alto, ocurriría lo contrario: habría muchos trabajadores deseosos de trabajar, pero muchas empresas no estarían dispuestas a contratarlos a esos salarios tan elevados.
  Por tanto, dirían los liberales, para que haya pleno empleo lo importante es que se den dos circunstancias. La primera, que los salarios sean suficientemente moderados porque si son muy altos las empresas no van a contratar a todos los trabajadores que deseen trabajar y habrá paro. Por eso los liberales afirman que el paro o desempleo es siempre voluntario, porque podría eliminarse simplemente si los trabajadores aceptan trabajar a salarios más bajos.
  La segunda circunstancia para que haya pleno empleo es, por tanto, que los salarios puedan subir y bajar libre y fácilmente, que los trabajadores puedan ir sin dificultad allí donde haya un empresario demandando un empleo. Y que los empresarios puedan contratar allí donde lo necesiten y en las condiciones en que les resulte más apropiado. Cuando esto ocurre, se dice que el mercado de trabajo es flexible y, cuando no, que es rígido.
  Y de esta segunda circunstancia los liberales deducen que para crear empleo lo que debe haber es la mayor flexibilidad posible en el mercado laboral. Mientras que el desempleo se explica porque hay factores que hacen que el mercado sea demasiado rígido.
  Los factores que provocan esta rigidez son en realidad los mismos que hacen que los salarios sean demasiado altos y produzcan desempleo.
  La mayoría de las personas, por poco informadas que estén, saben también cuáles son estos factores a los que se culpa de la rigidez en el mercado de trabajo y del paro, porque se hace constante referencia a ellos en los medios de comunicación y en los discursos políticos y de los economistas ortodoxos.
  El más habitual y criticado es el de los sindicatos. Se afirma que crean rigidez porque defienden los intereses de los trabajadores y, por tanto, porque no aceptan cualquier nivel de salario ni cualquier condición laboral, es decir, porque han logrado a lo largo de toda su historia que se reconozcan normas laborales que protegen a la parte más débil de la relación de trabajo. Es fácil imaginar cómo serían las condiciones de trabajo (simplemente recordando cómo eran en el siglo XIX) si no hubieran existido sindicatos y si no se hubiera conseguido que se reconozcan los derechos de los trabajadores.
  Otro factor que los liberales afirman que provoca rigidez son precisamente todas las normas que protegen a los trabajadores o que les conceden derechos: si hay salario mínimo, se dirá que no se crea empleo porque no se permite que haya empresas que puedan crear puestos de trabajo más baratos. Si hay subsidios para los desempleados, se dirá que entonces los parados preferirán vivir de las ayudas y que no aceptarán los empleos que se les ofrezcan. Si hay cotizaciones sociales elevadas para poder financiar pensiones dignas, se dirá que eso encarece el coste del trabajo. Si hay convenios colectivos que fijan condiciones de trabajo decentes para todos los trabajadores, se dirá que, además de encarecer el trabajo, se limita la libertad de contratación y que eso provocará desempleo...
  Y, en consecuencia, los liberales defienden que, para poder crear puestos de trabajo suficientes, lo que hay que hacer es llevar a cabo continuas reformas en los mercados de trabajo para eliminar todos estos factores de rigidez y para proporcionar, por el contrario, la flexibilidad suficiente a las relaciones laborales que permita alcanzar el pleno empleo.
  Estas ideas sobre el mercado de trabajo y la creación de empleo que se presentan como el último hito son realmente muy antiguas, de finales del siglo XIX. Cuando se han recuperado para darle cobertura ideológica a las políticas neoliberales, se han presentado bajo la forma de teorías económicas muy sofisticadas y con mucho aparato matemático para dar a entender que se trata de proposiciones científicas muy modernas, pero su sustrato final es el antiguo que acabamos de señalar por mucho que se presenten disfrazadas de modernidad a la opinión pública. Siguiendo estos principios, en los últimos años se han realizado multitud de trabajos orientados a mostrar que, por ejemplo en Europa o en España, existen factores de carácter institucional como los antes mencionados, que son los responsables de los altos niveles de empleo existentes. Y a propugnar, por tanto, que se reformen los mercados para eliminarlos y darles flexibilidad.
  De esos análisis es de donde beben las políticas gubernamentales de los últimos años, como lo hace, por ejemplo, el último Pacto del Euro cuando afirma que lo que necesitan las economías europeas para crear empleo es ser más competitivas. Esto significa, como veremos más adelante, exactamente lo mismo que acabamos de mostrar: salarios más bajos porque se supone que así las mercancías se van a producir más baratas y, por tanto, que se van a vender con mayor facilidad y entonces emplear a más trabajadores. Lo que no explican, como también veremos más adelante, es a quién van a venderse esas mercancías de más si la población que podría comprarlas tiene cada vez menos capacidad de compra porque bajan sus salarios.

¿Se crea empleo con la receta liberal?

  Las ideas que normalmente se propagan en los medios de comunicación y las que defienden los políticos y los economistas de ideología neoliberal son estas que acabamos de mostrar y se suelen presentar como si fueran verdades fuera de toda discusión. Pero la realidad es que son muchos los economistas que han demostrado que ese tipo de principios ni tienen consistencia lógica ni han producido los resultados que dicen en la realidad.
  El más conocido de todos ellos quizá fuera John M. Keynes, el economista británico que mostró que la tesis según la cual la creación de empleo depende del coste del trabajo es una falacia porque, decía él, el trabajo es una mercancía muy especial y nunca va a ser posible que el salario baje como afirman los liberales.
  Y, sobre todo, decía Keynes, porque por muy bajo que sea el salario ¿para qué va a contratar a más trabajadores una empresa si no tiene clientes a quienes vender sus productos? A diferencia de los liberales, para Keynes la creación de empleo dependería, por tanto, no del nivel del salario sino de que hubiera suficiente demanda de bienes y servicios. Y es que la tesis liberal según la cual la creación de empleo depende sólo del coste del trabajo y que inspira a las políticas neoliberales lleva a una conclusión que no puede calificarse sino de absurda e inaceptable: para cualquier nivel de producción se puede crear entonces tanto empleo como se quiera con tal de que los salarios sean suficientemente bajos.
  Recientemente el análisis de la realidad de los mercados de trabajo, que en este libro no podemos exponer con detalle, ha mostrado con claridad que las cosas no funcionan como quieren hacer creer los neoliberales.
  Por ejemplo, se ha podido comprobar en Francia y en otros países europeos que la evolución de la tasa de paro tiene que ver, sobre todo, con el número de horas de trabajo y no con la evolución de los salarios.
  Autores como James Galbraith y Deepshikha Roy-Chowdhury han demostrado que en Europa y entre 1980 y 2005 no se da la relación que defienden los neoliberales sino todo lo contrario: las variaciones de los salarios y del empleo en ese largo periodo han ido de la mano porque cuando aumentaban los salarios aumentó también el empleo, y cuando se redujeron, bajó.
  Muchos estudios han demostrado también en los últimos años que la tesis de la flexibilidad defendida por los neoliberales no es cierta. Incluso la propia OCDE, una de las cunas del pensamiento ortodoxo, tuvo que aceptar en su informe de 2006 que la realidad muestra que distintos países han conseguido buenos resultados en el empleo con instituciones del mercado de trabajo "extremadamente diferentes", es decir, incluso con mercados que los neoliberales considerarían muy rígidos.
  Y, como veremos en el capítulo VI, tampoco hay evidencia empírica que permita afirmar que los costes salariales más bajos hacen que una economía venda mejor sus productos en el exterior y, por tanto, que pueda crear más empleo por esta vía.
  Los datos muestran, por el contrario, como vamos a ver enseguida en lo referente a los últimos años de crisis económica, que a pesar de que hayan bajado los salarios se ha destruido empleo; que con el mismo mercado muy rígido, según los neoliberales, España pudo ser el país que más empleo creó antes de la crisis y luego pasar a ser el que más ha destruido, y, sobre todo, que no hay relación indiscutible entre la existencia de normas más o menos flexibles o rígidas y el mayor o menor volumen de empleo.
  Y muchos estudios han demostrado (y hasta el sentido común lo ratifica) que lo que realmente determina el nivel de empleo o desempleo no son las condiciones de los mercados de trabajo (aunque eso no quiere decir que lo que allí ocurra sea complemente indiferente para la creación de empleo) sino las condiciones macroeconómicas: la política monetaria, los tipos de interés, el coste del capital, el poder que tengan las empresas en los mercados, el nivel de inversión, las facilidades de financiación y, fundamentalmente, la capacidad efectiva de compra que haya en una economía.
  Y es lógico que sea así, como ya apuntamos antes: por muy bajo que sea el salario, por muy dóciles que sean los sindicatos, por muy barato que sea el despido, por muy pocos derechos que tengan los trabajadores y mucho el poder de los empleadores, ¿de qué servirá todo eso si los empresarios no tienen a quién vender lo que producen?
  Lo que ha ocurrido en los últimos años de crisis demuestra a las claras todo eso.

EMPLEO Y PARO EN LA CRISIS:
¿QUÉ HA FALLADO Y QUÉ HAY QUE CORREGIR?

  El problema del desempleo ha estado presente en la mayoría de los países durante los últimos treinta años, pero es evidente que se ha acentuado de una manera muy espectacular y dramática en estos últimos años de crisis financiera y económica.
  En casi todos los países europeos, excepto en Alemania, el desempleo ha aumentado con rapidez durante este periodo, y en países como España, Irlanda y Estados Unidos su crecimiento ha sido mucho mayor y a veces incluso espectacular.
  Así, en España la tasa de desempleo ha aumentado durante los años de la crisis en 9,7 puntos, en Irlanda en 7,2 y Estados Unidos en 4,7.3 En el otro polo están los países que han tenido una tasa de crecimiento de desempleo muy bajo como Austria (0,4), Bélgica (0,4) o incluso que han visto disminuir su desempleo, como es el caso señalado de Alemania (-1,2).
  Para saber cómo salir de los altos niveles de desempleo que se registran en países como España y aprovechar la experiencia de los que no padecen en tal medida este problema hay que tratar de encontrar las causas reales de estas disparidades porque los políticos neoliberales están haciendo una lectura muy sesgada de los hechos para justificar las medidas y las reformas que están adoptando.

No basta con que aumente el PIB

  Una primera interpretación de esas diferencias sería que el descenso de la demanda de bienes y servicios haya generado una caída de la actividad económica y, por tanto, de la producción y del empleo, así como, al mismo tiempo, un incremento en la destrucción de empleo, lo cual explicaría el incremento del paro. Es decir, que al producirse menor crecimiento económico se haya dado mayor crecimiento del desempleo, de donde se deduciría que lo que hay que hacer para recobrar el empleo sería procurar por todos los medios que aumentara la tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto.
  Pero esta interpretación no explica por qué Alemania, que ha tenido un descenso muy marcado de la tasa de crecimiento de su PIB durante la crisis (-4,7 por ciento), bastante mayor que el de Estados Unidos (-2,7 por ciento) y que España (-3,7 por ciento), haya registrado una disminución del desempleo mientras que estos dos últimos países han experimentado un gran aumento.
  De hecho, España ha sido uno de los países con menor descenso en su tasa de crecimiento económico y en cambio el que tuvo un mayor crecimiento del desempleo. No parece, pues, que el descenso de la actividad económica, per se, sea la mayor causa del aumento del desempleo.
  Para aclarar las diferencias en la evolución del empleo y el paro durante la crisis hay que mirar a otras variables y para ello lo primero que hay que hacer es no confundir la magnitud de la tasa de paro y la tasa de crecimiento del paro.

La tasa de paro en España

  La tasa de paro es el porcentaje de la población que está en edad de trabajar y desea trabajar pero que no encuentra trabajo.
En general es más elevada cuando no hay suficientes puestos de trabajo disponibles para la gente que quiere trabajar. Y esto es lo que ha ocurrido desde hace bastante tiempo y explica por qué siempre España, incluso en tiempos de bonanza económica, tiene un elevado desempleo.
  Una de las principales causas de esta falta estructural de puestos de trabajo en España es el escaso desarrollo del sector público y, muy en particular, de los servicios públicos del Estado del Bienestar, tales como sanidad, educación, servicios sociales, escuelas de infancia, servicios de ayuda a las personas con dependencia, vivienda social y otros servicios, como veremos en el capítulo siguiente. Si España, que en estos momentos tiene un 9 por ciento de su población empleada en estos servicios, tuviera el porcentaje que tiene Suecia (25 por ciento), tendría como poco 5 millones de puestos de trabajo más de los que tiene ahora, cifra que es superior, por cierto, al número de desempleados actual, lo que significa que el desempleo no existiría en España.
  Tales puestos de trabajo podrían financiarse con los 200.000 millones de euros más de los que recibe el Estado español (tanto central como autonómico y municipal) si éste tuviera la política fiscal que tiene Suecia, como veremos en el capítulo de la financiación de la economía.
  El problema, pues, no es económico, sino político, y ello aparece con toda claridad cuando se analiza quién paga impuestos en España, y más concretamente que la mayoría de su recaudación procede de las rentas del trabajo. La población que está en nómina paga, en general, unos impuestos que proporcionalmente son semejantes a los impuestos de sus homólogos en la Unión Europea de los Quince, y sólo ligeramente inferiores a los que pagan sus homólogos en Suecia.
  El trabajador de Seat, por ejemplo, paga en impuestos el 75 por ciento de lo que paga el trabajador de Volvo. Pero los españoles ricos y los grupos de gran poder fáctico (banca y gran patronal) pagan en impuestos sólo el 20 por ciento de lo que pagan sus homólogos en Suecia. Una circunstancia que sólo se puede explicar gracias al enorme poder político y mediático de estos últimos, que impone las políticas fiscales regresivas que, en gran parte, son las que explican los bajos ingresos al Estado y la escasa creación de empleo público.
  En contra de las falsedades que se vienen diciendo para justificar el recorte del gasto y del sector público, lo cierto es que España es uno de los países integrantes de la UE-15 con un sector público de menor tamaño. Nuestro porcentaje de población empleada en él sobre el total de población activa era del 12,75 por ciento en 2008 mientras que el de Dinamarca llega al 31,27 por ciento, el de Finlandia al 24,64 por ciento o el de Suecia al 26,2 por ciento en 2007. Y, a diferencia de lo que también se afirma, el crecimiento del empleo ha sido más rápido en el sector privado que en el público.
  Es verdad que desde 2000 hasta 2008 el gasto público realizado por España ha aumentado de forma significativa, con una media del 5 por ciento anual, que es superior a la de la UE-15, que fue del 3,4 por ciento. Pero hay que tener en cuenta que el  déficit que presenta España en cuanto a gasto público respecto a la UE-15 es muy grande. Así, a pesar de este crecimiento, todavía tenemos un gasto público por habitante de 2.600 euros (estandarizados) menos que el promedio de la UE-15.
  Además, España era en 2008 el país de la UE-15 que menos gastaba en salarios a los trabajadores públicos y el quinto que menos gastaba en compensación salarial a sus empleados públicos por habitante.
  Y por ello resulta que para crear empleo sea necesario y urgente dimensionar nuestro sector público, al menos como en los países más desarrollados de nuestro entorno, aumentar los impuestos y su progresividad y, como veremos en el capítulo siguiente, reducir el déficit social de España, que tiene el gasto público social por habitante más bajo de la Unión Europea de los Quince.

Flexibilidad y rigidez en la crisis

  Pero, además de partir con una tasa de paro ya de por sí elevada, la característica principal de nuestra economía es que, junto con Estados Unidos e Irlanda, ha registrado el mayor crecimiento del desempleo y por eso es importante analizar su relación con los factores institucionales que, según los neoliberales, generan rigidez y hacen que aumente el paro.
  España tuvo desde 2007 hasta 2009 un crecimiento de 12 puntos en su desempleo, Irlanda de 9,7 puntos y Estados Unidos de 4,7 puntos. Y resulta que Estados Unidos e Irlanda son los países que tienen mayor desregulación del mercado de trabajo, en donde los empresarios pueden despedir con toda facilidad y los sindicatos son muy débiles.
  En este sentido los datos son muy contundentes. En contra de lo que sostiene la sabiduría neoliberal dominante en nuestra cultura económica y política, la realidad muestra clara y contundentemente que a menor protección del puesto de trabajo, es decir, que a mayor flexibilidad, se ha producido mayor crecimiento del desempleo. Dicho de otro modo: la flexibilidad, en contra de lo que dicen los neoliberales, ni crea empleos ni evita que se destruyan sino que, por el contrario, hace que se pierdan con mayor facilidad.
  Si España, Irlanda y Estados Unidos, que tienen una gran desregulación y facilidad de despido, son los que han tenido un mayor crecimiento del desempleo durante la crisis, sólo se puede concluir que la famosa tesis neoliberal que sostiene que la seguridad del puesto de trabajo de los trabajadores con contratos fijos es la que crea la inseguridad y el desempleo entre los demás es falsa. En España, en donde existe la idea generalizada, al haber sido promovida por el mundo empresarial y por el Banco de España, de que es difícil despedir a los trabajadores, resulta que la gran destrucción de empleo incluye también a los trabajadores fijos sin que esto repercuta en una mayor creación de empleo.
  Por el contrario, Alemania es uno de los países con un mercado de trabajo más regulado de la Unión Europea, principalmente como consecuencia del sistema de cogestión en el que los sindicatos (y los trabajadores) de las empresas están en sus equipos de dirección. Pero a pesar de ello, y a pesar del gran descenso de su actividad económica medida a través del PIB, como resultado del descenso de sus exportaciones a que dio lugar la recesión mundial, no sólo no aumentó su desempleo sino que ha continuado disminuyendo. Ha sido así porque, al reducirse la demanda, las empresas (el 40 por ciento de ellas en el periodo 2008-2009) han reducido las horas de trabajo en lugar de reducir el número de trabajadores. Lo que confirma la idea que comentamos antes según la cual si lo que queremos de verdad es proteger el empleo a donde tenemos que apuntar es a reducir la jornada de trabajo.
  Se puede concluir, por tanto, que facilitar el despido en momentos de recesión y aumentar la flexibilidad, como han hecho las sucesivas reformas del gobierno de Zapatero, simplemente facilita el aumento del desempleo, puesto que incentiva que los empresarios se adapten a la disminución de la demanda de sus bienes o servicios reduciendo su fuerza laboral. Por el contrario, si ello no es factible, porque las normas no lo permiten o lo encarecen o porque los sindicatos se lo impiden, se tenderá a mantener el número de trabajadores disminuyendo el tiempo de trabajo de cada uno.
  Por tanto, son este tipo de medidas, acompañadas de las que fomenten e incentiven la reestructuración de los tiempos de trabajo y de las que permitan sostener la demanda, las que mejor garantizan el mantenimiento del empleo. La realidad nos muestra, además, que incluso el modelo que está de moda consistente en combinar mucha flexibilidad, facilitando el despido con seguridad, tal como ocurre en Dinamarca, sólo funciona en tiempos de elevado crecimiento económico y pleno empleo, es decir, cuando en realidad no hacen falta.
  La llamada flexiseguridad como la danesa que ahora está de moda sólo funciona si el empresario puede despedir con facilidad pero también si los trabajadores tienen una amplia oferta de puestos de trabajo con servicios de formación incluidos, y con un seguro de desempleo elevado que le permita encontrar trabajo de semejante calidad. Una oferta de puestos de trabajo que no existe en fases de recesión. Y eso es lo que ha hecho que, cuando Dinamarca ha entrado en recesión, haya dejado de ser un modelo porque su desempleo se ha disparado y su tasa de crecimiento del desempleo ha sido, durante la crisis, de las más elevadas en la Unión Europea (2 puntos).

¿QUÉ ENSEÑA LA REALIDAD DE LOS MERCADOS LABORALES?

  Si se dejan a un lado las anteojeras ideológicas que llevan a los neoliberales a ver el mercado de trabajo como un mecanismo perfecto y utópico en donde se puede crear una cantidad infinita de puestos de trabajo con sólo garantizar un salario suficientemente bajo, y si, por el contrario, se mira sin prejuicios la realidad, lo que ocurre de verdad en estos mercados, podemos descubrir las claves fundamentales que hay que tener en cuenta para poder ayudar a crear puestos de trabajo.
  En esa línea las enseñanzas más importantes no son las que provienen de ideaciones neoliberales, sino las que proporciona el estudio del funcionamiento real de los mercados laborales.
  Lo primero que enseña es que no es verdad que lo que haya que hacer para crear empleo sea liberalizar aún más los mercados y las relaciones laborales. No es cierto que allí donde se han hecho reformas para desregular y flexibilizar más los mercados de trabajo se den los mayores niveles de creación de empleo o de reducción del desempleo existente.
  La segunda enseñanza fundamental es que, aunque se pueda demostrar que la presencia de ciertas normativas o instituciones que protegen a los trabajadores y que lógicamente incrementan el coste del trabajo podrían ser causa de mayores rigideces, su efecto sobre el empleo no puede considerarse como decisivo o determinante puesto que, junto a ellas, siempre intervienen otras variables de carácter macroeconómico cuya mayor incidencia ha quedado demostrada en multitud de estudios.
  La tercera enseñanza es que las reformas laborales han producido una disminución del coste del trabajo, una relajación de las normas laborales que han reducido los estándares de protección y una mayor precarización del trabajo, lo que incrementa el empleo temporal y a tiempo parcial no deseado, la discriminación laboral, la inseguridad y la insatisfacción en el desempeño del trabajo.
  En cuarto lugar, sabemos que hay suficientes evidencias que permiten establecer que la generación de empleo está determinada por la existencia de adecuadas condiciones macroeconómicas, que no son solamente las relativas al crecimiento de la actividad medido a través del PIB. Y lo que se ha podido comprobar sin ningún tipo de problema es que lo que en realidad
ha ocurrido en los últimos años ha sido que se han aplicado políticas y condiciones macroeconómicas claramente negativas para la creación de empleo, algunas de las cuales las hemos comentado ya en los dos primeros capítulos del libro. Entre ellas:

   1. Privilegio de las rentas financieras que han absorbido recursos de la actividad productiva y han detraído los necesarios para que las empresas productivas creen puestos de trabajo. Un problema que se ha agudizado especialmente durante la crisis, cuando se ha producido, como sabemos, una escasez extraordinaria de financiación que impide que las empresas puedan crear empleo.

   2. Predominio de las políticas deflacionistas encaminadas a reducir los salarios y el gasto con la excusa de que provocan inflación, lo que ha disminuido de manera constante la demanda efectiva dirigida sobre todo a las pequeñas y medianas empresas.

   3. Reducción del gasto social que ha impedido crear puestos de trabajo en los servicios de bienestar, como hemos señalado y como veremos con más detalle en el capítulo siguiente.

   4. Aumento del poder sobre el mercado de las grandes empresas que les ha permitido imponer precios muy poco competitivos y costes muy desfavorables para las pequeñas y medianas empresas, que son las que crean la mayor parte del empleo.
 
  En 5º lugar, el análisis de la creación y destrucción de empleo indica que ambos dependen de la gestión que se haga del tiempo de trabajo y del reparto de las ganancias de productividad, es decir, en realidad, del reparto de la renta entre el trabajo y el capital. Lo que significa que se puede evitar la destrucción del empleo y fomentar su creación mediante la reducción del tiempo de trabajo y viceversa. Si cuando hay más crisis aumenta el tiempo de trabajo, como ha ocurrido en España, resultará que se perderá más empleo. Si disminuye, como sucede en Alemania, se conserva.
  Finalmente sabemos también que el mayor o menor volumen de empleo depende del modelo productivo, del ámbito en donde se destinan preferentemente los recursos y, como analizamos en el capítulo III y acabamos de mencionar, de la pauta de distribución de la renta. Esto indica que, en última instancia, el nivel de empleo y desempleo que hay en una economía no depende tanto, o no solamente sólo, de circunstancias económicas sino también de las políticas. Y, en consecuencia, del diferente poder e influencia de los distintos grupos sociales a la hora de tomar decisiones sobre el uso de los recursos.
  Por eso la patronal y los políticos y economistas neoliberales que defienden una distribución de la renta más favorable al capital están tan empeñados siempre en atacar a los sindicatos y en reducir su papel en la negociación, en evitar que ésta sea colectiva para hacerla persona a persona, o lo más descentralizada posible para que la defensa de los trabajadores sea más débil, y, en general, en que desaparezcan las normas de obligado cumplimiento que establecen derechos taxativos para proteger a los asalariados.
  Y por eso reclaman que se apliquen políticas macroeconómicas como las que hemos comentado, que en realidad se sabe que van a crear desempleo, porque cuanto más elevado sea éste más fácil resultará imponer a los trabajadores las condiciones laborales y salariales que convengan a la patronal.
  Naturalmente esto no quiere decir que todos los empresarios y todas las empresas actúen así, con una perspectiva tan alicorta (porque tratando de ganar unos pocos al final pierden todos los empresarios). Muchos de ellos tratan de innovar, de encontrar acuerdos con sus trabajadores para repartirse las ganancias de productividad de manera que ninguno se empobrezca ni se ponga en peligro la vida de la empresa, que favorecen la participación y las mejores condiciones de trabajo posibles para todos, que evitan la discriminación y la desigualdad, que entienden que la búsqueda del beneficio debe hacerse necesariamente compatible con el respeto al medio ambiente, a la justicia social y al interés colectivo, y que entienden que el éxito de una empresa no puede consistir en dar simples "pelotazos" sino en poner en marcha proyectos comunes que creen riqueza para satisfacer las necesidades humanas y el mayor volumen de empleo posible...
  Por eso, para crear empleo también es imprescindible fomentar este tipo de comportamiento empresarial y las formas de propiedad que mejor lo favorezcan, la pequeña y mediana empresa y las empresas de carácter social, cooperativas y sociedades laborales, creando las condiciones para que entender así la actividad empresarial no sea un escollo sino una ventaja en el mundo de los negocios. En realidad algunas de las empresas más eficientes y las que han respondido a la crisis con menor destrucción de empleo han sido cooperativas de trabajadores y empleados de reducido abanico salarial, con diferencias entre los mejores y peores pagados de 3 a 1, que contrastan con las grandes empresas del Ibex-35 que destruyen más empleo y en donde esas diferencias llegan a ser 20 a 1. Mondragón es un ejemplo de ello y se puede afirmar que si la mayoría de empresas en España hubiera actuado como las de Mondragón, nuestro nivel de desempleo sería mucho más bajo que el actual.
  Por otro lado, es importante recuperar el principio ampliamente extendido en los países nórdicos (donde las fuerzas progresistas han sido las dominantes en sus instituciones políticas) de que el Estado tiene responsabilidad de crear empleo, cuando el mundo empresarial privado no lo hace en cantidad suficiente. Es un principio de una enorme importancia en este momento de crisis, cuando (al revés de lo que se está haciendo en España) el Estado debiera estar mucho más comprometido aún en la provisión de puestos de trabajo.

LAS CONDICIONES PARA PODER CREAR EMPLEO DECENTE

  La principal conclusión que se ha de sacar de esas enseñanzas es que donde hay que poner la principal atención para crear empleo o para combatir el desempleo no es en el mercado de trabajo y en sus instituciones sino en la naturaleza del entorno macroeconómico en donde se define la naturaleza de la actividad económica dominante, en donde se decide el reparto de la riqueza y, sobre todo, en donde se resuelve el poder de los diferentes grupos sociales que es del que depende su capacidad para influir en la economía.
  Por tanto, para evitar que nuestra economía se siga caracterizando por su insuficiente capacidad para generar trabajo estable y decente y por su tendencia a crear empleo precario, temporal, mal pagado, e inseguro... lo que habría que cambiar son las lógicas que dominan ese entorno del que depende la actividad económica en donde se genera el empleo y que en realidad son bastante evidentes en nuestra opinión.
  Hay que cambiar nuestra forma de producir y de competir en los mercados para recuperar la renta salarial y, por tanto, la demanda de la que dependen las empresas que crean empleo; hay que eliminar el privilegio que tienen la actividad especulativa y las rentas financieras que impiden que esas empresas dispongan de suficiente financiación, y hay que reequilibrar el poder de los diferentes grupos sociales. De todo lo cual nos
ocupamos en los capítulos siguientes.
  Ahora bien, el hecho de que pongamos el énfasis en estas condiciones del entorno del mercado de trabajo para favorecer mejor la creación de empleo no significa, como dijimos antes, que sea indiferente el marco institucional en el que se desenvuelve ese mercado de trabajo. Todo lo contrario, creemos que es fundamental que funcione de forma adecuada y que en su seno se produzca un tipo de intercambio que sea lo más satisfactorio posible desde el punto de vista de la creación de empleo y del bienestar social, que incluye evidentemente posicionamiento ético y un requerimiento permanente de justicia.
  Por eso entendemos que las reformas necesarias deben ir justamente en la línea contraria a la mercantilización exacerbada del trabajo que han ido buscando las de naturaleza neoliberal y que, desde el punto de vista de la creación de empleo suficiente y digno, han sido un verdadero fiasco histórico.
  En nuestra opinión el horizonte al que debemos dirigirnos para poder crear empleo decente es el que permita crear un medio ambiente a las empresas que desincentive su gestión mercantilizada del trabajo, cuyo ejemplo paradigmático es el de esas empresas que justo cuando obtienen miles de millones de beneficios se deshacen de más empleados. Es decir, que se fomente y facilite una gestión del empleo en función de la demanda social de bienes y servicios y de ingreso y no de la exigencia de rentabilidad privada.
  Para ello creemos que, dentro de las actuaciones concretas en el marco singular de los mercados de trabajo orientadas a facilitar la creación de empleo, hay que incluir la urgente suspensión de las reformas laborales que se han llevado a cabo, acabar con las normas que han institucionalizado la precariedad, adoptar medidas para combatir el trabajo informal y el de tiempo parcial no deseado o impuesto por razones de género por insuficiente impulso de las políticas de igualdad, incentivar el empleo indefinido, disminuir el tiempo de trabajo, establecer mecanismos de restitución social y penalización a las empresas innecesariamente destructoras de empleo, aumentar el salario mínimo y garantizar rentas mínimas, evitar la exclusión que sufren los llamados nuevos trabajadores pobres y reconocer y mejorar la ecología del trabajo.
  El trabajo no puede ser únicamente un instrumento para conseguir los fondos con los cuales realizarse a uno mismo a través del consumo. El trabajo en sí es determinante de la calidad de vida de la ciudadanía, como muestran los estudios realizados sobre las causas de la longevidad de la población que confirman que la variable más importante para explicar los años de vida de una persona es su satisfacción con el trabajo realizado a lo largo de su vida. De ahí la gran importancia de que se creen puestos de trabajo que permitan desarrollar la enorme creatividad y la capacidad de goce que las personas tienen en su vida cotidiana. El hecho de que este potencial se inhiba mediante la mercantilización del trabajo muestra la necesidad de cambiar las relaciones de poder en nuestra sociedad, dando mayor poder y protagonismo a la población trabajadora en el diseño de su vida laboral.

***


V
La hipoteca del déficit social



  La actual crisis está siendo utilizada por los economistas neoliberales como excusa para atacar al Estado y al gasto público y por eso afirman que lo que hay que hacer para salir de ella es recortar el gasto público y en particular el destinado a mantener servicios sociales e infraestructuras de bienestar social. E insisten en esta idea de una forma mucho más reiterada desde que estalló el problema de la deuda de la manera y por las causas que hemos comentado.
  En contra de esas ideas es muy importante tener claro que esas políticas no van a conseguir lo que dicen pretender (facilitar la recuperación y fomentar el empleo o incluso reducir la deuda) sino que van a provocar todo lo contrario: el mayor empobrecimiento de las clases trabajadoras que son las que, con su consumo, sostienen la demanda, y una pérdida de dinamismo económico y de capacidad para generar empleo.
  La reducción del gasto público que se está proponiendo y llevando a cabo no es una salida a la crisis sino justamente lo contrario, es una de las causas de la crisis porque genera desigualdad y limita las posibilidades de creación de actividad económica. Además, lógicamente, de producir una mayor insatisfacción social y personal.

EL BIENESTAR COMO FACTOR DE COMPETITIVIDAD

  El discurso neoliberal orientado a realizar recortes de gasto social y a debilitar las estructuras de bienestar suele basarse en la idea de que ambos son factores retardatarios de la actividad económica y enemigos de la competitividad, pero los datos empíricos nos indican lo contrario.1
  En contra de esa opinión que se empeñan en extender los neoliberales, incluso una institución dominada por esa ideología, como es el Foro de Davos, tiene que reconocer que los países que tienen mayor eficiencia económica son los países del norte de Europa, que han sido gobernados durante la mayoría del periodo que abarca desde la Segunda Guerra Mundial hasta la década de 1990 por partidos que se han caracterizado por su gran sensibilidad social, que se ha traducido en Estados del Bienestar bien financiados y con elevado gasto público social por habitante.
  El contraste entre los países del norte de Europa, gobernado por partidos con mayor compromiso social, y los del sur, gobernados por partidos conservadores de escasa sensibilidad social, no puede ser más acentuado. El enorme retraso social de España debido a la escasa financiación que aquí se ha dedicado al bienestar colectivo se debe a haber estado gobernada por una dictadura fascista durante cuarenta años. Y aunque mucho se ha hecho desde entonces, el hecho es que treinta y tres años después de haber terminado la dictadura España todavía está a la cola de la Europa social. Algo que sólo se puede explicar por la excesiva influencia que las fuerzas conservadoras y neoliberales continúan teniendo sobre el Estado.
  El Estado del Bienestar contribuye a la eficiencia económica del país, educando a la ciudadanía, asegurando trabajo estimulante, que permita el desarrollo del potencial de creatividad que tiene todo ser humano, y ofreciendo seguridad y protección social que garantizan una cohesión social, en el que la cooperación y la solidaridad facilitan los necesarios cambios que la sociedad y la economía requieren para ir adaptándose en su proceso de modernización. El miedo, la inseguridad y la represión (y el desempleo es una forma de represión) nunca motivan a la población. La seguridad, la cooperación y la solidaridad sí que la motivan.
  Por eso el bienestar insuficiente sólo puede conllevar una economía menos dinámica, más ineficaz y, por supuesto, más injusta y menos satisfactoria.

EL ESTADO DEL BIENESTAR Y LA CRISIS

  Un ejemplo de que el subdesarrollo social afecta de forma negativa a la eficiencia económica es que los países que han sufrido más la crisis han sido los países periféricos de la Zona Euro Zona (Grecia, Portugal, España e Irlanda), es decir, los que precisamente se caracterizan por ser Estados del Bienestar muy poco desarrollados y muy poco financiados, como resultado de tener unas políticas fiscales muy regresivas con unos ingresos al Estado muy bajos, tal como se documenta en los próximos párrafos.
  La crisis financiera se ha producido con su enorme magnitud justamente, como hemos analizado, por el gran incremento de la desigualdad que se ha generado en los últimos decenios y al que ha contribuido en gran medida el debilitamiento del Estado del Bienestar. Por tanto, mantener y fortalecer el gasto social y la provisión de bienes y servicios de bienestar no es sólo una cuestión de preferencia ética, que lo es y esto es de por sí muy importante. Además es la mejor manera de apostar por el mayor dinamismo económico y por la mayor capacidad de generación de empleo.
  De hecho, una de las causas principales por las que España es incapaz de generar suficientes volúmenes de empleo y por las que su tasa de paro es tan elevada, incluso en épocas de bonanza, es que no ha desarrollado suficientemente su Estado del Bienestar, debido sobre todo a haber vivido más de cuarenta años del sigo pasado bajo una dictadura y a tener un Estado excesivamente influido por fuerzas conservadoras y grupos fácticos.


LA DEBILIDAD DEL ESTADO DEL BIENESTAR EN ESPAÑA

  El Estado del Bienestar en España está muy poco financiado y desarrollado y, se mire como se mire, estamos a la cola de la Europa social.
  Si contemplamos el gasto social en las transferencias públicas (como las pensiones), o en los servicios públicos del Estado del Bienestar (como sanidad, educación, servicios de ayuda a las personas con dependencia, escuelas de infancia, servicios sociales, entre otros), vemos que está (21 por ciento del PIB) muy por debajo del promedio de la UE-15 (27 por ciento) y
muy por debajo de los países más avanzados, como Suecia (29,3 por ciento). Lo mismo ocurre, por cierto, con los países periféricos de la Zona Euro, como Irlanda (21 por ciento), Portugal (23 por ciento) y Grecia (25 por ciento).
  Otro indicador del subdesarrollo social de España es el bajo porcentaje de la población adulta que trabaja en los servicios del Estado del Bienestar. En España es sólo un 9 por ciento, mucho más bajo que en Suecia (25 por ciento). Un español de cada diez trabaja en su Estado del Bienestar, comparado con un sueco de cada cuatro.
  El déficit de empleo público, incluyendo el social, es enorme, negando el mensaje neoliberal que se reproduce constantemente en los medios de información de mayor difusión de que hay demasiados empleados públicos en España y muy pocos emprendedores. Los datos muestran, como ya señalamos antes, que España es el país con menos empleados que trabajan en los servicios del Estado del Bienestar y en el sector público y en cambio es el que registra mayor número de emprendedores.
  Estos enormes déficits, que raramente tienen visibilidad mediática, aparecen también en Grecia, Portugal e Irlanda y se debe a que han estado gobernados por dictaduras enormemente conservadoras fascistas o fascistoides (como es el caso de España, Grecia y Portugal) o por regímenes autoritarios profundamente conservadores (como es el caso de Irlanda) durante la mayoría del periodo que va desde finales de la década de 1930 hasta finales de la década de 1970. Y, aunque ha habido cambios importantes, éstos han sido insuficientes para eliminar el enorme déficit de gasto público social.
  En realidad el retraso social de España, como en aquellos otros países citados con anterioridad, se debe al enorme dominio de las fuerzas conservadoras y liberales en la historia de estos países. Así, cuando el dictador murió en 1975, España se gastaba sólo el 14 por ciento del PIB en su Estado del Bienestar, mucho menos de lo que se gastaban aquel año los países que más tarde pasarían a formar la Unión Europea de los Quince (UE-15), cuyo promedio era de un 22 por ciento del PIB.
  El gasto subió durante el periodo que abarca desde 1978 (cuando se inició la democracia) hasta 1993 debido en parte al gobierno socialdemócrata de Felipe González, pero, sobre todo, a la presión e incluso agitación social liderada por los sindicatos a finales de la década de 1980, cuando se convocaron varias huelgas generales.
  En 1993 el porcentaje de gasto público social había alcanzado el 24 por ciento del PIB. Ni que decir tiene que los países de la UE-15 también vieron subir su gasto social, pues pasó a ser un 28 por ciento, pero el hecho de que subiera con mayor rapidez en España que en el promedio de la UE-15 explica que el déficit de España con la UE-15 se redujera a la mitad al pasar de 8 (22-14) a 4 puntos (28-24).
  Pero en el año 1993 el gobierno socialista se alió con las fuerzas conservadoras y liberales catalanas (CiU) y el resultado de esta alianza fue que la preparación de España para integrarse en el euro, que exigía la disminución del déficit del Estado (que entonces era del 6 por ciento del PIB) para no rebasar el 3 por ciento exigido por el criterio de Maastricht, se hizo a base de recortar de una manera muy marcada el gasto público social.
  Esta operación podría haberse hecho a base de incrementar los impuestos pero no se hizo. En España la reducción del déficit siempre se ha hecho a base de reducir el gasto público social (tal como estamos viendo ahora).
  El mantenimiento de esa opción explica que cuando el Estado español consiguió reducir e incluso eliminar el déficit público del Estado en 2003 fuera a costa de haber aumentado de manera considerable el déficit social de España con el promedio de la UE-15, es decir, la diferencia en euros estandarizados entre lo que España se gastaba por habitante en su Estado del Bienestar y lo que se gastaba el promedio de la UE-15. Un déficit que en 2005 era mayor que en 1994.

LAS CAUSAS DEL SUBDESARROLLO SOCIAL DE ESPAÑA

  Ya se ha indicado que las causas de este subdesarrollo han sido el enorme dominio de las fuerzas conservadoras y liberales sobre el Estado español, que ha determinado unas políticas fiscales sumamente regresivas. Así, mientras que las personas que están en nómina pagan impuestos comparables a los que pagan sus homólogos en la UE-15, las personas de elevadas rentas, así como el capital, pagan muchos menos impuestos que sus homólogos en la UE-15.
  Como consecuencia los ingresos del Estado en España representan sólo el 32 por ciento del PIB, un nivel mucho más bajo que el promedio de la UE-15, 44 por ciento, y de los países más avanzados como Suecia, 54 por ciento.
  Ésta es la mayor causa del subdesarrollo social de España. Es lo que solía llamarse "poder de clase", es decir, poder de la clase dominante que tiene enorme influencia en los establishment políticos y mediáticos del país.
  Este poder de clase aparece también en el escasísimo impacto redistributivo del Estado. Así, la pobreza en España baja sólo 4 puntos (del 24 por ciento de la población al 20 por ciento) como consecuencia de las transferencias públicas sociales, mientras que baja 9 puntos en el promedio de la UE-15 (del 25 al 16 por ciento) y 14 puntos en Suecia (del 27 al 13 por ciento).
  Puesto que la pobreza se define como el sector de la población que tiene una renta que alcanza el 60 por ciento de la renta mediana (aquella que tiene el 50 por ciento de la renta por encima y el 50 por ciento por debajo), entonces vemos que el impacto redistributivo es muy bajo.
  Resultado de ello es que España es uno de los países con mayores desigualdades en la UE-15, con coeficiente de Gini, que mide la concentración del ingreso, de 31,3, mucho mayor al promedio de la UE-15, que es de 29. En ningún otro país las rentas superiores (los muy ricos y los ricos) son mejor tratadas y las rentas medias e inferiores (las clases medias y trabajadoras) peor tratadas por el Fisco. Esto es el poder de clase.

¿ES CIERTO QUE EL ESTADO NO PUEDE SOSTENER UN ESTADO DEL BIENESTAR MÁS FINANCIADO QUE EL ACTUAL?

  Un argumento que se cita constantemente es que España se está gastando demasiado en su Estado del Bienestar y que hay que reducirlo.
  Los datos, sin embargo, muestran la falsedad de tal argumento.
España no es pobre. En realidad es casi tan rica como el promedio de los países de la UE-15 (que son los países más ricos de la UE), pues su nivel de PIB por habitante es el 94 por ciento de ese promedio. Sin embargo, su gasto público social es sólo el 72 por ciento del promedio de la UE-15. Si fuera el 94 por ciento, España se gastaría 66.000 millones de euros más de los que se gasta en su Estado del Bienestar.
  No es cierto, por tanto, que España no tenga recursos para corregir su déficit social. Lo que ocurre es que no los recauda. La gente con más dinero no paga lo que sus homólogos pagan en la UE-15. Según las cifras provistas por la Agencia Tributaria del Estado español, basadas en las declaraciones de renta, un empresario ingresa menos que un trabajador, las grandes empresas españolas sólo pagan un 10 por ciento de sus beneficios y los multimillonarios que mantienen que gestionan sus ingresos y sus patrimonios mediante SICAV apenas pagan el 1 por ciento.

La insuficiente financiación de los derechos sociales

  Como es lógico, el subdesarrollo social de España se manifiesta en todas las dimensiones del Estado del Bienestar o, lo que es lo mismo, en el imposible disfrute de derechos sociales básicos reconocidos sobre el papel por la Constitución.

Sistema sanitario

  El sector sanitario en España está poco financiado y, por tanto, poco desarrollado. Sólo el 4,1 por ciento de la población adulta trabaja en el sector sanitario en España, un porcentaje que es uno de los más bajos de la UE-15 (6,6 por ciento). España tiene el PIB per cápita equivalente al 94 por ciento del PIB del promedio de los países de la UE-15 y, en cambio, el gasto público sanitario per cápita es sólo del 79,5 por ciento del promedio. Si fuera el 94 por ciento, España se gastaría 13.700 millones de euros más de los que se gasta en sanidad. No es creíble, por tanto, indicar que la sanidad pública es insostenible. En realidad España se está gastando mucho menos de lo que le correspondería por su nivel de desarrollo económico.
  El crecimiento del gasto sanitario como promedio para toda España fue en los últimos diez años sólo del 2,7 por ciento por año, comparado con un 4,1 por ciento en el promedio de la OCDE. Es más, gran parte del crecimiento del gasto sanitario en España ha sido en el sector privado, que es lo que se está tratando de fortalecer. Y hay que tener presente que el sector sanitario privado encuentra su principal obstáculo de desarrollo en el sector sanitario público, y por eso sus representantes recomiendan una y otra vez el desmantelamiento progresivo del sector público. En caso de privatización parcial o completa los pacientes del sistema público pasarían a ser clientes del sistema privado, y eso significa negocio y beneficios. No es mera casualidad que las voces que apoyan la reducción del gasto público también pidan una desgravación del aseguramiento privado. Además la simple existencia de un sistema sanitario privado refleja una situación de desigualdad en el acceso a un servicio esencial como la salud. No en vano el 30 por ciento de la población española (la de renta superior) utiliza la sanidad privada y el 70 por ciento restante, las clases populares (la clase trabajadora y la mayoría de las clases medias), utilizan los servicios públicos. Cualquier privatización, sea del grado que sea, empujará a las clases medias y trabajadoras a tener que pagar mucho más por acceder a los mismos servicios.
  Actualmente estamos viendo un resurgimiento de este debate público-privado, y poco a poco los gobiernos avanzan en el deterioro del sistema público con el objetivo de crear nuevos espacios de negocio para el sistema privado.
  Para justificar tales prácticas los gobiernos y los economistas liberales consideran que el sistema público es insostenible. Por ejemplo, se asume erróneamente que el usuario español abusa del sistema, tomando el elevado número de visitas sanitarias por habitante (nueve visitas) como ejemplo de este abuso (el promedio de la UE-15 es de seis visitas). Pero lo que no se dice es que, de estas nueve visitas, hay al menos tres que en otros países las atiende o bien una enfermera o bien un administrativo, y que en España en cambio las hace el médico. El médico está sobrecargado, pero ello no quiere decir que el usuario abuse, pues en otros países las enfermeras tienen mayor responsabilidad y los médicos tienen mayor apoyo administrativo. Además los que generan la demanda que ocasiona costes (farmacia, pruebas clínicas, intervenciones) no son los usuarios sino los médicos.
  Es decir, el sistema no es insostenible pero sí necesita reformas, aunque deben ser reformas que avancen en el fortalecimiento del sistema público y no en su deterioro o su desaparición.
La realidad es que la sanidad pública española está subfinanciada y quedan todavía áreas de servicios por cubrir, tales como los servicios de dentista.
  Por otra parte este bajo gasto sanitario se traduce en un sistema ineficiente. En general la sanidad privada puede ser mejor que la pública en la comodidad y la atención al paciente (una cama por habitación en las clínicas privadas, más tiempo de visita y menos tiempo en espera). En cambio la sanidad pública es mejor que la privada en la calidad del personal y de la tecnología e infraestructura médica.
  De hecho, en países de extenso desarrollo de la privada, como Estados Unidos, la evidencia muestra que la mortalidad es mayor en las instituciones sanitarias con afán de lucro que en las sin afán de lucro, lo que muestra el peligro que puede significar la mercantilización de la medicina. El afán de optimizar los beneficios puede entrar en conflicto con la calidad del servicio (lo cual ocurre por lo general, ahorrando en personal de enfermería y otro tipo de personal).
  Lo que se requiere, pues, es una sanidad pública multiclasista, que mantenga la calidad del personal y de la infraestructura y a la vez mejore de forma sustancial la atención y la comodidad del usuario. Pero ello requiere un gasto público mucho mayor que el actual.

Educación

  Lo mismo que ocurre en el caso de la sanidad pública sucede en la educación pública. Todos los alumnos que van a colegios o institutos públicos son potenciales clientes de los colegios o institutos privados, pero dejar de financiar la educación pública a los niveles recomendados por los organismos internacionales es profundamente antisocial, ya que las escuelas privadas atienden prioritariamente a los sectores de mayor renta y las escuelas públicas atienden a las clases populares.
  Los recortes de gasto público educativo acentuarán todavía más tal polarización educativa por clase social, dificultando la movilidad social, que es una de las más bajas de la UE-15, y debilitando así las bases de nuestra estructura productiva. En efecto, además de ser una estrategia que perjudica a los sectores de rentas más bajas y, por tanto, netamente injusta y desigual, el recorte del gasto en educación pública es muy perjudicial desde el punto de vista económico porque este limitado desarrollo implica una insuficiente inversión en el capital humano, que es un factor fundamental del crecimiento y de la competitividad. Porque, en contra de lo que indican los economistas neoliberales, las desigualdades dificultan la eficiencia educativa y económica.
  Vemos también que como ocurría en Sanidad la dicotomía privada/pública reproduce una polarización por clase social que no es ni justa ni eficiente. La mejor escuela en la UE-15, por ejemplo, es la finlandesa, tal como señalan los informes PISA sobre calidad de la educación. Ésta es una escuela multiclasista, donde el hijo del banquero y el hijo del empleado de la banca asisten al mismo colegio, una situación impensable en España. Pero consecuencia de ello es que el hijo del banquero en España está por detrás del empleado de la banca en Finlandia. En contra de lo que indican los economistas neoliberales las desigualdades dificultan la eficiencia educativa y económica.

Vivienda

  Otro bien de primera necesidad y derecho social que se ha venido considerando en nuestro país como un bien de lujo es la vivienda. Pero precisamente por permitir que la vivienda se considerara una mercancía más se ha podido gestar la burbuja inmobiliaria que tanto daño ha hecho a la economía española. El precio de las viviendas (por metro cuadrado) creció nada menos que un 106 por ciento desde que se estableció el euro, en 1999, hasta el 2007, mientras que los salarios nominales crecieron sólo un 8 por ciento, lo que refleja cómo sólo las rentas más adineradas se han permitido el lujo de adquirir viviendas en condiciones que no requerían la firma de un contrato abusivo con el banco.
  La solución pasa por considerar la vivienda como un bien de primera necesidad gestionado por el Estado, para lo cual es imprescindible que el sector público disponga de un excedente de viviendas que pueda ofrecer en alquiler a precios progresivos (en función de la renta de las familias), y eso lo puede conseguir utilizando el impresionante excedente de viviendas que tienen los bancos tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.
  Una manifestación especialmente vergonzosa del problema social al que lleva la insuficiente o mal orientada financiación de la vivienda es el incremento desmesurado de los desahucios que se producen y del número de familias que pierden sus viviendas en manos de bancos que, mientras tanto y con ayudas públicas, obtienen miles de millones de euros de beneficios.
  Según el Consejo Superior del Poder Judicial en el primer trimestre de 2011 hubo 15.491 desahucios, lo que supone una nueva cifra récord y un 36,9 por ciento más que en el mismo trimestre de 2010. Pero la Plataforma de Afectados Por la Hipoteca que está en contacto mucho más directo y real con este problema afirma que en muchos miles de casos más se produce "autodesahucio" porque las familias entregan las viviendas cuando ya no pueden más, o, aunque no haya orden judicial de lanzamiento, se produce el desalojo real que luego no reflejan las cifras oficiales de la Justicia. Lo que le lleva a estimar que en 2010 se registraron 93.000 desalojos de viviendas, cuando las cifras oficiales reflejaron 48.000. Y esa misma fuente estima que a mediados de 2011 podrían estar en curso un millón de expedientes de desahucio que se unirían a los 250.000 que se han
realizado desde el inicio de la crisis.
  En la mayoría de estos casos se puede producir, además, que las familias deban seguir pagando una parte de sus hipotecas puesto que el gran poder de los bancos se traduce en el establecimiento prácticamente unilateral de la tasación del valor de la vivienda.
  Frente a ello no es solución la simple aceptación de la dación de pago, que al fin y al cabo viene a significar la pérdida de la vivienda, sino el reconocimiento efectivo del derecho constitucional a disfrutar de ella. Para ello sería necesario crear, por el contrario, mecanismos de arbitraje que permitan establecer acuerdos de prórroga o reestructuración de la deuda hipotecaria, al estilo de los que existen en otros países europeos, con el fin primordial de que no se pierda el bien fundamental que es la vivienda y el derecho a habitarla.

Condiciones de trabajo

  Otra manifestación de nuestro subdesarrollo social es el empeoramiento de las condiciones de trabajo, con un aumento del porcentaje de trabajadores que indican estar estresados en el trabajo (el 52 por ciento de la población total en 2009). Lo que no sólo tiene que ver con el hecho de que los trabajadores españoles trabajan más horas al año (1.654 horas) que las de la media de los países de la OCDE (1.628 horas), sino también con la menor dotación de servicios de bienestar vinculados a la vida laboral y, por supuesto, con nuestro menor nivel de salarios.

Pensiones

  Al igual que pasa con la sanidad y con la educación, el sistema público de pensiones está en peligro como consecuencia de los ataques de los bancos y de las entidades financieras que buscan incrementar el negocio de sus planes de pensiones privados. Con el agravante de que tal ataque está siendo justificado por economistas neoliberales que continuamente recomiendan reformas profundas en el sistema para evitar su colapso a base de argumentaciones falsas. Se asume erróneamente que la evolución demográfica (el envejecimiento de la población) es el único factor que importa a la hora de valorar la sostenibilidad del sistema de pensiones cuando en realidad hay muchas otras variables que influyen en dicha sostenibilidad.
  En contra de las medidas que se vienen implantando y que simplemente persiguen reducir el gasto en pensiones públicas para así obligar a suscribir fondos privados de ahorro, y dado que la suficiencia financiera del sistema público depende también de los ingresos y no sólo de los gastos, se mejoraría su situación favoreciendo el aumento de la masa salarial y el de la población femenina ocupada, la distribución más igualitaria de la renta, el incremento de la productividad mejorando las condiciones laborales o la participación de los trabajadores en la empresa, combatiendo la economía sumergida y el fraude fiscal y laboral.2
  Sin olvidar que el aumento de la productividad implica un incremento muy notable de la riqueza del país. De la misma manera que ahora el 3 por ciento de la población adulta trabajando en agricultura produce lo que producía el 30 por ciento de la población agrícola hace cuarenta años, dentro de cuarenta años un porcentaje incluso menor producirá mucho más que el 3 por ciento actual. Pues el mismo símil se aplica al sostenimiento de las pensiones. Si hoy se necesitan tres personas para sostener a un pensionista (se necesitaban seis hace cuarenta años), es más que probable que en el futuro se necesiten menos trabajadores activos para sostener a los inactivos.
  Pero incluso aunque se aceptara, que no hay por qué, que el sistema no se puede sostener basado sólo en las cotizaciones de la población trabajadora, se podría recurrir a financiarlo mediante impuestos.

Dependencia y sector de cuidados (cuarto pilar del bienestar)

  Como hemos señalado, es el poder de clase es el que determina el subdesarrollo social de España al imponer una insuficiente financiación generalizada de la provisión de los bienes y servicios de bienestar colectivo. Pero donde este subdesarrollo es más acentuado es en aquellos sectores del Estado del Bienestar que afectan a las familias, que en España quiere decir a las mujeres.
  En España las escuelas de infancia para niños de 0 a 2 años y los servicios domiciliarios a personas con dependencia están muy poco desarrollados. Sólo el 10 por ciento de niños de 0 a 2 años van a escuelas de infancia públicas, en comparación con el 28 por ciento de la UE-15 o el 58 por ciento de Suecia. Y lo mismo ocurre en cuanto a los servicios de dependencia: en 2004 sólo un 2 por ciento de las personas con dependencia en España tenían atención garantizada al margen de la no retribuida que pudieran recibir (en la mayoría de las veces por las mujeres) de sus hogares, frente al 18 por ciento en la UE-15 y al 23 por ciento en Suecia.
  Este subdesarrollo tiene costes humanos, sociales y económicos extraordinarios.
  La insuficiente financiación de los servicios de cuidados y de los que pueden permitir la adecuada conciliación de la vida laboral y personal hace que las labores de cuidados recaigan en su mayoría sobre el hogar. Pero la escasa corresponsabilidad entre hombres y mujeres a la hora de hacerse cargo del trabajo doméstico y de cuidados hace que sean estas últimas las que sobre todo atiendan a los infantes, a los jóvenes y adolescentes que están en casa hasta que tienen 32 años como promedio, a las personas mayores y, en general, casi todas las tareas del hogar. Y el 52 por ciento de ellas además trabaja en el mercado laboral, todo lo cual tiene efectos muy negativos.
  En primer lugar genera sobrecarga de trabajo y mucho estrés. Las mujeres españolas tienen tres veces más enfermedades debidas al estrés que el hombre.
  En segundo lugar tiene también un coste social elevado: España tiene una de las fecundidades más bajas del mundo. Y ello es fácil de entender pues la mujer joven tiene difícil encontrar un puesto de trabajo que le permita tener acceso a una vivienda, condición necesaria para establecer una familia. Es más, no suele disponer de los servicios de ayuda a la familia que tienen otras mujeres europeas, como las francesas o las suecas.
  Finalmente también tiene un enorme coste económico. Si las mujeres en España tuvieran el mismo porcentaje de actividad en el mercado de trabajo que las mujeres suecas, en España habría 3 millones más de trabajadoras creando riqueza y pagando impuestos. De ahí la enorme importancia y exigencia de que se desarrolle el cuarto pilar del Estado del Bienestar para poder permitir la integración de las mujeres al mercado de trabajo. Esto es una inversión de una gran importancia para crear riqueza, mucho mayor, por cierto, que invertir en el AVE, pero, sin embargo, no existe conciencia de ello en los centros de decisión económica del país.
  Una buena prueba de esto último es que el mismo gobierno socialista que promulgó las Leyes de Dependencia e Igualdad las dejó casi desde el principio sin financiación suficiente, lo que creó una frustración importante, sobre todo en las comunidades gobernadas por el Partido Popular, en donde se realizaron recortes adicionales que prácticamente han impedido su puesta en marcha. Y también el hecho de que, cuando la crisis económica estalló, han sido precisamente las políticas de igualdad, e incluso el propio Ministerio que se creó como su buque insignia, las primeras que han visto mermar sus presupuestos. Así ocurrió con la ampliación del permiso de paternidad de dos a cuatro semanas que el Gobierno anuló a pesar de estar ya aprobado por ley.
  El Estado del Bienestar debería ser una cantera de creación de empleo. Hemos mostrado que si hubiera el porcentaje de personas adultas en el Estado del Bienestar que tiene Suecia, no habría desempleo en España. Pero para ello es necesario que el Estado del Bienestar se vea como una inversión fundamental para mejorar la calidad de vida, así como la eficiencia económica del país.




No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada